Definitivamente el grave problema del hacinamiento carcelario que se presenta en Colombia no deja de ser motivo de análisis y debate, en todas las reuniones donde asistimos miembros de la reserva a activa, por ser un tema de gran calado y extrema importancia, especialmente porque el fin último está encaminado a la resocialización, que debe irse logrado al tiempo que se paga la pena impuesta por la sociedad a quien ha transgredido la ley.

Sin embargo para que este objetivo se logre, es importante que la permanecía en detención vaya acorde con los principios humanitarios que rigen  en el Sistema Interamericano de Derecho Humanos, y el fenómeno del hacinamiento riñe con las recomendaciones que, de entrada, se establecen en el mencionado sistema; por lo tanto urge que las autoridades administrativas, municipales, departamentales  y el gobierno en general, presten especial atención a tan crítica situación que se vive en los diferentes centros de reclusión nacional.

Somos conscientes de la responsabilidad que sobre este asunto nos cabe a todos los hombres que en tiempos pretéritos pertenecimos a la institución Policía Nacional de Colombia, pues en esas calendas y ante la falta de cupos en los lugares de reclusión para criminales e infractores, a título de colaboración con las diferentes administraciones, admitimos que muchos delincuentes permanecieran en instalaciones policiales al cuidado de nuestras unidades, relevando tanto al Ministerio de Justicia como al Inpec y al mismo Estado de sus responsabilidades.

Así se dio paso al desentendimiento por parte de los verdaderos garantes sobre  asunto tan delicado y socialmente sensible. Tanto fue el desapego del gobierno, que en últimas quedó la institución como último respondiente, llegándose a potenciar el problema hasta el punto de romper cualquier medida de tolerancia en cuanto a población aglomerada, permitiendo que estas personas enfrentaran una verdadera odisea por la supervivencia, ante el número de conducidos a estas locaciones, arrastrándonos al caos que hoy se vive en las estaciones de policía.

Otro tanto sucede en las URI, unidades de justicia, que como las policiales, no cuentan con la infraestructura básica para entender la demanda de la gran población hacinada en sus establecimientos.

La solución está en manos del gobierno, la construcción de cárceles nuevas y resocializadoras en su diseño y estructura es una necesidad sentida. Debemos llevar la universidad a las cárceles, existen muchas alternativas desde la virtualidad hasta asistencia dirigida; descongestionar estaciones de policía y las URI es urgente, estos lugares son una bomba que pude explotar en cualquier momento.

Cambiar el sistema  para descongestionar como lo propone el Ministro de Justicia es posible, pero a largo plazo, por ahora tenemos urgencia y vivimos una amenaza. El solo espectáculo que sobre estos lugares muestran los medios, apenan al gobierno, a nuestras ciudades y el país.