El consejero presidencial para la Inclusión de Personas en condición de Discapacidad, Jairo Clopatofsky, resalta el avance de la política pública en esta materia. No obstante, reconoce que hay nueve departamentos que aún no la han implementado, aunque cinco regiones se encuentran en proceso de implementación y otras cuatro están recibiendo acompañamiento.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la labor de la Consejería que usted dirige?
JAIRO CLOPATOFSKY: Hacemos parte de la Presidencia y de la Vicepresidencia de la República de Colombia, encargada de la formulación e implementación de las diferentes políticas públicas de discapacidad, en el marco de la agenda de desarrollo sostenible - ODS 2030.
Coordinamos y articulamos a las instancias y actores que hacen parte del Consejo Nacional de Discapacidad establecido por la Ley 1145 de 2007 como organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
ENS: ¿Cómo ha sido su trabajo durante la pandemia?
JC: En 2020 se organizaron varias acciones que permitieron poner en marcha estrategias de apoyo a la población con discapacidad. El Gobierno nacional a través de la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad coordinó diferentes acciones para atender a 1.750.00 hogares colombianos en donde hay, al menos, una persona con discapacidad.
ENS: ¿Cuál ha sido el impacto en las regiones?
JC: Desde la Consejería hemos realizado pactos por la Inclusión y la participación de las Personas con Discapacidad y sus cuidadores. Hoy esos compromisos en las regiones se ven reflejados en la ayudad que día a día dan las gobernaciones y alcaldías a nuestra población.
En todas las regiones se han cumplido diferentes acciones de ayuda a la población vulnerable desde kits de bioseguridad, pasando por mercados, bonos, subsidios etc.
ENS: ¿Cómo está Colombia en política pública frente a la discapacidad?
JC: Gracias al acompañamiento de esta Consejería en la actualidad 23 de los 32 departamentos y cinco de los seis distritos cuentan con su Política Pública de Discapacidad. Cinco más están en el proceso de construcción del Plan de Acción y otros cuatro están recibiendo el acompañamiento por parte de los enlaces territoriales de la Consejería a través de la asistencia técnica para brindar los lineamientos y la ruta establecida.
ENS: ¿De qué recursos dispone la Consejería?
JC: Durante 2020 se asignaron $3 mil millones para Emprendimientos de Personas con Discapacidad. Este año tenemos más de $2 mil millones para la población con discapacidad, con un nuevo componente que son las madres cuidadoras. Con la empresa privada del sector de vigilancia y seguridad hemos puesto a funcionar un proyecto en el que las madres cuidadoras desarrollan el ejercicio laboral desde sus casas en la confección de los uniformes de las empresas de seguridad. Inicialmente esto les asegura ingresos de $500.00 para proyectarlos a $1 millón para junio de este año.
ENS: ¿Cómo ha sido el tema de inclusión laboral?
JC: En inclusión laboral hemos venido articulándonos con el Departamento Administrativo de la Función Pública y logramos que 6.534 personas con discapacidad de las 1.700 entidades que conforman el aparato estatal estén hoy trabajando. Nunca se había visto en ningún Gobierno tanta generación de empleo, es un hito de esta administración. Pero además, a través de 56 pactos firmados se han generado más de 8.422 nuevas plazas de trabajo en el sector privado. Ahora bien, según los datos arrojados por el Servicio Público de Empleo, más de 3.075 personas con discapacidad tienen trabajo formal gracias al apoyo de la red de agencias y bolsas autorizadas.
ENS: ¿En qué municipios no hay una buena política de discapacidad?
JC: Esta Consejería Presidencial trabaja en el fortalecimiento de la política pública, sin embargo, hay nueve departamentos que aún no tienen política pública de discapacidad: Amazonas, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Putumayo, Risaralda, Santander y Vichada.
Para lograr este propósito, cada ente territorial debe promover el reconocimiento y la incorporación de un enfoque de derechos e inclusión social que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida y el goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores desde una participación amplia y suficiente con cada uno de los actores representativos del territorio.