Al amparo del Estado de Emergencia económica, social y ecológica que declaró el Gobierno nacional para enfrentar la expansión del coronavirus en el país, se tomaron una serie de medidas que implican el giro de billonarios recursos, tanto para los dirigidos al sector salud con el fin de fortalecer la capacidad de atención de los centros asistenciales y la compra de insumos, como para los de tipo económico en atender a la población menos favorecida, por ende, la que se verá mayormente afectada por esta crisis.

Frente a ello, los organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, extremarán su vigilancia para evitar que estos recursos que son tan necesarios para atender la delicada situación generada por el coronavirus, sean afectados por la corrupción.  

En cuanto a las medidas que adoptó el Ejecutivo para llevar recursos urgentes a la salud, se anunció que en el Acuerdo de Punto Final se adelantarán todos los giros de deudas que venían de años atrás. Se busca inyectar liquidez garantizando el funcionamiento la red y que lleguen las tecnologías necesarias para atender a los pacientes más críticos.

De igual forma, el Gobierno destinó una provisión de recursos adicionales por $1 billón para el sistema de salud, que faciliten la adquisición de equipos médicos, así como tener a disposición mayores capacidades de testeo y proveer recursos de liquidez para que la red hospitalaria tenga capacidad de respuesta ante esta pandemia global, que ya ha afectado a los sistemas de salud de los países más ricos del mundo.

En cuanto a medidas de  corte social, el presidente Duque señaló que a partir del 26 de marzo  “vamos a estar entregándole a más de 2,6 millones de familias un giro adicional de ‘Familias en Acción’”. Eso  significa que en promedio, dependiendo del número de hijos, las familias van a recibir cerca de $334.000.

Así mismo, desde el 27 de marzo el Gobierno anunció que entregará a los 105.000 jóvenes de escasos recursos del programa ‘Jóvenes en Acción’ un giro por cerca de $712.000. De igual forma, el Jefe de Estado dijo que a partir del 25 de marzo, “1,7 millones de abuelitos van a recibir $240.000”, pues les van a anticipar tres pagos.

También, el Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con el objeto de atender las necesidades de recursos para la atención de salud.

Controles

La Procuraduría General anunció, ante la declaratoria del Estado de Emergencia derivado de la pandemia del Covid 19, que vigilará que se cumplan los principios de transparencia y legalidad de toda la contratación directa necesaria para la contención de la propagación del virus.

El procurador Fernando Carrillo ordenó desplegar acciones preventivas en todo el país para vigilar que las entidades de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todas aquellas que contraten el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para la atención de la población afectada, lo hagan de manera inmediata, oportuna y transparente.

 “También, habrá monitoreo y vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos destinados a atender y contener los efectos del Covid 19, para evitar posibles actos de corrupción de funcionarios o particulares, incluyendo a proveedores de mercado”, indicó el Ministerio Público.

La Procuraduría dará especial apoyo a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a 1.750.000 niños  de Primera Infancia en el país, para detectar estructuras inescrupulosas de operadores y prestadores servicios, que ante la emergencia pretendan manipular la información y aprovecharse de la necesidad de la niñez colombiana.

Por su parte, el contralor Carlos Felipe Córdoba expidió una Circular sobre “Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid 19”.

La Circular va dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, jefes o representantes legales de las entidades de los niveles nacional y territorial, gobernadores, alcaldes distritales, así como municipales y, en general, a ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial.

Según corresponda, deben reportar a la Contraloría los actos administrativos que decreten urgencia manifiesta y respecto de la misma, la información sobre los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios destinados por parte de la entidad territorial a la mitigación y control de la epidemia por Covid 19.