* Alertas de entes de control, Registraduría y gobernadores

* Ceses el fuego con grupos armados, bajo la lupa nacional

De extrema gravedad lo advertido esta semana por la Procuraduría General, la Registraduría Nacional y la Federación Nacional de Departamentos en torno al complicado escenario de cara a las elecciones regionales y locales de octubre próximo.

Las instancias mencionadas prendieron alertas por el deterioro generalizado de orden público en distintas partes del territorio, así como por el empeoramiento de las condiciones de inseguridad debido al aumento del accionar de los grupos armados ilegales. Esa circunstancia está llevando a una alteración preocupante del desarrollo de la contienda proselitista para impulsar la escogencia de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Ya en estas páginas habíamos prendido alarmas en torno a los riesgos que se ciernen sobre la campaña, especialmente por la forma en que disidencias y reincidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, así como las bandas criminales de alto espectro, están aumentando su accionar en varias regiones, incluso aprovechando la paralización de las operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública, en el marco de los ceses el fuego suscritos con el Ejecutivo.

La advertencia de la Procuraduría, la Registraduría y la Federación se hizo en el marco del cónclave nacional de los gobernadores en Quindío. Con denuncias muy específicas, los ejecutivos regionales alertaron sobre la urgencia de impedir situaciones críticas como las ocurridas en la campaña electoral del año pasado, cuando se presentaron suspensiones y aplazamientos de los comicios en algunos municipios, constreñimiento al elector, amenazas y asesinatos de candidatos, así como otro tipo vulneraciones y delitos contra el sufragio.

Ya sendos informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) habían advertido en semanas recientes del incremento de hechos de violencia en medio de la actividad proselitista. Entre los principales sospechosos están las facciones armadas ilegales, mafias locales y otros grupos de delincuencia común y organizada.

Estos llamados de atención parece que empezaron a surtir efecto, porque el propio viernes se citó de urgencia a la Subcomisión de Orden Público y se revisaron el Plan Nacional de Garantías 2023 y el Plan Democracia. Al final, el Gobierno anunció la adopción de 90 medidas de control para todo el país, que tendrán el próximo 20 de abril una evaluación en el marco de una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en donde tienen asiento Ejecutivo, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Fuerza Pública, gobernadores, alcaldes, partidos y otras instancias.

Pero no fue el único campanazo al respecto esta semana. De hecho, en la mencionada cumbre de gobernadores se emitió un comunicado en el que, en un tono muy enfático, los mandatarios seccionales rechazaron la violencia en todas sus formas y “la instrumentalización” de la población civil, en especial de menores de edad, miembros de la misión médica y grupos vulnerables. También advirtieron que los actores armados ilegales tienen que entender que la voluntad de paz se expresa con hechos de paz, no de guerra. En ese orden de ideas, recalcaron que persistir en el uso indiscriminado de la violencia contra la población, la infraestructura y la institucionalidad, aleja a esas facciones de la reconciliación buscada. Por último, pero no menos importante, los ejecutivos departamentales instaron a los mecanismos de verificación y monitoreo a realizar una medición urgente del impacto de los ceses el fuego, ya que “no puede ser que estemos en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz”.

La situación, como se ve, es cada día más complicada. El propio fiscal general fue más drástico el viernes pasado sobre esta crisis: “la información que he dado al país es que está desmadrado el orden público en Colombia. Tenemos unos decretos que tienen con brazos caídos al Ejército y a la Policía en parte del territorio nacional”. Es una denuncia grave y con muchas implicaciones.

Aunque el Ministerio de Defensa señala que en medio de los ceses el fuego con varios grupos armados han disminuido los homicidios, atentados, ataques a la Fuerza Pública y acciones terroristas, las advertencias de la Fiscalía, la Procuraduría, la Organización Electoral y los gobernadores van en contravía.

Es urgente, entonces, que se revise y refuerce la política de seguridad y orden público en todo el país. Por ejemplo, en el Bajo Cauca hay un paro minero hace dos semanas, con altos picos de violencia. La situación se torna grave en muchas regiones y no es un tema que se pueda minimizar ni reducir al desgastante rifirrafe diario entre Gobierno y oposición. Resulta claro que la tendencia a tramitar esta crisis en el escenario de la polarización política e ideológica, a lo único que ha llevado es a que la espiral de violencia sea más grande y peligrosa cada día.