Se requieren $16 billones y el Gobierno va por $30,5 billones | El Nuevo Siglo
LAS ALTAS pretensiones del Gobierno con la tributaria, contrastan con la situación económica que vive el país por la covid-19. /ENS
Foto montaje El Nuevo Siglo
Domingo, 28 de Marzo de 2021
Redacción Economía

La reforma tributaria que impulsa el Gobierno con el nombre de ‘Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible’, busca en concreto un recaudo adicional de $25,4 billones, aunque sus pretensiones son alcanzar los $30,5 billones (3% del Producto Interno Bruto, PIB).

Sin embargo, cuando el Ejecutivo comenzó a hacer cuentas y a ver la posibilidad del proyecto, sus cálculos eran buscar 1,5% del PIB, es decir $16 billones mal contados. Pero esa suma se fue diluyendo a medida que se iban conociendo las necesidades para atender la emergencia sanitaria y el alto endeudamiento del país.



Si bien hay un importante componente del IVA, el mayor peso estará en las personas, a través de los cambios en el impuesto de renta, en los dividendos, en el impuesto al patrimonio, que se mantendría y cuya tarifa subiría a 3%, al igual que en los impuestos a las pensiones.

Según el documento que presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla a los empresarios, de estos $25,4 billones, $16,8 billones lo deben aportar las personas, mientras que por el IVA llegarían $10,5 billones y por los impuestos a las empresas, básicamente en las más grandes, se buscan $3 billones.

Si bien estos rubros suman $30,5 billones, hay que descontar $5,1 billones correspondientes a un saldo negativo de incremento en el Sistema General de Participaciones, toda vez que hay una mayor presión de distribución de este rubro.

Reparto

Con este total de recursos, el Gobierno va a destinar $7,6 billones al año para el Ingreso Solidario, $0,4 billones a los programas de primer empleo, matrícula cero, fondo de IVA, otros $1,5 billones anuales para compensar el IVA a la población más pobre, subiendo su rango al 40% del total de habitantes del país y llegando a 4,7 millones de hogares, en tanto que $15,9 billones corresponden al pago de deudas, rubro que tuvo que incrementarse para atender el impacto de la pandemia de la covid-19.

Pese a estos objetivos, las pretensiones del Gobierno parece que son muy ambiciosas, sobre todo en este momento en que la olla está raspada.

Felipe Klein, economista de BNP Paribas, advierte que “en el Congreso a menudo suavizan las reformas”, por lo que el objetivo de 2% del PIB no se alcanzaría. Destaca, por su parte, que una reforma en 2021 podría terminar en “agitación social”.

Klein sostiene que la reforma tributaria que plantea pasar el Gobierno Nacional por el Congreso de la República es necesaria, pero no suficiente.

“Esperamos que el Gobierno apruebe la reforma, pero creemos que subirá las rentas por debajo de su objetivo del 2% del PIB”, dice Klein. El economista destaca que la urgencia de un ajuste fiscal obedece a que se debe garantizar la sostenibilidad de deuda a mediano plazo, así como cubrir los mayores gastos que se han ejecutado por la coyuntura.

El analista cree que la reforma pasará por el Congreso, pues “Colombia tiene una larga trayectoria de aprobación de reformas fiscales (alrededor de una cada dos años desde 1990)”. No obstante, dice, “en el Congreso a menudo suavizan las reformas”.

Argumentos

El argumento del economista se debe a que, según un estudio de Fedesarrollo, Colombia no ha logrado subir las rentas más allá del 0,7% del PIB con sus reformas tributarias recientes. “Las acechantes elecciones legislativas y presidenciales (programadas para marzo y mayo de 2022, respectivamente) probablemente no se la pongan fácil al presidente Iván Duque”.



Sin duda destaca la propuesta de una reforma fiscal que incluirá medidas poco populares. El economista del BNP Paribas concluye que “Alberto Carrasquilla ha insinuado que la reforma tributaria quitará las exenciones del IVA, que en 2019 equivalían al 7% del PIB.

Con estas proyecciones, se estima que, si bien no se alcanzará el objetivo de recaudar el 2% con la próxima tributaria, las calificadoras de riesgo podrían mantener el grado de inversión de Colombia”.

Oportunidad

Por su parte, la experta en impuestos, Margarita Salas, socia de Impuestos de EY Colombia, dijo a EL NUEVO SIGLO, sobre la oportunidad de la reforma tributaria que “en este momento necesitamos medidas que dinamicen la economía, no que la contengan y realmente esto cae muy mal en los contribuyentes, sobre todo sobre los formales, que son quienes finalmente terminan pagando una mayor tributación”.

Asegura que “en este momento la dirección debe atender la economía, el desarrollo económico, ayudar a tomar impulso para poder subsanar este momento tan complicado como son los efectos de la pandemia, pero también es un momento que se dote al país de mayor competitividad”.

Por su parte, el experto economista César Ferrari, Ph.D. en economía y profesor titular de la Universidad Javeriana, señala que, en una reforma, “lo sensato es que la tributación tenga como base los impuestos al patrimonio y a los ingresos de las personas naturales, que sus tasas sean crecientes, y que el impuesto a la renta personal grave con la misma tasa los rendimientos del capital y del trabajo”.

Sostiene que este no es el caso de Colombia. “Según el Marco Fiscal 2020, en el 2019 los impuestos indirectos representaron 53,3% del total y los directos el 46,7%. A su vez, los impuestos a las herencias y a las utilidades distribuidas por las empresas tienen una tasa de 10%, menor que las tasas sobre los otros ingresos personales”, asegura.

Dividendos

Al mismo tiempo, el experto indica en su análisis, que “los impuestos elevados a los dividendos elevan las tasas de ahorro y de inversión de la sociedad, que a su vez son cruciales para el crecimiento económico. Si la tasa de ese impuesto es mayor que la que pagan las empresas por impuesto a la renta, estas preferirían no distribuir dividendos, que se destinan al consumo, y en su lugar reinvertirlos para expandir su capacidad de producción”

Con los problemas señalados, sería más sensato adoptar un sistema donde el IVA sobre los bienes excluidos, se imputaría en la declaración de renta de los hogares más ricos (deciles 9 y 10 de la distribución del ingreso), con una tarifa del 19%, así “se aumentaría el recaudo al 2,7% del PIB al año y se reduciría el índice Gini de 0,5438 a 0,5144”.

Sostiene que es evidente que en Colombia se tributa poco e inequitativamente. Como consecuencia, no se garantizan los derechos fundamentales ni la infraestructura que necesita el país para su desarrollo.

“Supongamos que, para atender estas necesidades, inicialmente se aumenta el gasto del Estado de épocas normales en un 5% del PIB. ¿De dónde saldrían los recursos? De los impuestos a los ingresos y patrimonios de las personas naturales”, dice.

Manifiesta Ferrari que “supongamos que aumenta la tasa del impuesto a los dividendos de 10% a 40%. A partir de las cifras del Marco Fiscal 2020, el recaudo por impuesto a la renta aumentaría de 6,4% a 11% del PIB, es decir 4,6 puntos porcentuales. La cuestión por resolver no es entonces económica ni financiera. Es una decisión política”.