‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Esta frase que ha hecho carrera en el establecimiento político y económico del país en los últimos años, parece hoy repetirse con lo que está sucediendo con el proyecto sobre la reforma a la salud.
Pese a que el presidente Gustavo Petro dijo el sábado pasado que el 95% del articulado ya estaba concertado con los partidos políticos, y que la ministra de Salud, Carolina Corcho, manifestó desde Cúcuta que existía un consenso, lo cierto es al interior de las colectividades que tienen bancadas en el Congreso, como partido Liberal, el partido Conservador y el partido de la U, dicen que todavía falta establecer puntos claros y definidos para poder presentar la ponencia a partir de esta semana.
Las principales dudas de los partidos, giran en torno a que se dé claridad sobre qué va a pasar con las EPS, el manejo de los recursos de la salud y cómo se van a establecer en los municipios los Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps).
El pasado fin de semana, varios hechos se presentaron sobre el rumbo de la reforma, pero tampoco dieron claridad. El sábado, desde República Dominica, el presidente Gustavo Petro, quien asistía a la Cumbre Iberoamericana, dijo “hoy les puedo decir que en un 95% está acordada. Quedan unos temas”-
Más diálogos
Asimismo, desde Cúcuta, donde se reunió la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que ya estaban cerca del consenso: “en los últimos días ha dialogado con miembros de la sociedad civil, con miras a llegar a acuerdos en cuanto a la propuesta de la reforma a la salud. Se han sostenido reuniones con los partidos políticos de la coalición de Gobierno y con personas que piensan muy distinto a nosotros, para entregarle una propuesta a la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que finalmente es la que decide".
En la audiencia, a la que asistieron además presidentes nacionales de las EPS, IPS privadas, representantes de diversas organizaciones médicas, universidades, organizaciones sindicales, universidades norte santandereanas y ciudadanos en general, la ministra enfatizó que el 50 % de los pasivos de los hospitales públicos serán asumidos por el Estado colombiano como una manera de resarcir y reparar los daños sufridos durante las últimas tres décadas al sistema de salud. “Un equivalente a cerca de $3.5 billones entrarían a los hospitales públicos para reposición, reformas y dotaciones y poder así equilibrar el servicio de salud a 17 millones de colombianos”, sostuvo.
En ese mismo escenario de Cúcuta, se escucharon varias voces en contra de la Reforma a la Salud.
El fondo
Carmen Eugenia Dávila, directora Gestarsalud aseguró que “estamos hoy en un modelo de seguridad social, lo que se está planteando en el fondo es un sistema Nacional de salud estatizado es un modelo disperso en las funciones que hoy ejerce la EPS como único articulador, se dispersan esas funciones y creemos que esa desarticulación va en contra de los usuarios”.
Señaló la directiva que “estamos convencidos que con ese arreglo que se ha planteado, se empeoraría el servicio de salud, hay riesgos grandes frente a la continuidad de los tratamientos, a la articulación de los servicios; no obstante, sabemos en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto y confiamos en que la democracia opere en el seno del congreso”.
Indicó que “confiamos que se escuchen las voces, el Congreso de la República ha dado garantía de que se expresen en escenarios como en el que estamos y se traduzcan en textos y medidas concretas, dentro de la ponencia que los próximos días deberán en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”.
Los partidos
Sin embargo, en los últimos días y debido a las modificaciones que han solicitado algunos de los partidos que pertenecen a la coalición del gobierno, han surgido demoras con respecto al avance del proyecto. Más que nada esto se ha presentado por las diferencias que han tenido algunos de los delegados del Partido de la U, Conservador y Liberal, que llegaron a amenazar con levantarse de la mesa.
Se conoció que el sábado se presentó un nuevo encuentro entre el expresidente Cesar Gaviria, la exgobernadora Dilian Francisca Toro y el senador Efraín Cepeda para analizar los avances de los diálogos con la ministra de Salud, Carolina Corcho.
La reunión, que fue virtual, llegó a una conclusión: de los 20 puntos que presentaron hace unas semanas los presidentes de estos tres partidos de la Coalición del Gobierno, habría 5 puntos con los que no hay acuerdo y que el Gobierno insiste deben ir en la reforma. Entre ellos los fondos regionales y la temporalidad de las Gestoras de Salud y Vida.
Los presidentes de las tres colectividades también habrían terminado el diálogo con el Ministerio de Salud mientras se analizan los puntos ‘inamovibles’ con el presidente Petro y se busca un consenso de cara a la ponencia de primer debate.
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Por ello ya están redactando un nuevo documento en mano de los técnicos de los partidos quienes deberán entregarlo a más tardar hoy y hacerlo llegar a la Presidencia.
Sin embargo, tanto Cepeda, Gaviria y Toro están seguros que si el Gobierno no cede en esos 5 puntos, los partidos se retirarían de la mesa y no habría apoyo a la reforma del gobierno y se dejaría la puerta abierta a un proyecto de ley propio que se radicaría como ley estatutaria en la comisión primera.
Las críticas de la Procuraduría
Para completar la incertidumbre con la reforma a la Salud, el gobierno debe atender los reclamos de la Procuraduría General.
La procuradora, Margarita Cabello alertó a los entes territoriales sobre las graves afectaciones que sufrirán con la reforma a la salud, al tener que asumir gran parte de las responsabilidades que hoy están en manos de las EPS.
La pregunta que surge desde la Procuraduría es ¿realmente los entes territoriales están capacitados para responder por el sistema de salud en su jurisdicción?
La funcionaria advirtió que alcaldías y gobernaciones asumirían toda la gestión del riesgo en salud en sus territorios y terminarían siendo los responsables de la atención primaria lo que conlleva, además de coordinar la gestión de todos los actores, asumir el riesgo colectivo, enfrentarse a las múltiples acciones de tutela y a las dificultades que impone asumir estas competencias con recursos centralizados.
La jefe del Ministerio Público hizo un llamado a la prudencia y a reconocer e identificar las capacidades reales con las que cuenta hoy el Estado, incluso desde el nivel descentralizado, y mirar si realmente se debe abandonar completamente este modelo de salud que, con más de 30 años de desarrollo, ha llegado a una cobertura cercana al 99%.
En líneas generales, el ministerio público critica fuertemente el modelo planteado, categorizándolo como ‘experimental’, ya que “traslada la administración, articulación y gestión del riesgo de la salud y financiero, es decir el concepto de aseguramiento en salud hoy a cargo de las EPS, a instancias como las Secretarías de Salud, los Centros de Atención Primaria en Salud, las Redes Integradas e Integrales de salud, las clínicas y hospitales, con responsabilidades compartidas, sin claridad en los roles, sin reglas claras de interacción” y tampoco hay instancias de coordinación entre los actores sectoriales.