La frase más utilizada en el pasado proceso electoral por los distintos aspirantes presidenciales fue la de promover un “acuerdo sobre lo fundamental”, parodiando la propuesta del Dr. Álvaro Gómez en la campaña presidencial de 1990, mediante la cual buscaba “lograr la efectiva vigencia de la ley, la recuperación de la moral pública, el restablecimiento de la justicia, la adopción de un modelo económico que procure el desarrollo de justicia social y la preservación de los recursos naturales. Objetivos que apuntan hacia la reconquista del derecho a vivir en paz y a constituir un futuro amable y justo para los colombianos.”
Esos puntos se recogen hoy en la convocatoria del presidente Duque sobre la defensa de la legalidad, la lucha contra la corrupción, la equidad, que es parte del desarrollo con justicia social. Pero el logro de esos objetivos por la vía de un acuerdo como el “pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que es el Plan de Desarrollo no está resultando fácil de construir. Para nadie es un secreto la necesidad que existe de sacar adelante una reforma a la justicia que le introduzca ajustes a lo que no ha venido funcionando bien en ese frente en los últimos años. O la de la reforma política que permita la eliminación del voto preferente y unifique las campañas al interior de los partidos para que haya mayor control.
En Colombia nos faltan propósitos nacionales, nos falta más voluntad de encontrar coincidencias en medio de las diferencias para actuar de consuno por las urgencias que tiene el país por encima del debate natural entre los partidos. Nos falta aprender a oírnos y superar tanta prevención y animosidad.
De todos es sabido que hay aspectos que es necesario adecuar en la JEP como, por ejemplo, la competencia de este organismo o de la justicia ordinaria en el caso del delito continuado. Pero para los que diseñaron su estructura es preferible dejarla como está porque no somos capaces de construir consensos. Así ocurrió con la consulta anticorrupción y así sucederá con temas tan importantes como la política educativa en el marco del Plan de Desarrollo. Todavía podemos hacer esfuerzos por darle concreción a ese acuerdo fundamental que se propuso y que no ha tenido desarrollo.
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Hay consenso en el Grupo de Lima en el sentido de que la opción militar no es el camino apropiado para enfrentar la crisis que se está viviendo el vecino país. Eso ha quedado claro. Y ese es el clamor de la comunidad internacional. En el entretanto la dictadura despiadada de Nicolás Maduro sigue obrando como si fueran los dueños de Venezuela. El manejo represivo que le dieron a la ayuda humanitaria dejó un saldo de más de 300 heridos y una veintena de muertos sobre los que Maduro de dedicó a bailar salsa. Significa ello que ni siquiera para lo humanitario puede haber acuerdo en la hermana república. Como era de esperarse, quienes detentan el poder en Venezuela ahora le endilgan la responsabilidad de los hechos al presidente interino Juan Guaidó. Así ocurrió con Leopoldo López.