La polémica por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP no ha cesado, los más fanáticos defensores del Acuerdo con las Farc han salido a decir que el Presidente Duque esta “haciendo trizas” el Acuerdo y que quiere llevar el país a la guerra. En lugar de reconocer, que a pesar de nuestros reparos y las modificaciones que exige el pueblo colombiano al Acuerdo, se ha mantenido e implementado con excesivas garantías para los criminales de las Farc.

Los más radicales sostienen que las objeciones son inconstitucionales, toda vez que la Corte Constitucional ya le dio el visto bueno a la gran mayoría del articulado y que, al hacerlo, el Presidente desconoce una decisión del tribunal constitucional, rompiendo con el equilibrio de poderes.

Todo lo contrario, son ellos quienes desconocen la institucionalidad y buscan romper el equilibrio. Omiten decir que la facultad que la Constitución le otorga al Presidente para objetar las leyes es un elemento esencial de la división tripartita del poder público. El Congreso legisla, la Corte revisa que la ley se ajuste a la Constitución, y el Presidente valora la conveniencia política de la ley.

Los defensores del Acuerdo quieren imponernos su ley a la brava, no parecen dispuestos a buscar consensos. Objetar 6 artículos con el animo de mejorarlos implica la aceptación tácita de todos los demás, ¿En qué están dispuestos los del Sí a ceder?, parecen cerrados a reconocer que nuestras objeciones son válidas y que representan el sentir de la mayoría del pueblo colombiano. La polarización es el resultado de la ausencia de consenso, nos acusan de polarizar pero son ellos quienes quieren imponer, sin aceptar el más mínimo reparo. 

El Congreso refrendó el Acuerdo tras ser rechazado por el pueblo, será el Congreso el que decida si aprueba o no las objeciones presidenciales. No puede ser que a los más fanáticos defensores del Acuerdo, solo les sirva el Congreso para aprobar pero no para modificar lo pactado con las Farc, esta vez sin “fast track”.

El arbitrario mecanismo del “tramite rápido” creó una única y automática revisión de constitucionalidad por parte de la Corte, acabando con la posibilidad de hacer revisiones posteriores sobre la constitucionalidad de la ley, privando a los ciudadanos del derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad cuando consideren que la Carta y sus principios han sido vulnerados. Ante ese atropello, la única posibilidad de enmendar errores en la ley estatutaria de la JEP, es a través de la objeción presidencial, para que el Congreso las revise y tome una decisión.

No hay ningún “choque de trenes”, una ley puede ser constitucional pero inconveniente. Tenemos la oportunidad de buscar un consenso y hacer de la JEP un tribunal de justicia transicional razonable, aceptable para la mayoría de colombianos. Es increíble que ahora los enemigos de la paz somos los que queremos que haya justicia para reparar a las víctimas y sancionar a los criminales de lesa humanidad, en particular a los que durante años y de manera sistemática violaron niños en las filas guerrilleras. Es lamentable que, creyendo defender la paz, muchos terminaron defendiendo a criminales, narcos y violadores, para eximirlos de su responsabilidad penal.

@samuelhoyosm