La conformación de “un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, le pedirá el exgobernador Sergio Fajardo al fiscal Francisco Barbosa, luego de conocerse que el exmandatario será acusado de presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda.

Tras conocerse la noticia, Fajardo se declaró “en espera que la Fiscalía me cite para entender la imputación”, anotando que está, “como siempre, listo para responder por mis actuaciones”.

Según la información suministrada por la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de la presunta participación de Fajardo en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se aclaró que por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento.

A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

El contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Fajardo se desempeñó como gobernador de Antioquia, siendo, en concepto de la fiscal del caso, además de jefe de la administración departamental, el ordenador del gasto, en calidad del cual firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito.

Para la Fiscalía, Fajardo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con ese contrato, que implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

La acusación se basaría, enunció la Fiscalía, en que los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial habrían puesto en evidencia que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera y que tampoco habría existido una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.

Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba $1.926. En 2015, su valor superaba los $3.140. En ese sentido, el escrito de acusación que será puesto a consideración de la justicia señala que la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, habría ascendido a un monto estimado de $320.000 millones.

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Para la fiscal del caso, esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de $600.000 millones a cerca de $1,2 billones.

Como ya se dijo, por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputará a Fajardo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.

El comunicado de la Fiscalía señaló que la investigación se inició en 2015.

Remezón político

Como era de esperarse la noticia implicó un remezón político, dado que se espera que Fajardo sea protagonista destacado de las elecciones presidenciales de 2022, como lo fue en 2018.

Uno de los primeros líderes políticos en pronunciarse fue precisamente uno de los principales contradictores de Fajardo, el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, quien manifestó que "a pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano".

"La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país", añadió.

Por su parte, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, calificó la decisión de la Fiscalía como peligrosa "para nuestra democracia" y agregó que "apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal que un delito".

Entre tanto, desde el Centro Democrático, el representante por Bogotá, Gabriel Santos, señaló que “siendo opuesto ideológicamente a Fajardo me parece una locura esta decisión. Impone un estándar legal (volatilidad de la moneda) que no existe en ninguna parte del mundo. Con entes de control así, no entiendo quién querría ser ordenador del gasto en este país (salvo los corruptos)”.

El también representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, tras aclarar que ha “tenido todas las diferencias del mundo” con Fajardo, consideró “que en la vida deben primar los principios en las posiciones que se toman y su imputación tiene todos los visos de un sicariato jurídico”.

Por supuesto, congresistas más cercanos, como el senador verde Iván Marulanda, también criticaron el anuncio. “La noticia del llamado de la Fiscalía a Sergio Fajardo, sin que yo sepa detalles me produce indignación. El poder político en Colombia es monstruoso, no creo en casualidades, utiliza cualquier medio para eliminar al contrincante. Sergio Fajardo es decente y como gobernante, recto”, trinó Marulanda.

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Mientras la representante verde Juanita Goebertus opinó que “lo grave de decisiones como esta no es solo la judicialización de la política, sino la pérdida de confianza en la administración de justicia”. Su copartidaria, la senadora Angélica Lozano, expresó que “como demócratas respetamos la institucionalidad, pero la decisión de la Fiscalía contra Fajardo por un contrato cambiario del 2013 es absurda, sin precedentes, interferencia en plena campaña política”.

De igual manera, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo criticó la decisión, anotando que "ahora resulta que la Fiscalía pretende que un gobernante sea adivino eficiente del futuro del dólar, lo cual ni Dios puede adivinar. Qué horror".

A su turno el concejal Carlos Fernando Galán, del movimiento Bogotá para la Gente, juzgó “absurda la imputación”, indicando que “se trata de una ignorancia preocupante por parte de la Fiscalía o de una acción con intención política en medio del inicio de la campaña. En este último caso demostraría el miedo que le tienen al centro”.

El exvicepresidente Humberto de la Calle tuiteó que “como demócratas respetamos la institucionalidad, pero la decisión de la Fiscalía” contra Fajardo “por un contrato de sustitución de deuda del 2013, genera serios interrogantes. Estamos seguros de que demostrará la transparencia de sus actuaciones”.