Peticiones de mineros en Antioquia tras paro | El Nuevo Siglo
Foto: Archivo ENS
Lunes, 6 de Marzo de 2023
Redacción Economía

Desde el inicio del mes la situación de orden público en el Bajo Cauca es crítica a causa de las protestas adelantadas por los mineros de la zona, quienes están en contra de los operativos militares ordenados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, contra la minería ilegal en el departamento.

“La orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. En el Bajo Cauca antioqueño fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”, escribió Velásquez en su cuenta de Twitter.

Ayer continuaban las protestas y los bloqueos en Campo Alegre, Río Man y Puente Vía al Bagre, mientras que en el sector de la vía Pajonal, se presentaron enfrentamientos y vandalismo, con quema de llantas, aceite y alambres para afectar a quienes transiten por la zona.

De igual manera la situación seguía siendo grave en otras áreas como Tarazá, Zaragoza, el Puente Río San Jorge, el sector El Limón y la vía Maceo – Yalí – Yolombó – Remedios y Segovia, que también permanecieron bloqueados.

En esta región antioqueña fueron graves los hechos ocurridos en Caucasia por un ataque de algunos manifestantes a la Alcaldía. Las oficinas de Hacienda, Salud, Tesorería, Cultura, entre otras, se contaron entre las dependencias afectadas.

El paro se suma a la declaratoria de alerta roja hospitalaria que emitió el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, este 5 de marzo. Mediante un comunicado, el centro de salud informó que: "Se suspende la atención ambulatoria en la sede principal y en la brigada extramural en el barrio El Palmar hasta nueva orden".

 

Reuniones con el gobernador

Ante la situación de orden público se celebró una reunión entre delegados del gobierno, instituciones y manifestantes, pero también se presentaron actos violentos durante la misma. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria convocó a consejos de seguridad en Caucasia y Segovia al tiempo que estableció medidas como la prohibición de parrillero y transporte de gas, así como decretos de toque de queda para mantener la seguridad.  

En dichas reuniones se contó con la presencia los viceministros del Interior, Defensa de Minas y funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Gobernador de Antioquia, Alcaldes, Ejército, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, quienes en forma conjunta estuvieron presentes para atender la situación tanto del Bajo Cauca como del Nordeste.

Según explicó el gobernador Aníbal Gaviria, en el Consejo de Seguridad del Nordeste, se definió la realización de una Caravana Humanitaria para facilitar la movilidad entre Medellín y la Troncal del Nordeste hasta Segovia y Remedios, y de Segovia y Remedios hasta Medellín, para posibilitar el tránsito en este eje vial. Dijo, además, que se tomaron decisiones estratégicas de seguridad que corresponden a la fuerza pública.

Sobre el Consejo de Seguridad de Caucasia, el gobernador Gaviria señaló: “Continuamos el Consejo de Seguridad con la presencia de los miembros del equipo del Gobierno Nacional. Allí se desactivaron unas situaciones de riesgo frente a la alcaldía de Caucasia. Allí ha estado atenta la policía y el Ejército para repeler cualquier acción que se ha intentado por grupos que quieren vandalizar la alcaldía. Igualmente, la retención o el secuestro de algunos miembros de las empresas mineras en el Bagre y Nechí, este tema ya fue solucionado con el acompañamiento de la Defensoría, pero también del Ejército y la Policía”.

El mensaje que dejó el mandatario de Antioquia a las comunidades de estas dos subregiones afectadas con el paro minero es que la institucionalidad está acompañándolos y avanzando en la atención de esta contingencia y expresó que respeta la protesta social y apoya a la pequeña minería, pero rechaza las acciones violentas que se han dado durante el paro.

“El mensaje es de rechazo a las acciones violentas que se han producido. Yo quiero claramente decir que el respeto a la protesta social es parte de nuestro ADN, es un derecho constitucional, pero no la protesta contaminada por la criminalidad. Nuestro respeto, nuestro apoyo, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo al pequeño minero, al minero ancestral, al minero artesanal. Pero el ataque decidido a la minería criminal que destruye el medio ambiente y que siembra la destrucción”, enfatizó.

Además, dejó claro que lo que se está atacando desde el gobierno, a través de la fuerza pública, es la minería criminal: “Lo que aquí se está atacando son las dragas brasileras, es la gran minería criminal que está alimentando además a organizaciones criminales en el Bajo Cauca y en otros territorios de Antioquia, y eso es una decisión institucional del estado colombiano en cumplimiento de la Constitución”. 

Agregó que “detrás de esos actos criminales están claramente grupos criminales, entre ellos, el Clan del Golfo” y que la criminalidad está viendo afectados sus intereses con las acciones de la fuerza pública, intentando “contaminar” la protesta social no violenta.



Resaltó que “la violencia no cabe en la verdadera protesta social”.

Mientras tanto, el ministro de Defensa continuó expresando la atención del Gobierno a lo que se vive en esa región a través de redes sociales. “Las organizaciones armadas ilegales son las realmente afectadas con la destrucción de las grandes dragas que han operado ilícitamente en esa y otras regiones del país, porque se les corta una fuente de riqueza. Acabar con la gran minería ilegal debilita a esos grupos”.

Luego el jefe de la cartera de Defensa escribió: “Las organizaciones armadas ilegales son las realmente afectadas con la destrucción de las grandes dragas que han operado ilícitamente en esa y otras regiones del país, porque se les corta una fuente de riqueza. Acabar con la gran minería ilegal debilita a esos grupos”.

Pliego de peticiones

Mientras tanto los mineros del Bajo Cauca presentaron un pliego de peticiones al Gobierno nacional compuesto de 11 puntos.

Entre los que está iniciar un proceso de formalización y reconocimiento de la minería ancestral que se realiza en esta zona del país.  Piden la creación de distritos mineros con un plan piloto en el Bajo Cauca y sur de Córdoba.

Del mismo modo solicitaron incluir la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 otorgando presunción de legalidad y que el otorgamiento de las licencias ambientales quede supeditado a una visita a las empresas mineras.

Igualmente, piden la puesta en marcha del plan único para eliminar la burocracia que ha impedido la formalización minera.

También, solicitan la modificación del artículo 106 de la Ley 1450 y el decreto reglamentario 2235, excluyendo de la aplicación de las normas a los mineros que están en proceso de formalización. Así mismo piden que se respete el uso de la maquinaria en las actividades y que esta no sea destruida por la fuerza pública.

Por último, los mineros requirieron una caracterización del territorio y la liberación del área que actualmente se encuentran en ley segunda, permitiendo la titulación de pequeños y medianos mineros de la zona para competir con las multinacionales que explotan minerales en esta región del país.