Fallas estructurales y problemas de orden administrativo, al decir de muchos, podrían ser el motivo del fallecimiento en Colombia de buena parte de las más de 67 mil personas por covid-19, lo cual estaría por demostrarse, sin que nada haya cambiado y todo siga igual o peor.
Hace varios meses el Ministerio de Salud anunció "victorioso" que la curva de contagios ya iba llegando a su punto de inflexión y pronto tendería a volverse plana, lo cual no resultó cierto.
El número de muertes de entre 100 y 150 diarias ha llegado a superar ahora las 300 por día.
Así mismo, la congestión de las Unidades de Cuidados Intensivos ocupadas en el 90% o más, representan un panorama azaroso el cual trata de justificarse con la aparición de un "nuevo pico" y de otras cepas del virus; sin embargo, y de ser así, con mayor razón, debería hacerse algo por resolver los cuellos de botella y mejorar el servicio de atención al público.
Es cierto que todos debemos colaborar y cumplir con las normas de profilaxis y demás protocolos de bioseguridad.
Igualmente, cualquier esfuerzo por aconductar a la población en tal sentido contribuye significativamente; pero si nos atenemos solo a eso, quedamos a expensas de lo que la gente buenamente haga o deje de hacer a pesar de los toques de queda y demás medidas restrictivas. No obstante, donde sí es más factible ejercer controles, sin bajar la guardia con lo anterior y obtener resultados, es efectuando evaluaciones, monitoreos, auditorías para asegurarnos del cumplimiento del deber de las instituciones que se desempeñan en este oficio.
Es indispensable y urgente mejorar la interventoría técnica (médica) de los contratos que firma el Estado con las EPS, la cual no solo debe corresponder a un control meramente contable sino de la calidad y oportunidad del servicio, al estilo de la supervisión que hace un ingeniero para asegurar la calidad y el cronograma de ejecución de su obra.
Se supone que es función de la Superintendencia de Salud, del INS como del mismo Ministerio en su conjunto, o de quién se diga que sea, pero parece no suceder, porque los hechos demuestran lo contrario.
Las EPS no solo demoran la realización de pruebas sino la entrega de resultados. Mientras tanto, si acaso se percatan del usuario, le recomiendan únicamente acetaminofén; pasan 15 días y debido a sus demoras si el afectado da positivo a covid-19 ya la enfermedad ha avanzado y poco queda por hacer. Además de diseminar la enfermedad por lo menos en su lugar de trabajo, y entre familiares y amigos creyendo ser una simple gripe. Y ni para que hablar de los asintomáticos.
Llegamos a creer que una vez iniciada la vacunación, el problema comenzaría a ceder y pronto volveríamos a la normalidad, pero los hechos también indican otra cosa.
No solamente ha habido improvisación y falta de planeación en la compra y suministro del biológico, pues ya se dijo que la segunda dosis no se va a aplicar en la fecha indicada o sea 28 a 30 días después de la primera, sino cuando fuere posible conseguirla, como si la reacción del aparato inmunológico del ser humano fuese tan flexible como para esperar indefinidamente sin que se afecte la eficacia de su función protectora contra el virus.
Mientras tanto, la población que aún sigue sin vacunar es muy grande, cuya única defensa se decía era su juventud, pero ha quedado plenamente demostrado que los menores de 60 años también se contagian y se mueren.
El laberinto es cada vez más complejo y puede volverse crítico si los efectos de la vacuna llegaren a ser adversos con el correr de los días en los ancianos vacunados, como ya ha sucedido en otros países, resultando peor el remedio que la enfermedad.
*Exgobernador del Tolima