En medio del debate por la posibilidad de que Colombia pueda producir al menos una parte de las vacunas contra el covid-19 y de la propuesta para que se permita la compra y distribución de dichos biológicos por parte del sector privado o los gobiernos regionales, el Congreso, que reanuda mañana sus sesiones ordinarias, tendrá en su agenda un proyecto para que el Estado trace una política nacional para la seguridad farmacéutica.

La iniciativa, radicada el 15 de diciembre por el senador Iván Darío Agudelo, del partido Liberal, con firmas de congresistas de su colectividad, pero también del partido Conservador, Lista de la Decencia, Polo Democrático, Centro Democrático, Comunes, La U, Colombia Justa Libres, Alianza Verde y Cambio Radical, espera que la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, Amanda Rocío González, uribista, nombre los ponentes que prepararán el informe para su primer debate.

Como se sabe, a lo largo del siglo pasado, Colombia fabricó e incluso exportó millones de dosis de vacunas contra la viruela, la rabia, la tuberculosis y el cólera. Sin embargo, como lo recalcó un estudio de julio pasado de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualmente “ninguna de las 90 plantas de medicamentos del país está en capacidad de producir vacunas”. Esto porque, principalmente, “desde hace 35 años el país forma parte del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo de cooperación solidaria mediante el cual los Estados miembros compran las vacunas”, una buena idea “desde el punto de vista de política de salud pública”, pero que “desincentivó a las farmacéuticas privadas en cuanto a producir aquí sus vacunas. En América Latina solo Brasil, Argentina y México tienen capacidad para hacerlas. En Colombia, solo se fabrican para uso animal”.

En repetidas ocasiones la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), a través de su presidente ejecutivo José Luis Méndez, ha insistido en que se necesitan miles de millones de dosis de vacunas contra el covid-19 para distribuirlas en la población. Es ahí donde Colombia debería jugar un papel importante, para lo cual el Gobierno debería implementar una política industrial farmacéutica que permita el desarrollo de infraestructura, mejoramiento de la competitividad del sector y la transformación en un centro de operaciones, al nivel de Brasil, Argentina y México para abastecer a la región y garantizar la autonomía sanitaria para el suministro propio.

Hace 15 días Méndez reiteró la necesidad de adecuar plantas que ya existen a nivel nacional para participar en la última etapa de fabricación de las dosis de las vacunas. Lo hizo después de que el propio presidente Iván Duque pidiera a la industria farmacéutica local que avanzara rápidamente en esa dirección dada la complicada coyuntura global para acceder a los biológicos aprobados para inmunizar contra este coronavirus.

El pasado 4 de marzo, durante una audiencia pública semipresencial realizada en las instalaciones de la Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN), Méndez sostuvo que “encontramos grandes coincidencias entre la seguridad farmacéutica propuesta en el proyecto de ley y la autonomía sanitaria que nosotros le hemos propuesto al Gobierno actual desde hace ya casi tres años, dentro de un documento que hemos circulado de política industrial farmacéutica”.

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Compra de vacunas

Precisamente sobre este asunto, la semana pasada el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, radicó un proyecto de ley para permitirle al sector privado participar activamente en la aceleración de la vacunación en Colombia contra el covid-19.

Barreto consideró que, desde la importación, el sector privado, que tradicionalmente ha sido muy eficiente y competitivo, puede convertirse en factor diferenciador para el proceso de proteger millones de vidas en el país.

Aclaró que el plan de vacunación del Gobierno tendrá siempre prioridad sobre las negociaciones que adelanten los particulares. “Adicionalmente, la ley establece un sistema de control para evitar la especulación de precios”, agregó.

Como se sabe, está abierto en Colombia un debate en torno a esta posibilidad y a que gobiernos locales y regionales puedan también importar y distribuir vacunas.

Sin embargo, por el momento el artículo 26 del decreto 109, del 29 de enero, expedido por el Ministerio de Salud, adoptando el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, señala que esa cartera “será la única entidad encargada de importar las vacunas” y que “determinará el momento en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar las vacunas (...), previa recomendación de las instancias de coordinación y asesoría con las que cuente”.

A los privados, según el Ministerio, se les permitiría importar y comercializar vacunas solo en la etapa 5 de la fase 2, que es la última instancia del Plan, cuando le corresponde inmunizar a la mayoría de población entre 16 y 59 años, sin comorbilidades.

Proyecto farmacéutico

En la ya referenciada audiencia pública, el senador Agudelo dijo que “este proyecto de seguridad farmacéutica es prueba de que es posible legislar de la mano de los académicos y científicos”.

En la exposición de motivos del proyecto se señala que “Colombia cuenta con una importante historia de uso de la ciencia en bien de la salud y del cuidado de sus ciudadanos. El país enfrentó con éxito desde finales del Siglo XIX importantes amenazas y desafíos a la salud pública, haciendo uso de capacidades propias de fabricación de vacunas y otras tecnologías sanitarias. Sin embargo, hubo un momento en que nos extraviamos y abandonamos ese camino renunciamos a hacer ciencia propia y a tener una infraestructura tecnológica dedicada a erradicar la enfermedad. Como resultado, no contamos hoy con los suficientes medios de respuesta en el campo científico y farmacéutico para encarar la amenaza del Sars-cov-2”.

 “cometimos el error de ir en retroceso, y aquellas capacidades pioneras que el país construyó desde finales del siglo XIX, se perdieron por completo un siglo después, sin que a la fecha hayamos sabido recuperarlas”. Agudelo

Tras observar que “la sabiduría y generosidad a la que nos instan nuestros sabios, nos convoca a devolverle al país una producción propia de medicamentos, vacunas y demás tecnologías sanitarias esenciales para garantizar la vida y la salud de nuestros habitantes”, el senador Agudelo también señaló que “este propósito constituye un asunto de seguridad nacional”.

Puntualizó que “la estabilidad del país depende en muy buena medida de su capacidad para detener la dosis de pánico social que acompaña a la aparición de enfermedades y amenazas para la salud pública. Mientras no ocurre ningún brote, el asunto pareciera no ser prioritario. Pero una vez se presenta -como supo presentarse la covid-19- queda en evidencia la importancia de sostener una inversión permanente en capacidades científicas para la salud, que deben estar preparadas en todo momento para responder a esas graves situaciones.

Sin embargo, Cuando este poder de respuesta está dispuesto de manera correcta, la vida de la sociedad puede seguir su curso con normalidad. El éxito puede incluso llegar a pasar silencioso e inadvertido. Pero cuando falta, el fracaso se hace sentir de manera más ruidosa y estrepitosa que cualquier otro por sus desastrosas consecuencias sobre la economía, la vida social, la seguridad y el orden público, especialmente en los grandes centros urbanos. También, por sus impactos sobre la percepción ciudadana del desempeño de los gobiernos y las instituciones”.