Está "desmadrado" el orden público en el país: Barbosa | El Nuevo Siglo
Foto: Fiscalía
Viernes, 17 de Marzo de 2023
Redacción Política

UNA GRAVE advertencia hizo este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, en torno a la situación de seguridad y orden público en distintas zonas del país.

“La información que yo le he dado al país es que está desmadrado el orden público en Colombia. Tenemos unos decretos que tienen con brazos caídos al Ejército y a la Policía en parte del territorio nacional. Hay 365 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados, sus familiares. Hay sin ejecutar 3.600 órdenes de captura por homicidios en zona rural en el país”, señaló el jefe del ente tras una reunión con la bancada de la Alianza Verde, en la que se analizaron temas como el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas multicrimen y el de “humanización carcelaria”, que han sido fuertemente criticadas por el titular de la Fiscalía.

Esos decretos a que se refiere Barbosa son los que establecieron los ceses el fuego entre el Gobierno y las disidencias y reincidencias de las Farc, así como con las bandas criminales de alto espectro tipo ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’. Esos decretos establecen no solo el levantamiento de las órdenes de captura contra varios de sus cabecillas, sino el cese de operaciones ofensivas por parte de las autoridades.

En la reunión con el partido que hace parte de la coalición de gobierno, Barbosa expresó su preocupación frente al proyecto de sometimiento y explicó las consecuencias de llegar a aprobarse esa norma. Insistió en que “la paz sí, pero bien hecha”.

Como se sabe, el fiscal sostiene que en dicha iniciativa no fueron recogidas sus objeciones en torno, por ejemplo, a “tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”.

También ha advertido que se puede estar incurriendo en la idea de permitir que todos los grupos ilegales, sin distinción y sin importar su categoría, reciban un tratamiento de justicia transicional.

Frente a temas de seguridad y orden público, denunció que la situación es compleja. Por ejemplo, advirtió que las disidencias estarían “carnetizando” a la población de algunos municipios de Caquetá con el objetivo de controlar quiénes salen o ingresan.



Campanazo de gobernadores

Las preocupaciones en torno a la situación de orden público se dieron el jueves en el marco de la Cumbre de Gobernadores que se realizó en Quimbaya (Quindío).

Mediante un comunicado, la Federación Nacional de Gobernadores denunció que “… los actores armados ilegales tienen que entender que la voluntad de paz se expresa con hechos de paz, no de guerra. Persistir en el uso indiscriminado de la violencia contra la población, la infraestructura y la institucionalidad, los aleja de la reconciliación que el país desea”.

“Queremos advertir que mientras el Gobierno Nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales y el entendimiento que tienen de las circunstancias y situaciones diferenciales de cada uno de los territorios, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”, agregaron.

En su comunicado, los gobernadores instaron “a los mecanismos de verificación y monitoreo a generar una medición urgente del impacto del cese al fuego. No puede ser que estemos en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz”.

De igual manera, en esa misma cumbre, la procuradora Margarita Cabello, el registrador nacional, Alexánder Vega, y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo Cárdenas, enviaron una carta conjunta al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada, en donde requirieron la convocatoria urgente de una Subcomisión de Orden Público. Esto debido al deterioro generalizado de orden público que se presenta en el territorio nacional, el incremento de las condiciones de inseguridad por la propagación del accionar de grupos armados ilegales y la alteración del normal desarrollo del proceso electoral en curso.