Paro minero, una ‘papa caliente’ | El Nuevo Siglo
Miércoles, 15 de Marzo de 2023

* Tres flancos complejos de crisis en nordeste antioqueño

* Con la minería criminal no puede existir tregua alguna

 

El llamado “paro minero” que se está adelantando desde comienzos de marzo en la región del Bajo Cauca, que comprende municipios del nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, tiene implicaciones en tres flancos distintos.

El primero, obviamente, se refiere a la aplicación del principio de autoridad y el uso legítimo de la fuerza por parte de los contingentes militares y policiales. Ante los bloqueos viales, quema de ambulancias, amenazas a la población civil, desabastecimiento de víveres y la evidente instigación del ‘Clan del Golfo’ a la protesta, la Fuerza Pública intervino como era su deber institucional: despejó carreteras, escolta caravanas vehiculares y, además, arreció operativos contra focos de minería criminal a gran escala, sobre todo dinamitando dragas y maquinaria amarilla utilizadas en la extracción ilícita de oro.

En segundo término, resulta claro que detrás de este paro hay patrocinio e incluso coacción del ‘Clan del Golfo’, facción con la que el Gobierno, se supone, tiene vigente un acuerdo de cese el fuego, por lo que su participación directa o indirecta en las protestas violentas supone claramente una violación a ese pacto. El propio Presidente de la República ha advertido que dicha banda multicrimen no estaría, entonces, demostrando voluntad de pacificación. De hecho, reiteró que las treguas no son para seguir delinquiendo. Por ahora, sin embargo, el Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión respecto a la marcha de los acercamientos para viabilizar un sometimiento a la justicia de esta organización criminal, en el marco del cual se le otorgarían amplios beneficios penales y penitenciarios.

El tercer flanco es aún más complejo porque implica aterrizar la forma en que este Gobierno manejará el problema de la minería ancestral, de la artesanal de baja escala y de la minería criminal de amplio espectro. En el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba están presentes los tres fenómenos: hay una gran cantidad de mineros informales que llevan muchos años viviendo de este oficio. También se registra la operación legal y vigilada de empresas mineras establecidas y, por último, están las facciones delincuenciales del ‘Cartel del Golfo’ que manejan una parte de la extracción de oro a la orilla del río Cauca, utilizando dragas y otra maquinaria pesada, derivando millonarios ingresos diarios y, claro está, contaminando de forma grave las aguas de un afluente vital.

Las peticiones de los líderes de la protesta incluyen acelerar la formalización de la minería artesanal, reglamentar la Ley 2250 de 2022 sobre presunción de legalidad minera, adjudicar licencias ambientales, oficializar títulos de explotación así como la creación de un distrito minero y el cese de operaciones de la Fuerza Pública contra las dragas y la maquinaria amarilla de uso ilícito. Frente a todo ello el Gobierno ha sido claro. De un lado, advirtió que dialogaba solo si cesaban los bloqueos y demás actos de violencia. Como ello no ocurrió, la Fuerza Pública actuó y despejó las vías. También recalcó que en la proyectada reforma al Código Minero se ampliarán las medidas para formalizar la minería ancestral y artesanal, en sus esferas laboral, ambiental, de desarrollo sostenible y seguridad industrial.

En cuanto a la minería criminal la orden del Ejecutivo es perentoria:  aumentar la ofensiva militar y policial en todo el país contra estas mafias de economías ilícitas que depredan el territorio, someten a la población y generan violencia. Asimismo, considera viable avanzar en la creación de un distrito agrominero en la zona, respetando el entorno natural y teniendo el agua como prioridad. Incluso, anunció que una vez se normalice la situación en el Bajo Cauca invitará a la “dirigencia minera” verdadera para allanar un acuerdo de alto espectro sobre el futuro de la actividad en esa región.

Como se ve, el llamado “paro minero” tiene flancos muy complejos. Las medidas que se tomen en cada uno de ellos, impactan a los demás. El Gobierno debe tener en cuenta que la forma en que maniobre en el Bajo Cauca marcará un antecedente para la actividad extractiva en el resto del país, recurrentemente marcada por un alto nivel de conflictividad social, ambiental, jurídica y, claramente, económica. En una nación en donde se calcula que el 85% del oro que se exporta es producto de la ilegalidad, resulta evidente que la solución a este paro tiene muchas y grandes implicaciones. Sea cual sea la decisión, no se puede lesionar el principio de autoridad legítima del Estado ni ceder a presiones ilegales para perpetuar una actividad ilícita, violenta y atentatoria contra el ambiente.