Revolución normativa en Bogotá | El Nuevo Siglo
Viernes, 9 de Abril de 2021

* POT, Estatuto Orgánico y Región Metropolitana

* Reforma integral a la arquitectura institucional

 

Trascendental e inédito. Así se puede considerar el momentum normativo que está atravesando la capital del país. Incluso podría decirse que en las últimas dos o tres décadas la ciudad no registraba una coyuntura en la que las bases de su estructura administrativa, institucional, territorial, de sistema de gobierno y de modelo de gestión estuvieran en la antesala de una reforma tan profunda como la que está a punto de producirse o viabilizarse en Bogotá.

De un lado, el proyecto para darle a la ciudad un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) avanza a paso firme. La iniciativa ya está en revisión preliminar de la CAR Cundinamarca y en mayo comenzará la etapa definitiva de análisis en esa corporación autónoma regional. Luego irá, en julio, al Consejo Territorial de Planeación y quedará listo para ser radicado en el Concejo Distrital en agosto.

La importancia de este nuevo POT es muy alta. En primer lugar porque la ciudad tiene uno vigente hace casi dos décadas, pese a que deben ser renovados cada doce años. Es evidente, entonces, que están absolutamente desactualizadas - incluso caducas en una parte- las reglas para el uso del suelo, la urbanización, el modelo de desarrollo poblacional, las regulaciones de tipo ambiental así como la distribución de competencias para el manejo y regulación territorial en la capital del país. La normatividad vigente no responde a la realidad de la urbe hoy en día, tampoco a sus nuevas caracterizaciones políticas, económicas, sociales ni institucionales. Tampoco contemplan estrategias de largo plazo para enfrentar o mitigar amenazas que hace 20 años no asomaban con la gravedad actual, como el impacto del cambio climático, la escasez de suelo urbanizable, la invasión de los cerros orientales y otros nodos ecosistémicos, los altos niveles de contaminación, la desigual distribución poblacional y los cambios socioeconómicos producto del desarrollo desordenado de la urbe en muchos rubros de la oferta de bienes, productos y servicios.

En ese orden de ideas, contar con un nuevo POT es urgente para ordenar el modelo de desarrollo de la ciudad. Pero ese proceso que está adelantando la actual Administración Distrital tiene que complementarse e integrarse con otro no menos importante que se tramita en el Congreso. Se trata de la reforma al decreto 1421 de 1993 que contempla nada menos que el Estatuto Orgánico de Bogotá. Esta es una norma de tal importancia que no pocos expertos la consideran como una especie de ‘constitución’ capitalina, en la medida en que dispone la arquitectura administrativa y de gobierno de una ciudad que hoy tiene más de nueve millones de habitantes.

Al igual que lo que ocurre con el POT vigente, el Estatuto Orgánico está desactualizado y convertido en una especie de camisa de fuerza que impide llevar adelante las reformas que requiere una urbe que ya no tiene nada que ver con aquella de comienzos de la década de los noventa.

La bancada capitalina en la Cámara de Representantes presentó en 2019 el respectivo proyecto de reforma y ahora solo está a un debate en la plenaria del Senado para ser aprobado. Una vez en vigor, habrá vía libre para que Alcaldía y Concejo avancen en adecuaciones trascendentales como la reorganización del tamaño, número y hasta del aparato de gobierno, competencias funcionales y distribución presupuestal de las localidades. Para nadie es un secreto que la arquitectura de estas se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo citadino.

Pero la readecuación normativa estructural no termina allí. El año pasado, el Parlamento aprobó la reforma al artículo 325 de la Constitución, creando la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que constituye el avance institucional más definitivo en décadas para la integración efectiva de la capital del país con la región circundante que, para solo hacerse una idea de su peso a nivel nacional, concentra casi una cuarta parte del PIB colombiano y una quinta del total de la población. Falta por tramitar la respectiva ley reglamentaria pero ya el Distrito y la Gobernación están avanzando a pasos agigantados en la construcción integral y de largo aliento de la tantas veces prometida pero nunca concretada ciudad-región.

Como se ve, el POT, el Estatuto Orgánico y la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca están destinados a proyectar una ciudad moderna, eficiente, funcional, con una nueva arquitectura de gobierno, administración, autoridad y norte en todas sus políticas. Una completa e inédita revolución normativa que aunque muchos sectores de la ciudad no estén viendo ni valorando, es claro que debe redundar en proyectar a la urbe a la realidad de la tercera década del siglo XXI.