* Crónica de un fracaso anunciado
*¿Para cuándo la circunscripción nacional?
El hundimiento de la reforma política ocurrido esta semana estaba cantado desde un principio en el Congreso. En efecto, la supuesta reforma, cuya autoría principal era del gobierno de Gustavo Petro y sus operadores políticos más avezados, era un Frankenstein que no tenía pies ni cabeza, promulgaba el transfuguismo dizque como fórmula redentora y desvertebraba lo poco que había logrado la Constitución de 1991 en la idea de hacer de la actividad parlamentaria una labor exclusiva frente a las tentaciones ministeriales y otras lindezas a las que se pretendía dar curso.
Con ello, por supuesto, el Gobierno se anota un fracaso, puesto que la primera promesa de la campaña presidencial había sido la de llevar a cabo la limpieza de la política y un mejoramiento de los contenidos democráticos del país. Pero, a decir verdad, faltó liderazgo, capacidad de concertación, sindéresis y el entendimiento de que un tema de semejante calibre requería de una dedicación de primer orden, con un debate público de altísimo nivel que aglutinara la mayor cantidad de voluntad política posible. No deja, pues, de sorprender que un proyecto de esa magnitud hubiera sido tratado como una colcha de retazos, además un poco furtivamente, como lanzando el anzuelo para ver qué podría salir a la larga de esa pesca improvisada y supuestamente milagrosa.
De hecho, la fallida iniciativa adolecía de antemano de reformar uno de los aspectos que más han traumatizado la democracia representativa en Colombia. Se trata, como lo hemos reiterado en infinidad de oportunidades, de la figura de la circunscripción nacional por medio de la cual se eligen a los senadores desde 1991.
Efectivamente, ese mecanismo, por medio del cual los aspirantes a la máxima corporación legislativa son elegidos por la totalidad de votantes del país, tuvo la intención de replicar el método de escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente. La idea era de la de romper los llamados cacicazgos regionales, pero estos se mantuvieron, logrando influencia electoral, no ya en sus respectivas localidades, sino por fuera de ellas. De este modo, bajo un supuesto influjo nacional, los “caciques” trascendieron a otros departamentos y de tal manera, en vez de buscar solidaridades en torno de unos programas y unas ideas, obtuvieron hacerse a unas bolsas electorales más allá de sus propias comarcas. Así, de una parte, los costos de las campañas parlamentarias alcanzaron cifras colosales, promoviendo la corrupción y, de otra, muchos departamentos se quedaron sin una representación efectiva.
El día en que en verdad se pretenda una reforma política en Colombia habrá que comenzar, pues, por derruir ese monstruo de mil cabezas, denominado circunscripción nacional, cuyos efectos perversos han dejado por el piso a la democracia representativa de la nación, impidiendo el trámite adecuado de la política y la legislación a través de la representatividad regional en las más altas instancias decisorias de la rama Legislativa, y fomentando la corrupción y el clientelismo de una manera inconsecuente frente a lo que se pretendía. En tal sentido, lo que se necesita es volver a escuchar la voz de las regiones, con base en las circunscripciones senatoriales departamentales, y abaratar los costos de las campañas, en vez de obligar a los aspirantes al Senado a adquirir un carácter nacional que, en realidad, nunca han tenido y que más bien parece una mentira constitucional.
De suyo, tal vez sea el Senado colombiano la única corporación legislativa en el orbe cuyos componentes no representan a los territorios que configuran la nación. En esa medida lo que existe es una entelequia que no se compadece con la realidad. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato porque la circunscripción nacional se ha convertido en una fórmula inamovible y acomodaticia de un sistema que ni siquiera atina a autodefinirse y en buena medida desdice del país de regiones que es Colombia, precisamente evitando el origen y escrutinio regional.
De nada vale, entonces, discutir por ejemplo la financiación exclusivamente estatal de las campañas, cuando estas se han encarecido del tal modo justamente por un régimen senatorial que ha roto el saco y cuando se pretendía seguir desfondando los recursos públicos sin ninguna rendición de cuentas. Primero, antes de discutir esas financiaciones deberían fijarse los costos de la política y si el sistema procede en beneficio de los canales democráticos verdaderos.
En tanto, por fortuna, se cayó ese adefesio de reforma que pretendía fracturar la dedicación laboral exclusiva de los parlamentarios, adoptando una puerta giratoria con las entidades públicas, comprometiendo la independencia pretendida en la Constitución. No había en ello sino un ánimo de satisfacer apetencias burocráticas de quienes ya estaban listos a cobrar un puesto en el gabinete petrista, después de los favores hechos en el Congreso.
Desde luego, tanto fue el exabrupto generalizado que todo se vino a pique, básicamente por las confusiones conceptuales de que hicieron gala los principales operadores políticos del petrismo y de tanto ademán y charlatanería. En suma, esa fallida reforma no obedeció sino al tinglado de los intereses creados. Y por eso nadie lamenta su fracaso y hundimiento, porque era pasar de Guatemala a Guatepeor… RIP.