“Reconocemos que el documento denominado ‘Bases del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2022–2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida’ fue formulado desde un enfoque de derechos humanos y eso a la Defensoría del Pueblo le genera una gran expectativa para que, en realidad, haya una materialización de los derechos de la población más vulnerable del país”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
A propósito de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, el Defensor del Pueblo destacó la gran apuesta al crecimiento de las regiones a través de la creación de Modelos de Desarrollo Supramunicipales que integran lo rural y lo urbano y la reestructuración del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación.
“Pueden surgir problemas en la implementación de la política relacionados con el nivel de ingreso actual de las regiones, las posibilidades de las regiones más rezagadas para ser más competitivas, aumentar su productividad y diversificarse en el largo plazo. Es importante no dejar ninguna región atrás e impedir que se rezaguen”, aseguró.
De otro lado, en cuanto a las medidas de prevención y protección de las mujeres, aunque en la sección uno del título VII se resalta a “las mujeres como potencia del cambio”, la Defensoría del Pueblo sugiere que se desarrollen acciones concretas en materia de prevención y protección de las violencias que enfrentan las mujeres en su diversidad y tener en cuenta los diferentes roles que desempeñan.
Además, la Defensoría del Pueblo pone en alerta en que no hay una política pública en materia de trata de personas. Es necesario que se implementen acciones intersectoriales, implementando enfoques como el de derechos humanos, el de género, el territorial y el migratorio, entre otros. Por eso, se sugiere incluir la definición e implementación de la evaluación de una Política Pública Integral de Lucha contra la Trata de Personas, la cual tenga como base los ejes y enfoques establecidos en el Decreto 1818 de 2020, por medio del cual se adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024.
En otro de los temas, el Defensor del Pueblo enfatizó en la necesidad de que se haga claridad en la destinación de recursos, la condición de disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto en programas como el sistema de transferencias y la creación del programa de renta ciudadana y de ‘hambre cero’, que tienen como objetivo la erradicación de la pobreza extrema. El riesgo se materializa en la destinación de recursos para programas que podrían no ser efectivos.
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Para el derecho a la alimentación, la Defensoría del Pueblo acompaña la iniciativa de consagrarlo explícitamente como un ‘derecho humano a la alimentación’, para que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada a través de tres pilares: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. En este tema, se deben tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento inmediato y otras de realización progresiva.
Otro aspecto importante es el derecho a una vivienda digna, del cual en el PND se busca la consolidación de un hábitat integral, reduciendo las amplias brechas sociales y económicas existentes y persistentes entre los hogares y las regiones del país. Una de las problemáticas es que se requieren grandes esfuerzos económicos, presupuestales, legislativos, de formulación e implementación de políticas públicas efectivas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable.
Respecto al derecho a la educación, dentro de las bases del Plan se enuncia la Educación de calidad para reducir la desigualdad. Resaltamos la importancia de la iniciativa enunciada en el artículo 27 del Proyecto de Ley al reconocer la educación superior como un derecho fundamental progresivo para la realización humana y la apuesta por una política integral de alivios e incentivos para los deudores del ICETEX; sin embargo, el avance en estas iniciativas dependerá su cobertura de la disponibilidad presupuestal.
También es urgente que haya un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, durante todo el año escolar, incluidos los periodos de receso académico, con modelos de operación diferencial, pertinencia territorial y enfoque étnico. Sin embargo, la Defensoría ve con preocupación que no se enuncia la ampliación de las fuentes de financiación que permita establecer sus sostenibilidad y avances en la cobertura.
Y, en materia de transporte, es un aspecto positivo que se anuncie un plan de transformación de la infraestructura nacional, para aumentar la competitividad de la industria colombiana; sin embargo, se debe de tener en cuenta que para su desarrollo se requerirá fijar procedimientos y presupuesto suficiente para ejecutar las obras de infraestructura, lo cual no se menciona en detalle en el PND.
El Plan se estructura en cinco transformaciones: Ordenamiento territorial alrededor del agua (28,8 billones de pesos); seguridad humana y justicia social (743,7 billones de pesos); seguridad alimentaria (46,1 billones de pesos); transformación energética y acción climática (114,4 billones de pesos); convergencia regional (138,4 billones de pesos) y estabilidad fiscal (84 billones de pesos), lo cual le costaría al país alrededor de 1.154 billones de pesos.
“Teniendo en cuenta la extensión de las acciones planteadas en el PND, sobre todo por el contenido de las ‘Bases’, es importante contemplar riesgos asociados a la sostenibilidad financiera de este plan. La producción de políticas públicas para alcanzar los diferentes propósitos del plan debe suponer la existencia de recursos suficientes para su ejecución”, concluyó Carlos Camargo Assis.