Un intenso debate jurídico se presentó este martes durante la audiencia de preclusión del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude y manipulación de testigos.
La diligencia, que se supone debía centrarse en el análisis de la petición de la Fiscalía para archivar la causa penal contra el exmandatario y exsenador, no avanzó a esa instancia dado que se terminó concentrando en definir las solicitudes de los abogados para reconocer como víctimas en el proceso a la médica Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, y el periodista Gonzalo Guillén. La discusión alrededor del asunto fue tan larga que la jueza 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, decidió suspendió la audiencia para analizar los argumentos de lado y lado.
De esta forma, el procedimiento judicial se aplazó para el próximo viernes, a las 9 de la mañana. Ese día lo primero a resolver será si se admiten o no a Gómez y Guillén como víctimas y luego sí se pasará al tema de fondo, es decir la preclusión o no del proceso al jefe natural del Centro Democrático.
Tanto Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, como el fiscal Gabriel Jaimes y el delegado de la Procuraduría consideraron que Gómez y Guillén no deben ser considerados víctimas del proceso, ya que son casos que podrían entrar en un nuevo expediente o ser analizados en procesos distintos.
Granados expuso que pretender otorgarles el reconocimiento de víctimas a estas dos personas podría ser una estrategia para torpedear el caso.
“No puede ser que convirtamos el proceso en un espectáculo por absoluta ausencia de soporte con el supuesto delito, hechos jurídicamente necesarios. No tiene nada que ver aquí el señor Gonzalo Guillén”, aseguró. Granados fue más allá y recordó que a raíz de este proceso y de su papel en él, también recibió amenazas, pero no por ello está buscando ser reconocido como víctima dentro del mismo.
A su turno Jaimes consideró que Gómez ni Guillén cumplen los parámetros que establece el Código de Procedimiento Penal para ser acreditados como víctimas y, por lo tanto, son improcedentes dichas solicitudes. Aseguró que la exesposa del condenado paramilitar Monsalve no tiene vínculos directos con los elementos jurídicamente relevantes dentro de este caso.
Señaló que Gómez no debe ser reconocida como testigo "porque de alguna manera presenció lo que ocurrió, pero nunca la conducta endilgada a Álvaro Uribe Vélez. No existe un vínculo. Es más un testigo circunstancial, pero no una víctima".
En cuanto a Guillén, la Fiscalía indicó que no tiene ninguna relación con el proceso. "La vinculación de Guillén dentro del expediente es tangencial, no fue testigo", precisó Jaimes.
Por su parte, la Procuraduría consideró que si bien los atentados, amenazas de muerte y la persecución laboral denunciadas por Gómez son graves, no tienen nada que ver con el proceso que se adelanta contra el expresidente.
Señaló también que las injurias de las que fue víctima el periodista Guillén deben ser investigadas dentro de un proceso diferente pero no en este.
En su intervención el abogado Miguel Ángel del Río le pidió a la jueza que se le otorgue protección a Gómez y a sus hijos, al considerar que su vida está en riesgo por las múltiples menciones que se publicaron recientemente en medios de comunicación. Además, dijo, en su cuenta de Twitter el expresidente Uribe le habría hecho una campaña de desprestigio al relacionarla con las Farc.
Por su parte, Roberto Mauricio Rodríguez, apoderado de Guillén, solicitó el reconocimiento de su cliente como víctima porque aparece mencionado en documentos de la Sala de Instrucción de la Corte, señalado como un sicario. Sostuvo, además, que el abogado Jaime Lombana (otro de los defensores de Uribe) dijo ante la Corte en el caso Uribe que Guillén era un periodista pago por el empresario Carlos Mattos.
Quedó pendiente la exposición de Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que, en el tema específico del análisis de la solicitud de preclusión, sostiene que la Fiscalía no investigó al procesado sino a los testigos.
Sobre la discusión inicial, Villalba señaló que sería un despropósito no reconocer a Gómez como víctima teniendo en cuenta que Monsalve es considerado dentro de ese proceso como el testigo estrella por la información que ha suministrado.
Aseguró además que es inconcebible que tanto la Fiscalía como la Procuraduría se hubiesen puesto de acuerdo a través de sus delegados para no garantizar los derechos humanos de la mujer que ha sido víctima de amenazas de muerte, atentados y persecución laboral.
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Villalba indicó que Gómez debe ser reconocida “porque es a raíz de esta investigación que ha sido víctima y sufrido los daños que nos expusieron”.
A su vez señaló que es consciente de las veces que fue afectado el buen nombre del periodista Guillén durante este proceso y por eso apoyó la solicitud.
Preclusión
Así las cosas, solo el viernes se podrá empezar a abordar el asunto de fondo sobre si se archiva o no este proceso. Como se sabe, Jaimes solicitó en marzo una audiencia ante un juez para archivar la investigación contra Uribe al determinar que las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al político y excongresista no tienen la característica de delito.
La Fiscalía argumentó la “atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”, informando que Jaimes hizo “el traslado del material probatorio, la evidencia física y la información legalmente obtenida desde el 3 de septiembre de 2020, fecha en la que asumió el proceso”.
Según precisó, los informes y los elementos recopilados en su investigación fueron entregados a Uribe y a su defensa, así como a quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados.
Una decisión de la juez a favor de Uribe podrá ser apelada por las personas consideradas víctimas en el proceso. Uribe también tiene la posibilidad de apelar el fallo si no le favorece.
El expresidente y varios de sus allegados son investigados por una presunta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado las acusaciones en su contra, declarándose inocente.
Como se recuerda, Uribe estuvo en detención domiciliaria desde septiembre pasado y recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza de control de garantías. Esto después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladara el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
Uribe había acusado en 2012 al senador Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles; pero en febrero de 2018, la Corte que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la Corte aseguró que, posterior a ese fallo, Uribe y allegados habrían tratado de sobornar a testigos e incurrir en fraude procesal, por lo que le abrió un proceso penal.