La reforma a la salud que el Gobierno puso a consideración del Congreso de la República debe tramitarse bajo la premisa de construir sobre lo construido, con el ánimo de estructurar un mejor sistema de salud para todos los colombianos, y que la discusión legislativa cuente con un proceso abierto, constructivo y consensuado entre los diferentes actores del sistema.

Así lo señaló el presidente ejecutivo de AmCham Colombia, Santiago Marroquín- El directivo dijo que “hay que resaltar la oportunidad histórica que tiene Colombia para seguir mejorando el sistema de salud, en donde lo más importante es construir sobre lo que se ha construido bien, como lo ha sido que tengamos hoy en día unos niveles de cobertura amplios, un gasto de bolsillo de los más bajos del mundo y un país que ocupa el cuarto lugar con los mejores indicadores en salud”.

Agregó que AmCham Colombia considera que las decisiones que se tomen deben ser sobre la base de la evidencia científica, técnica, libre de sesgos y fundamentada en proteger lo que ha servido. 

 “En este sentido, creemos que es clave que el proceso de discusión sobre la reforma continue siendo amplio y abierto, constructivo e inclinado a la escucha y a la búsqueda de consensos entre los diferentes actores del sistema como la academia, el sector empresarial, las sociedades de pacientes, usuarios y empleados de EPS, entre otros”, enfatizó el vicepresidente de AmCham Colombia.  

Atención

Marroquín destacó que AmCham Colombia está de acuerdo y presta para trabajar junto al Gobierno Nacional y el Congreso para fortalecer la política de atención primaria en salud, estructurar un sistema de información que permita atender la distribución poblacional de las patologías y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, pero sin que existan medidas que desincentiven que la prestación del servicio sea de calidad.

En contraste, AmCham Colombia insiste que, en lugar de reformular por completo el modelo de salud actual, se debe construir sobre lo que ya existe y que es importante que en la reforma se establezcan mecanismos claros y robustos para la rendición de cuentas y el control en el manejo de los recursos y recobros por parte de los Fondos regionales y municipales.

Esto con el objetivo de que no se presenten casos de desviación de recursos que afecten el correcto acceso por parte de la población a los servicios y tecnologías en salud.  

“Otro tema que nos preocupa es el aumento de los puestos públicos debido a los altos costos que generaría el funcionamiento del sistema de salud, así como el modelo de desconcentración que tendría la Adres. Igualmente, nos preocupa la falta de precisión en los tiempos de transición que se adoptarían para la implementación de este nuevo modelo en salud, esto sigue generando grandes incertidumbres”, puntualizó Marroquín. 

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Infraestructura

De otra parte, en uno de los anexos del proyecto se señaló que se fortalecerá el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado de carácter nacional, de alta complejidad e impacto, estratégicas para el tratamiento de enfermedades que requieren de una atención altamente especializada, con tecnología médica de avanzada.

Para esta tarea se contemplan inversiones por $11,3 billones entre 2023 y 2026, mientras que el artículo 32 de la iniciativa menciona la estructuración de un Plan Nacional de Equipamiento en Salud, que se actualizaría entre 5 y 10 años, el cual se financiará con los recursos de una cuenta, pero sin fijarse el monto.

Otro ejemplo de cómo se aumentarán los gastos del sector salud tiene que ver con la diferenciación del valor actual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) planteada en la reforma. En este punto la intención es igualar los dos regímenes de salud, contributivo y subsidiado, y unificar el valor de la UPC, lo que demandaría otros $26 billones.