* Colombia firme contra el régimen Ortega
* Condena mundial al destierro y apatridia
El régimen de Daniel Ortega, que lleva muchos años ahogando la libertad y los principios democráticos en Nicaragua, decidió abandonar las apariencias políticas con las que trató inútilmente y por largo tiempo de esconder su perfil autoritario. Una parte de ese ‘destape’, al tenor de los analistas, responde a que la dictadura considera que mientras Estados Unidos y las potencias occidentales están comprometidas con la guerra entre Rusia y Ucrania, la satrapía en esta región centroamericana tiene las manos libres para actuar como le venga en gana. Sabe que la comunidad internacional no agravará las sanciones económicas porque estas afectan más a la ya de por sí empobrecida y atribulada población que al cuestionado Ejecutivo.
La situación es crítica: Ortega y su esposa ya superan el tiempo que duraron en el poder los Somoza. Gobiernan sin ningún tipo de cortapisa mientras los atentados contra la vida y la libertad de los jefes de la oposición se suceden a diario; toda instancia y canal democrático, incluida la prensa libre, están bajo presión del régimen. Los dueños de medios de comunicación y sus directivos están prisioneros o exiliados, como sucede con la familia Chamorro.
En Nicaragua, como en los escritos de Gabriel García Márquez, el tiempo parece detenerse. Una parte de la prensa, obviamente cooptada, no parece tener otro objeto que adular a la cúpula de Ortega y compañía. Los estudios económicos serios muestran un retroceso sustancial en todos los indicadores, especialmente en empleo y producción, al tiempo que la pobreza está disparada. La libertad de empresa se ha conculcado, los ingresos del sector privado caen en picada y el país no es competitivo en el mercado global. Esa crítica condición ha sido, incluso, aprovechada por el régimen en sus alegatos ante la Corte Internacional de la Haya, señalando a Colombia como una “potencia regional” que no le permite ejercer influjo en las zonas marítimas caribeñas, lo que es absolutamente falso y contraría la verdad histórica y soberana de nuestra nación.
El último atropello de la oposición ha sido el despojar de su ciudadanía a numerosos dirigentes de la oposición, periodistas, empresarios y dirigentes sociales y gremiales. La mayoría de ellos presos políticos y quienes ya habían sufrido el embargo ilegal de sus bienes, documentos y fueron tachados infundadamente de ‘traidores de la Patria’.
El gobierno de Gustavo Petro, que mantuvo en sus inicios una cuestionable actitud pasiva frente a la persecución de los opositores en Nicaragua, pronto tuvo que rectificar su opinión y condenar al régimen. Por lo mismo, ahora, tras el destierro de más de 222 presos políticos, a los que además la satrapía les quitó la nacionalidad nicaragüense, la Casa de Nariño repudia ese grave abuso a los derechos humanos y ha ofrecido apoyo a los demócratas disidentes para que desde nuestro país sigan luchando por la libertad del suyo. Es un gesto importante de nuestra Cancillería frente a un gobierno dictatorial que persigue a los jerarcas y sacerdotes de la Iglesia Católica, que son quienes alivian moralmente a un pueblo condenado a vivir en la miseria por un gobierno autoritario que no permite el sistema democrático, la libertad de empresa ni el ejercicio de los derechos humanos, todas garantías fundamentales para el desarrollo.
El comunicado de nuestra Cancillería frente a la oprobiosa persecución que sufren los demócratas en esta nación centroamericana es rotundo: “Colombia ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país, cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”. Como se ve, en este caso el Estado colombiano sigue la tradición democrática de defensa de la libertad y los derechos humanos, consagrados en la Carta de la OEA y que son enseña de nuestra política exterior.
En Colombia siempre hemos tenido un acuerdo firme y tácito, con apoyo de todos los partidos, para defender la democracia y la libertad en la región. Un compromiso que se renueva al apoyar a la oposición nicaragüense, incluso ofreciéndoles a los desterrados y condenados a la apatridia la nacionalidad colombiana. Más allá del litigio jurídico que mantenemos con Nicaragua, no puede haber la menor duda en el apoyo enfático y sólido a los pueblos que sufren dictaduras como la de Ortega. Tampoco se puede bajar la guardia en la denuncia permanente en todos los foros internacionales de la ominosa actuación de esta satrapía.