ESTÁ despejado el camino para que el Gobierno radique el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados multicrimen, en el marco de la política de paz. El ministro Néstor Osuna indicó que el texto será ajustado con la mayoría de las observaciones que realizó el Consejo Superior de Política Criminal, así como las que hizo el fiscal general Francisco Barbosa. 

Osuna calificó como “una muy buena noticia” el concepto favorable que emitió el Consejo al estudiar la iniciativa y aseveró que gran parte de las observaciones planteadas por este organismo de consulta serán incluidas en el proyecto de ley que el Gobierno presentará al Congreso. 

 “Quisiera decir que en el proyecto que radicaremos en el Congreso de la República recogemos casi que la totalidad de las observaciones que hicieron en el Consejo de Política Criminal”, dijo el titular de la cartera de Justicia. 

Explicó también que “vamos a recoger todas las que hizo la Fiscalía General de la Nación y varias de las que hicieron algunas personas e instituciones. De esa manera, el proyecto queda mucho más nutrido y enriquecido”. 

El escenario de la política de paz de la administración Petro da cabida a negociar con todos los grupos armados de alto impacto. Por un lado, un acuerdo con las guerrillas y por el otro con los llamados grupos multicrimen a los cuales el Gobierno no les reconoce estatus político sino su sometimiento a la justicia. 

Para los grupos de crimen de alto impacto está diseñada la ley de sometimiento, norma en donde se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estas estructuras. 

 El Gobierno desde hace meses tiene acercamientos con varias de estas organizaciones de delincuencia común, principalmente dedicadas al narcotráfico. Las conversaciones más adelantadas son con el Clan del Golfo y Los Pachenca, con los cuales pactó un cese bilateral el fuego desde el primero de enero pasado y hasta el próximo 30 de junio.

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Las observaciones

Con relación a las observaciones planteadas por el Consejo Superior de Política Criminal, del cual hacen parte entre otros el fiscal General, Francisco Barbosa, y la procuradora General, Margarita Cabello, el ministro Osuna hizo referencia a “la ampliación de los términos de investigación para la Fiscalía General de la Nación”.

Precisamente esta fue una de las recomendaciones que previamente hizo el fiscal Barbosa, quien solicitó mayores tiempos procesales, en el entendido de que el Gobierno Nacional propone términos cortos que imposibilitan un estudio profundo y una investigación detallada que permita acceder a la verdad.

Asimismo, el Consejo considera necesario que “la Fiscalía le asigne esos procesos a la unidad que el fiscal del momento determine que sea la conveniente y no a una específica como estaba en el proyecto inicial”.

El ministro también se refirió a aquella observación en la cual se establece “una política diferencial de género de la que carecía el proyecto inicial y queda ya incorporada”.

En el mismo contexto, dijo que se “incorporan varios parámetros sobre protección a las víctimas”.

“Son observaciones que sin duda enriquecen un proyecto de ley que es muy importante y que tiene la finalidad de irnos conduciendo a una paz total”, manifestó Osuna, quien subrayó que hubo una deliberación juiciosa y extendida por parte del Consejo de Política Criminal al momento de hacer el estudio.

El mencionado Consejo manifestó también que “resulta adecuado y necesario que el Gobierno Nacional procure, por los medios que tiene a su disposición, con respeto y apego al marco democrático sobre el cual se cimienta el Estado colombiano, buscar las alternativas y caminos que busquen y propendan por alcanzar la paz para con los administrados, resultando acertado procurar el mismo con iniciativas legislativas como la analizada en esta oportunidad”.

Hay otras recomendaciones claves que hizo el Consejo Superior de Política Criminal, que solo se sabrá si fueron atendidas por el Gobierno cuando se conozca la versión final del proyecto.

Por ejemplo, dice este Consejo que “la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario, pues las penas a imponer a los miembros de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis  y ocho años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena”. 

Otra preocupación del Consejo de Política Criminal en el proyecto de sometimiento, tiene que ver con el porcentaje de bienes malhabidos que les permitirían a los integrantes de esos grupos quedarse.

 “Con relación al porcentaje del 6% de los bienes que pueden mantener quienes se sujeten a la eventual ley, algunos miembros consideran necesario que se debe revisar, porque la inexistencia de un tope máximo monetario, como sí existe actualmente en la Ley 1708 de 2014, podría dar lugar a un ‘beneficio patrimonial’ que podría ser cuestionable”, dice el documento del Consejo.

Sobre el particular, de antemano el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que de esta forma se lavarían miles de millones de pesos de bienes ilícitos. Es “moralmente inaceptable que se le lave hasta el 6% del patrimonio ilícito de las bandas criminales”, alertó. Explicó que la Constitución “obliga a extinguir el dominio de todos los activos habidos ilícitamente, así sea en un mínimo porcentaje”.

Otras de las observaciones que hizo el fiscal Barbosa a este proyecto de ley es que la Fiscalía debe asumir, en su integridad, la investigación y ejercer la acción penal sobre las personas que manifiesten su voluntad de sometimiento, y no debería limitarse este ejercicio a la Unidad Especial de Investigación, como está contemplado en el texto del proyecto.

De igual forma solicitó el Fiscal que los bienes afectados con medidas cautelares, es decir, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales.