Durante los últimos 19 meses en el Congreso de la República viene avanzando la discusión sobre el proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de Bogotá, algo así como la ‘constitución’ de la capital del país y que por consiguiente determina el ordenamiento político-administrativo y financiero de la ciudad.
Este estatuto no se ha reformado en 28 años de existencia, y de alguna manera bastante equivalente a lo que ha pasado con el Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá se ha transformado en una ciudad completamente distinta a la que vio el nacimiento del Estatuto, aún vigente, y de ahí que su reforma sea más apremiante que nunca.
Dicho esto y a un último debate (en la plenaria del Senado) de terminar su discusión y estudio en el Congreso, es imperativo que la ciudadanía que vive la ciudad a diario no solo entienda lo que esta reforma implicará y el radical cambio que traerá, sino por qué debe ser un tema prioritario en la agenda pública una vez llegue al Concejo de Bogotá.
De todo lo que esta actualización implicará, podría decirse que lo que más ha despertado el interés ciudadano es cómo quedará la configuración de localidades.
Sobre este tema en específico, del documento del proyecto de Ley que está por entrar a su último debate, varias cosas ya están claras y una de ellas es que habrá una división de las localidades más grandes pero una duda transversal persiste: ¿bajo qué lógica debería hacerse esta reconfiguración política? ¿Por qué no considerar, por ejemplo, una división por distritos históricos o incluso, por qué no pensar el ordenamiento político de la ciudad bajo el concepto de Lauchlin Bernard Currie, que consolidó Misael Pastrana, de ciudades dentro de las ciudades?
EL NUEVO SIGLO habló con tres urbanistas, uno de los cuales es concejal de Bogotá y dos conclusiones son claras: la primera de ellas, que la división de localidades debería responder, ante todo, a los tamaños de población por temas de manejo.
Y la segunda, que si bien este es un ordenamiento político-administrativo y el Plan de Ordenamiento Territorial es, como lo indica su nombre, un ordenamiento pensado en función de la planeación y gestión territorial, ambas herramientas deberán dialogar y deberán compaginarse en armonía.
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Los detalles que conocemos del proyecto de ley
Del documento, tras el tránsito por el Congreso, se sabe: que del Concejo Distrital dependerá la denominación, límites y atribuciones administrativas de las localidades. También, que el tamaño de las localidades deberá ser distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de habitantes en cada una de ellas teniendo en cuenta criterios demográficos.
De igual forma, que la nueva distribución de las localidades en el Distrito Capital y la nueva distribución de los ediles de la ciudad entrarán en vigencia para el periodo constitucional 2024-2027.
Y por último, y tal vez en el sentido del cómo la más explícita, que el próximo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá actualizará la cantidad y los límites geográficos de las localidades del Distrito Capital.
Adicionalmente, el representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, es claro en decir que el nuevo Estatuto implicará una disolución de las denominadas “mega-localidades”.
“Buscamos tener localidades más homogéneas. Hoy tenemos mega-localidades como Suba, Kennedy y Engativá, en donde administrarlas a partir del diálogo ciudadano es prácticamente una utopía. Este nuevo Estatuto Orgánico plantea localidades con más recursos y con una mayor capacidad institucional. Ese es el objetivo esencial de este proyecto”, añadió el parlamentario.
Una lógica poblacional
Al hablar con varios expertos, es claro que la división de las localidades deberá pensarse, sobre todo, en función del tamaño de la población, y ninguna de ellas debería tener mas de 300.000 habitantes sin desconocer, claro está, los factores de tipo geográfico, social, territorial, cultural y económico.
Por ejemplo, de acuerdo con el profesor del programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, Diego Silva Ardila, sin lugar a dudas el componente demográfico es clave, pero la lógica también debe responder a una administración más eficiente del erario público.
“Las divisiones administrativas deben responder al “para qué” de una administración pública. Estas divisiones deben responder a los núcleos que pretende administrar la unidad de gobierno. Si a mí me pusieran esa tarea que le corresponderá al Concejo, evidentemente habría un componente poblacional y demográfico, en primer lugar, pensaría en función de los servicios y que esos servicios respondan a las necesidades ciudadanas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el profesor Silva Ardila.
No obstante, fue crítico frente a un hecho que plantea esta reforma al Estatuto Orgánico, con relación a aumentar en número las localidades de Bogotá bajo la lógica de homogenizar al conjunto de las mismas.
“Es equivocado pensar en términos de “homogenizar”. Bogotá no es ni debería tampoco ser homogénea. Si este Estatuto lo que pretende es hacer a la ciudad más homogénea, está partiendo de un error. Yo entiendo que como nos enseñaron que los cuadritos deben ser todos del mismo tamaño, entonces así se quiere dividir la ciudad porque genera cierto sentido de estabilidad, pero no es cierto que si los cuadritos son del mismo tamaño la ciudad se administrará mejor o será más equitativa”, precisó el urbanista del Rosario.
En esto coincidió el concejal de la Alianza Verde y experto en gestión urbana, Martín Rivera, quien expresó que esta bien que se revise cómo está organizado el territorio y la distribución político administrativa de Bogotá, pero con cautela.
“No está de mas que se dé una discusión profunda sobre la necesidad de facilitar el control y la administración de localidades tan grandes y complejas como por ejemplo Suba, pero pretender que vamos a homogenizar toda la ciudad es un error enorme. Esta, por fortuna, no es una ciudad igual ni por su escala, ni por su tamaño, ni por sus condiciones sociales y económicas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de la Alianza Verde y urbanista experto en gestión urbana, Martín Rivera. Agregó que estas dos herramientas van a tener que dialogar.
“Ninguna ciudad está condenada a la eternidad a estar ordenada de la misma forma. Es más, Bogotá hace algunos años no estaba organizada por localidades y el hecho de que unas sean grandes y otras sean pequeñas no lo hace desproporcional porque en el reparto de cargas se proporcionaliza. El territorio no es homogéneo, las ciudades no son homogéneas y los limites son imaginarios”, concluyó a este respecto el profesor Silva.
Diálogo con el POT
Ahora bien, en estos momentos Bogotá está a exactamente un mes de que la Secretaría de Planeación radique el Plan de Ordenamiento Territorial, en cuyo marco se propondrá dividir a la ciudad en 33 distritos que, hay que tenerlo claro, no reemplazarán de ninguna manera las 20 localidades de Bogotá, pero sí buscarán ser un instrumento de ordenamiento y planeación por encima de las 117 UPZ que tiene la capital.
“Parece que estos 33 distritos van a ser el eje central de la construcción del POT y van a dar los lineamientos de planeación de toda la ciudad. Entonces cada distrito tendrá equipamientos deportivos, culturales, educativos y comerciales etc. Y que tengan por lo menos una estación de transporte masivo. Esto facilitará la distribución de los usos del suelo y las densidades para poder garantizar ese principio de proximidad”, explicó el concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera.
Aclarando que estos nuevos distritos están pensados en función de la planeación y gestión urbana, y la nueva distribución de localidades está pensada en la organización político-administrativa, lo que significa que alude a las funciones de las alcaldías locales y el relacionamiento de las Juntas Administradoras Locales con la Alcaldía Mayor, de acuerdo con el concejal Rivera, estos dos documentos tendrán la obligación de dialogar.
“Esto puede generar mucha confusión en la ciudadanía en general y tendrá que ser muy pero muy claro. Por qué lo digo: porque si esto termina siendo la suma de un cambio en los instrumentos de gestión tanto político-administrativa y un cambio de planeación que se van por caminos separados, la confusión va a ser tremenda. ¿Por ejemplo, qué pasaría si un mismo distrito queda entre dos localidades? Eso sería un gallo enorme”, puntualizó el concejal Rivera, quien dijo que muy probablemente el POT servirá de guía para la configuración de las nuevas localidades.
“Esperemos que se presente y apruebe el Plan de Ordenamiento para conocer los detalles de los 33 distritos y sobre eso sí hacer la nueva propuesta político-administrativa para que no vaya a haber un cruce ni de funciones ni de autonomía. El POT nos facilitará mucho el trabajo”, finalizó Rivera.
En esto coincidió el ingeniero civil y asesor del Concejo de Bogotá en temas de movilidad y planeación territorial, Fernando Vela, quien además se refirió a un tema que demanda mucha atención y que, de articularse el POT con el ordenamiento de las localidades, podría solventarse.
Se trata de las evidentes dificultades que se presentan en las fronteras de las localidades, pues “parecen tierra de nadie porque estas mismas no se hacen cargo de sus bordes”.
“Teniendo en cuenta que el objetivo de los distritos es poder consolidar unos entornos de proximidad en donde se equilibren un poco mejor las dinámicas urbanas, asegurando una serie de equipamientos básicos para la población, sin duda la nueva división político-administrativa que trae la reforma al estatuto orgánico debe ser armónica con estos planteamientos. El POT y la nueva distribución de localidades no puede dar lugar a que existan estos espacios entre los distritos”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el ingeniero civil, Fernando Vela.
Recomendaciones al Concejo Distrital
Por último, dos recomendaciones quedan sobre la mesa para que se tengan en cuenta más adelante en el 2021 cuando se sancione la reforma al Estatuto Orgánico: La primera de ellas es si valdría la pena repensar un aumento de localidades en vez de mantener una división política de 20 áreas más proporcionadas, fundamentalmente por temas de burocracia.
“¿Por qué partir de hacer más localidades? ¿Por qué no pensar en una división de Bogotá en 20 áreas más equitativas? Sin desconocer el factor cultural, que por supuesto tendría que revisarse. Si lo que se está buscando es una mejor reorganización de la ciudad, eso se puede hacer con el mismo número de localidades (cada una quedaría con un promedio de 390.000 habitantes)”, precisó el profesor Silva, quien añadió que el historial de los alcaldes locales no es muy bueno y es, de acuerdo con él, “una de las razones que explicarían las carencias que tiene Bogotá”.
Y por último, el profesor Silva aludió a que la Constitución Política de Colombia estableció que el Congreso de la República debería pensar una ley de ordenamiento territorial para el país, y el legislativo se demoró 20 años en hacerla.
“Solamente hasta el 2011 tuvimos esa ley. Si hay una instrucción para que el Consejo se encargue de esta reforma, hay que ver cuánto tiempo nos demoramos en definir los nuevos límites y esperar que no tome mucho tiempo”, finalizó su reflexión el profesor.
Este es un llamado apremiante, pues el decreto 1421 de 1993 no es una norma más. Por el contrario, se le considera una de las legislaciones más importantes del conjunto normativo colombiano y cualquier reforma a este decreto implica una modificación de amplias proporciones, pues acarrea implicaciones en el ordenamiento político, económico, administrativo, financiero y de otros frentes clave para el manejo de la ciudad.