El énfasis de la agenda legislativa del Gobierno este año será social. Así lo anunció el presidente Iván Duque ayer, cuando arrancaron las sesiones del Congreso y toda la expectativa gira en torno a cuál será el alcance del proyecto de reforma tributaria.

Según el Jefe de Estado, el Gobierno nacional radicará en el Congreso una agenda social robusta para reforzar la atención a la población vulnerable del país y evitar un retroceso en materia de pobreza por cuenta de la pandemia.

El Mandatario manifestó en la VI Reunión Extraordinaria de Presidentes de Prosur, que se desarrolla en el marco de la 61 Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que esa agenda legislativa permitirá “extender el programa Ingreso Solidario a más colombianos”, así como “mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza”.

El mandatario aseguró que “esperamos profundizar los instrumentos de devolución del IVA para las familias más vulnerables y extender su cobertura”, que en 2021 llega a 2 millones de colombianos de bajos recursos.

También recalcó el Jefe de Estado que el objetivo es “que sigamos desarrollando herramientas de protección y gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3, que cubren gran parte de la población vulnerable y también a esa clase media emergente que necesita tener certezas sobre su educación”.

Adicionalmente, y para enfrentar el desempleo, el jefe de Estado aseguró que impulsará una iniciativa para habilitar “mecanismos de protección del primer empleo”, de tal manera que se incentive “la contratación de jóvenes, donde se concentra el mayor desempleo”.

Además, para garantizar que las empresas tengan este incentivo de contratar a jóvenes en sus plazas laborales, el Presidente anunció que lo que se busca es que “nosotros, como Estado, podamos cubrir una parte de esos gastos correspondientes a la parafiscalidad y seguridad social”, y con ello evitar que “no sean más los jóvenes quienes sufran los estragos del desempleo en épocas de pandemia”.

Otro proyecto clave será el de apuntalar “el respaldo a la micro y pequeña empresa, donde se concentra más del 90% del desempleo en nuestro país”.

Los llamados

El Gobierno, con el anuncio de esta agenda legislativa con marcado énfasis social, hace eco a los llamados que desde distintos sectores se le han hecho para que apuesta en grande por profundizar este año una agenda de apoyo a la población y el sector productivo más golpeado por la pandemia.

Como lo advirtiera el editorial del domingo pasado de EL NUEVO SIGLO, el coletazo de la pandemia ha sido demoledor en muchos frentes. 2020 cerró con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) a -6,8%, el desempleo por encima del 13%, el déficit fiscal cercano al 9%, la productividad empresarial en números rojos y un retroceso marcado en la superación de los indicadores de pobreza y pobreza absoluta a niveles que no se veían hace una década, ante lo cual no basta proporcionarle recursos al sistema productivo, sino que es necesario mantener el esfuerzo emprendido por el Estado en el campo de la inversión social.

Se agregó que “dada la profundidad de la crisis derivada de la pandemia, resulta imperativo que la estructura de inversión en programas sociales que existe en Colombia se mantenga y proyecte con mayor alcance y criterio de progresividad. Nunca como ahora ha sido tan necesario aplicar en toda su dimensión lo que implica un Estado Social de Derecho como lo es Colombia. Es obligatorio tener un sistema de subsidios y transferencias monetarias bien focalizado para garantizar que las ayudas lleguen a quien sí las necesita”.

En la misma dirección, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, señaló esta semana que “hay que dirigir todos los esfuerzos a superar la pobreza. La pandemia ha incrementado el alto índice que ya teníamos de desigualdad, producto del desempleo y de la informalidad laboral que alcanza el 60%. Los colombianos merecen que se les garanticen oportunidades de empleo digno”.

La semana pasada, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, directora del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le dijo al diario El Tiempo que “estamos necesitando urgentemente transformaciones sociales. Necesitamos encontrar los mecanismos para generar urgentemente empleo, reactivación económica, lograr que las personas más vulnerables tengan mejores condiciones de vida, disminuyendo las desigualdades en el ingreso. Esa es la transformación social que la gente está reclamando, que pasa muy lejos de las discusiones ideológicas”.

Así mismo, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, expresó ayer que “el esfuerzo del Gobierno es inmenso, sin embargo, el daño de la pandemia es mayor: la pandemia ha agregado 3 millones de colombianos a la pobreza. Hay 2,4 millones de hogares que no reciben ningún beneficio. Todavía hay 1,6 millones de ancianos que no han podido ser apoyados”.

¿Y el presupuesto?

Obviamente el debate central aquí es de dónde saldrán los recursos para financiar esta agenda con marcado énfasis social.

Para cubrir ese faltante Uribe propuso “consenso entre Gobierno y sus partidos con el mayor criterio social”, anotando que “necesitamos que el Gobierno tenga instrumentos para poderse endeudar más y aumentar las coberturas sociales”.

Más específicamente, Uribe señaló que es apremiante acordar con Gobierno y bancadas una “ley de tres capítulos: aumento de las coberturas sociales, ahorro del Estado y aumento moderado de impuestos para fines sociales”.

De hecho, en su intervención ante sus pares de Prosur, Duque recalcó ayer que la agenda propuesta, “por supuesto, tendrá que ir acompañada de un fortalecimiento de las finanzas públicas y la estabilización de las mismas”.

Al respecto hay ideas como la expresada por Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, que en entrevista con este Medio mencionó que “realmente lo que adelantamos es una propuesta balanceada en donde planteamos cosas y cambios para la tributación de las empresas, de las personas y, por supuesto, también medidas anti-evasión. Hemos propuesto un paquete tributario realmente muy ambicioso y sustancial. Hay temas grandes. Por ejemplo, estamos planteando que el Gobierno elimine el descuento del Impuesto de Industria y Comercio contra el Impuesto de Renta. Esa medida le agregaría alrededor de $5 billones al año al Gobierno nacional”.

Mejía agregó que “estamos proponiendo la revisión de todos los descuentos y rentas exentas y eliminación de exenciones sectoriales que podrían generar también alrededor de $5 billones al Gobierno nacional. Estamos también hablando de un paquete relacionado con impuestos indirectos, aumentar gradualmente el IVA que hoy en día está con unas tarifas diferenciales”.

La propuesta del incremento en el IVA no es muy popular. Por el contrario, por ejemplo, desde el año pasado el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, está planteando con sus senadores y representantes eliminar de inmediato el IVA del 19%, cambiándolo por un impuesto a la venta del 8%; y hace mes y medio, a través de un comunicado, la colectividad anunció que un impuesto a los productos básicos de la canasta familiar no tendrá el respaldo de ninguno de los 50 integrantes que tiene la bancada en el Congreso.

El Gobierno ha aclarado que eso no se hará. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, precisó hace un mes que “hay ciertos bienes que podemos gravar. No gravar toda la canasta familiar, eso no pasará, pero sí podemos ampliar la base de productos que paguen IVA”.

Sin embargo, hoy el Gobierno debe revelar el informe de la misión de expertos que confeccionó el año pasado para que evaluara las exenciones tributarias en Colombia y recomendará cuáles deben desmontarse. Dicho informe será la base de la “reforma fiscal y social” que la Casa de Nariño llevará al Congreso para tapar el déficit en las finanzas y sufragar su “robusta agenda social”.