En la recta del proceso electoral del próximo 29 de octubre, donde cerca de 120 mil ciudadanos serán los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, los gobernadores del país, anunciaron su preocupación por la seguridad en las próximas elecciones.
En efecto, en la pasada cumbre llevada a cabo en la bella ciudad de Armenia, el presidente de la Federación de Departamentos y gobernador de Quindío, señaló que “dadas las actuales condiciones de seguridad, las elecciones regionales pueden verse vulneradas o aplazadas, lo que nos devolvería al año 2002”. Estas advertencias fueron secundadas por otros mandatarios, que, inclusive, denunciaron amenazas a su integridad.
Históricamente las elecciones regionales se han caracterizado por una alta carga de pugnacidad política y violencia contra los diferentes actores políticos. Los mapas de riesgos evidencian que si bien el proceso de paz con las Farc ayudó a desescalar, en cierta medida, la violencia política en algunas regiones, los niveles de riesgo alto y extremo se mantienen en gran parte de estos municipios, lo que refleja que la situación no fue exclusiva del conflicto con ese grupo subversivo. De hecho, según la Misión de Observación Electoral, 39 municipios de Colombia han mantenido un nivel de riesgo consolidado entre 2007 y 2019, es decir, una constante violencia durante todo este período.
En la actualidad pareciera que nos encontramos con un diagnóstico muy semejante al del 2019 cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones territoriales. Las circunstancias actuales de conflicto en el país y los antecedentes históricos, evidencia que hay que tener especial atención en regiones como el Urabá Antioqueño, el Catatumbo, el Pacífico, Arauca y el sur oriente del país, entre otras.
Otro elemento que debe valorarse con sumo cuidado tiene que ver con la clara intención de las bandas criminales, hoy llamadas estructuras armadas de crimen de alto impacto, de convertirse en actores políticos. Si bien, la ley de sometimiento a la justicia no les otorga tal estatus -entre otras razones porque no cumplen los estándares para dicha calificación- las autoridades deben estar muy atentas para evitar que cumplan ese propósito en las próximas elecciones territoriales. Así las cosas, es fácil deducir que buscarán por todos los medios postular candidatos a los diferentes cargos de elección popular, con el fin de ir ganando representatividad política.
Nada más nefasto para nuestra democracia que aquella situación en la que los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos políticos, y, en especial, el voto libre. Ello sin dejar de lado que -como lo vienen señalando algunos mandatarios- existen ciertas zonas del país donde pareciera que será difícil hacer proselitismo político y mucho menos, postular candidatos que no sean del afecto de los grupos al margen de la ley.
El Gobierno viene señalando que la fuerza pública debe actuar con contundencia para garantizar unas elecciones transparentes y libres en todo el territorio nacional, y esto es una buena noticia. Por tanto, debe ponerse en alerta máxima a todas las entidades del estado, pues, nada más y nada menos, está en juego la democracia colombiana. Urge convocar la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, de manera que las organizaciones políticas adviertan los hechos de riesgo que sean de su conocimiento y se adopten las medidas preventivas que sean del caso. No se trata de una responsabilidad exclusiva del Gobierno, todo el Estado en su conjunto, debe actuar unido en la defensa del proceso electoral que se avecina.