EN diferentes frentes, la oposición política y algunos sectores ciudadanos adelantan acciones contra varias iniciativas del Gobierno nacional, expresadas en decretos y leyes, que consideran algunas de ellas son contrarias al ordenamiento jurídico, especialmente en el tema de la política de paz.
Como consecuencia, en escasos siete meses que lleva el mandato, la oficina jurídica de la Presidencia de la República, así como las correspondientes dependencias en diferentes ministerios, han presentado los recursos y los argumentos para justificar las medidas y lograr que sobrevivan.
La mayoría de acciones admitidas por las altas Cortes están en el desarrollo de su trámite pendientes de decisiones. Sin embargo, algunas ya han producido resultados como la demanda de control de nulidad contra el Decreto 227 del presente año por el cual el presidente Petro asumió funciones de las comisiones de regulación de energía y de y gas, así como la de agua potable, con el fin de intervenir las tarifas, debido a los incrementos que muchos ciudadanos consideran exagerados.
El Consejo de Estado concedió medidas cautelares a los demandantes de este Decreto por considerar que se emitió de forma irregular, como es que no se dieron los 15 días que establece la ley en su publicación para que los ciudadanos puedan pronunciarse, mientras emite un fallo de fondo, y como consecuencia suspendió provisionalmente dicho Decreto.
Entonces, el Presidente no puede por el momento tomar determinaciones frente al asunto de las tarifas, iniciativa muy criticada por Andesco, que agrupa a las empresas de servicios públicos, porque consideran contraproducente que el Estado intervenga este mercado en donde el sector privado ha hecho grandes inversiones.
El Gobierno ya se está moviendo en este sentido. La Superintendencia de Servicios Públicos, a cargo de Dagoberto Quiroga, presentó ante el Consejo de Estado un recurso de reposición ante la suspensión del Decreto.
En el documento el superintendente Quiroga señala, entre otras, que el Consejo de Estado no aclara “cuál es el presunto perjuicio irremediable o el peligro inminente que se quiere evitar”.
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Gestores de paz
En febrero, el Consejo de Estado admitió una demanda de inconstitucionalidad del Decreto 2422 del 9 de diciembre del año pasado, expedido por el Presidente así como por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por el cual se puede solicitar por parte del Gobierno la libertad de jóvenes detenidos por delitos que según la Fiscalía cometieron en las protestas de 2021, para fungir como gestores de paz.
El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien presentó esta acción, indicó que “la figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”.
Así mismo en febrero pasado, la Corte Constitucional admitió para estudio una demanda en contra de la llamada Ley de Paz Total, la 2272 de 2022, que prorrogó la Ley de Orden Público, con lo cual el Gobierno buscó el basamento jurídico para las conversaciones que pretende con los grupos armados guerrillas y los llamados multicrimen, para que se desmantelen.
También en el Consejo de Estado se han presentado varias acciones contra la Ley de la Paz Total.
En el caso de la demanda ante la Corte Constitucional, el accionante se enfoca en un artículo de la Ley 2272 de 2022 en que se habilita a los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas para fomentar la seguridad ciudadana. La normativa en este sentido se cayó hace un tiempo en este alto Tribunal.
El demandante argumenta que este asunto no se debió incluir en la llamada Ley de la Paz Total sino en una ley aparte, en la cual se dejara en claro los hechos generadores de las tasas o sobretasas especiales para fomentar la seguridad ciudadana.
Otra de las leyes que ha promovido el Gobierno en ser blanco de demandas es la reforma tributaria por $20 billones que aprobó el Congreso el año anterior.
Los accionantes buscan tumbar aspectos como la prohibición a las empresas petroleras de deducir de su impuesto de renta lo que pagan por regalías.