Por considerarla discriminación empresarial, que no responde al interés general y, sobre todo, que evidenciaría “los vínculos entre el gobierno del socialista Pedro Sánchez y el del venezolano Nicolás Maduro”, el rescate financiero otorgado a una pequeña aerolínea en España se ha convertido en un escándalo que vuela alto.
Se trata de Plus Ultra Líneas Aéreas, cuya flota es de 4 aviones con las que cubre cuatro destinos (enlaza a España únicamente con Venezuela, Ecuador, Perú) y que a principios de marzo el gobierno del socialista Sánchez le otorgó un préstamo de urgencia por 53 millones de euros (63 millones de dólares) por considerarla como "una aerolínea de nicho" y clave para proteger el hub del aeropuerto Barajas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo el rescate de Plus por el mencionado valor con un préstamo participativo por valor de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros, a través del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y previo al informe de viabilidad que presentó la firma de servicios profesionales PwC.
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El dinero desbloqueado por el gobierno español proviene de un fondo especial de 10.000 millones de euros (11.890 millones de dólares) para rescatar empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia del covid-19.
La rapidez con la que el gobierno de España aprobó el crédito a esta aerolínea (que desde su fundación, en 2011, ha operado a pérdida), el argumento de que es una empresa ‘estratégica’, la investigación que en Estados Unidos se ha abierto a socios de la misma por un presunto delito de blanqueo de capitales y el presunto favorecimiento a la aerolínea vinculada con Venezuela, llevó a que la oposición política, desde los conservadores del PP hasta los del ala más radical del partido (Vox) y los liberales de Ciudadanos llevaran sus dudas al Congreso y exigieran la conformación de una comisión parlamentaria para investigar el tema.
Argumentos
Los primeros en denunciar ese trato ‘estratégico’ a Plus Ultra fueron los populares, a través de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien sostuvo que “se ve que el rescate a la aerolínea responde a vínculos entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Maduro y no al interés general.
Tras la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, este martes, Gamarra aseguró que a través de las diferentes informaciones publicadas está "perfectamente demostrado" que no se trata de una empresa estratégica, pero que además "afecta a la competencia de otras empresas estratégicas" y que, además, puede tener relación con el blanqueo de capitales, haciendo referencia al proceso iniciado en Estados Unidos contra algunos de los socios de la novel aerolínea y alertando que “esa empresa puede tener capital que procede de esas operaciones".
"Cada día queda constatado y se demuestra que tiene más vínculos entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Maduro que lo que puede tener de estratégica para España y los españoles", dijo el portavoz conservador tras celebrar que dicha Cámara acogiera la solicitud de los populares de crear una comisión investigadora que entraría a operar una vez la junta de Portavoces cite al debate en el Pleno.
En el mismo sentido se había pronunciado el diputado de dicho partido, Antonio González Terol, quien calificó este como “un escándalo que va sumando nuevos detalles día a día y el gobierno sigue sin dar explicaciones (...)” y fue más allá al cuestionar no solo ¿Qué hay detrás de todo esto?", sino si dicho asunto tiene relación con el caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "el delcygate y las 40 maletas de Barajas", ocurrido hace un año y que, como se recordará por las sanciones impuestas la funcionaria no podía pisar suelo europeo.
González Terol también se preguntó si el tema tiene relación "con que haya en el Gobierno un partido como Podemos, que ha asesorado políticamente y recibido dinero por parte de la república bolivariana de Venezuela".
También dijo que no se ha explicado por qué se concedió una ayuda directa a Plus Ultra que le fue denegada por tres entidades vía crédito ICO y si fue aprobada por el Gobierno, un beneficio que según dijo “fue en detrimento de Air Europa e Iberia”, las otras dos aerolíneas españolas a las que recientemente se les negó operar en Venezuela.
En el mismo sentido se pronunció la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, al preguntar “¿Qué tiene de estratégico una aerolínea con cuatro destinos, con una cuota de mercado inferior al 0,1%, con pérdidas desde que se creó mucho antes del covid y que no está ni entre las 30 primeras aerolíneas de España?".
Para ella, al igual que para otros líderes de la oposición de derecha, la explicación hay que buscarla en la relación entre Caracas y Podemos, socio junior de gobierno de los socialistas en España. Una relación forjada por el trabajo de asesoramiento que algunos dirigentes de la izquierda radical española desempeñaron en el pasado en favor del chavismo.
Por su parte, la formación Vox ha exigido -al igual que el conjunto de la oposición- que ante las crecientes dudas sobre el reflote de Plus Ultra, comparezcan en el Congreso de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Concretamente, Vox pide cuentas por la nota verbal emitida por la Embajada de España en Caracas, publicada este lunes por el diario 'El Mundo', que busca dejar sin efecto una solicitud de autorización para cuatro vuelos humanitarios entre Madrid y la capital venezolana de Iberia y Air Europa.
Además de acusar al Gobierno de "beneficiar" a Plus Ultra para que "monopolice todo el tráfico aéreo entre España y Venezuela", Vox pide en una batería de preguntas al Gobierno las razones de esta anulación y la nota verbal previa en la que solicitaba las autorizaciones de estos vuelos.
Asimismo, pregunta por los motivos concretos por los que considera a Plus Ultra en mejores condiciones que Air Europa e Iberia para operar este tipo de vuelos, y si ha promovido un informe sobre el número de aviones y la capacidad de Plus Ultra para manejar toda la demanda de vuelos entre ambos países, así como proyecciones sobre la evolución a medio plazo en la ruta.
Por otro lado, esta formación exige la comparecencia de Montero para que explique qué mecanismos de control se van a aplicar en el seguimiento de la viabilidad de la aerolínea para asegurar la rentabilidad positiva y adecuada solvencia que permita al Estado recuperar los 53 millones de euros otorgados".
¿Más venezolana que española?
En medio de estas crecientes dudas, Vox agregó a comienzos de semana una más: ¿puede Plus Ultra operar en España si realmente la mayoría de su capital accionario es venezolano?
En este sentido preguntó al Gobierno de Sánchez aclarar si, como publica el periódico digital 'Vozpopuli', el 57% del capital de la aerolínea es venezolano. De ser cierto, no podría operar en España y menos haber sido beneficiada con el rescate.
Estas cifras se deducen de los últimos datos del registro mercantil, que a 31 de enero de 2020 detallan que la sociedad Snip Aviation cuenta con el 45% de Plus Ultra y de otro 11,47% a través de la sociedad FlySpain, ambas empresas propiedad de empresarios venezolanos.
El reglamento obliga a contar con más de la mitad accionaria comunitario para poder operar en la Unión Europea (UE), por lo que Vox pregunta al Gobierno cuántos accionistas de la compañía cuentan con doble nacionalidad y cuántos de ellos la han conseguido en los últimos tres años.
Por otro lado, también preguntan cuántas empresas solicitantes de apoyo financiero de la SEPI han visto rechazada su petición por ser consideradas extranjeras y a cuántas aerolíneas se les ha denegado licencia de explotación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en los últimos años por no contar con el mínimo capital comunitario.
Las anteriores son tan solo algunas de las preguntas que los partidos opositores plantean al gobierno de Pedro Sánchez y que deberá responder en próximos días, una vez inicien los debates de control político.