* ¿Acusación política o judicial?

* Un hecho sin antecedentes  

Como él mismo lo había anunciado, un gran jurado de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, acusó al expresidente Donald Trump de cargos relacionados con el pago ilegal para silenciar en el año 2016 a la estrella de cine porno Stormy Daniels.

Dado a lo largo de su vida, como empresario y como político, a las maquinaciones y a las maniobras, controvertido, locuaz, histriónico, beligerante, habilidoso, insolente y llevado de su parecer, Trump ha sido objeto persistente de escrutinio y ha tenido que enfrentar en numerosas oportunidades, y por diferentes motivos, al sistema judicial, hasta ahora con buenos resultados. También superó con éxito dos intentos de destitución por el Congreso. Esa buena fortuna podría llegar a su fin porque ahora es el primer presidente en la historia del país que debe enfrentar cargos criminales, aunque al parecer con testigos dudosos.  

Trump tendría que comparecer el próximo martes al tribunal para la lectura de la acusación que reposa por ahora en un sobre sellado. Solo hasta entonces se sabrá exactamente de qué se le acusa. Siguiendo los procedimientos será fotografiado y reseñado judicialmente, lo cual habrá de convertirse también en un espectáculo político. Y la justicia estadounidense comenzará a transitar un camino inédito, con resultados jurídicos y políticos a esta hora imprevisibles, pero seguramente de gran impacto.

Los hechos que motivan la actual acusación se remontan al año 2006 cuando Trump protagonizaba el programa de televisión El Aprendiz y entrevistó a Daniels. Diez años después, cuando él ya estaba en campaña para presidente, la mujer amenazó con llevar a medios que tuvo una aventura con Trump -él lo niega-, ante lo cual su abogado, Michael Cohen, pagó 130.000 dólares a la actriz para garantizar su silencio. Cohen ya fue juzgado y condenado a tres años de cárcel y cerca de 2 millones de dólares en multas por esos hechos y afirmó que obtuvo la suma de un préstamo con garantía hipotecaria y que después le fue reintegrado por la organización Trump. No obstante, al haber sido condenado, es fácil precaver que será tildado de mendaz y fraudulento por parte de la defensa del exmandatario. La otra testigo, Daniels, será también carne de cañón por parte de los abogados del expresidente, puesto que no en pocas oportunidades los medios la han descubierto mintiendo. En todo caso, Trump se verá envuelto en una gran tormenta política para esclarecer su conducta.

Richard Nixon por Watergate y Bill Clinton por el caso Mónica Lewinsky son los otros mandatarios que enfrentaron problemas con la justicia, aunque no de expresidentes sino estando en el poder. El primero sin consecuencias judiciales porque fue perdonado por su sucesor -luego de su dimisión- y Clinton porque suscribió un acuerdo para evitar el juicio, en el cual admitió que mintió bajo juramento, pagó una multa y renunció a su licencia de abogado.

El contenido más candente del proceso contra Trump estará, sin duda, en el terreno político porque ocurre precisamente cuando despega como candidato para las elecciones presidenciales de 2024. En su primera respuesta Trump clavó su banderilla y dijo con toda claridad que es un hecho sin antecedentes, que la acusación es una “cacería de brujas” y que el fiscal Alvin Bragg, a cargo del caso, “está haciendo el trabajo sucio de Joe Biden”.

Como era de esperar los asesores políticos de Trump ven en el caso una oportunidad para fortalecer su opción -lidera ampliamente las encuestas- y consolidar su aspiración porque lleva a los demás precandidatos republicanos a darle su respaldo frente a la justicia. De suyo, así lo han hecho y el partido Republicano ha cerrado filas en torno al expresidente en nuevo trance de reelección. Por ejemplo, el carismático precandidato y gobernador de Florida, de Santis, dijo que el fiscal es antiestadounidense y que está “estirando la ley para atacar a un oponente político”. El ex vicepresidente Mike Pence afirmó, a su turno, que la acusación a Trump es “un ultraje”. El exmandatario tendrá además una enorme exposición mediática y su equipo ya intensificó la recaudación de fondos.

A su vez, en el Congreso de Estados Unidos se instalaron tres comités en la Cámara de Representantes para investigar las acciones de Bragg contra Trump. Los demócratas hablan, por el contrario, de dejar que la justicia haga su trabajo sin presiones, intimidaciones ni interferencias. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, alentó a “dejar que el proceso evolucione pacíficamente”.

En definitiva, lo que está en juego en la política, el sistema judicial y las instituciones en Estados Unidos es si el caso se trata de una oscura persecución para obstruir las aspiraciones reelectorales de Trump o, por el contrario, de una manifestación de independencia y de justicia que se resume en que, en una de las democracias más antiguas y sólidas de la Tierra, nadie está por encima de la ley.