"Reformar Código Penal para que sanciones sean reales y no aparentes"

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Director del Instituto Anticorrupción dijo que conductas con penas muy graves terminan en irrisorias por los descuentos

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué piensa del fallo de la Corte Constitucional a partir del cual la reincidencia no será tenida más en cuenta por jueces para dictar medidas de detención preventiva?

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS: Me parece que es una decisión justa y razonable en el entendido de que el derecho penal aplicable en Colombia debe ser de hecho y no de autor. Es decir,  en Colombia juzgamos a la gente por el acto que han cometido pero  no por lo que son, y eso me parece que va en sintonía con las garantías del derecho penal moderno.

ENS: Sin embargo hay un problema evidente en este asunto pues el Inpec dice que el 20% de la población carcelaria es reincidente, ¿qué está fallando, qué se puede hacer?

CAEV: Toda la estructura de la sanción penal en Colombia está mal  hecha porque le envía a la sociedad el mensaje de que hay ciertas conductas que tienen unas penas muy graves, pero a la hora de realizar la aplicación concreta y práctica del Código Penal y de todos los beneficios que existen por trabajo, por buen comportamiento o por estudio, más los beneficios por aceptación de cargos o los beneficios por colaboración con la justicia, penas que deberían ser muy altas terminan reducidas a penas irrisorias.

Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo  en el que logramos determinar que menos de la mitad de la gente que es condenada en Colombia por delitos contra la administración pública está detenida un solo día, o sea la mitad de la gente tiene suspensión provisional de la pena. Y del otro 50%, el 25% tiene detención domiciliaria y el otro 25% sí va a la cárcel, pero el tiempo promedio de reclusión es de 22 meses.

Es decir, aún la gente que sí  va a la cárcel, que es la que está  condenada por las infracciones más graves con las penas más severas, en promedio solamente dura 22 meses. Y entonces evidentemente el sistema no está siendo suficientemente disuasivo para que la gente no repita los actos corruptos en los que se ve  involucrada.

Luego en  mi criterio la solución es rearmar todo el sistema de castigos del Código Penal para que las sanciones sean reales y no aparentes, que es lo que hoy en día son.  

ENS: ¿En ese sentido qué piensa de que se rebaje el 50% de la pena por confesar la comisión de un delito?

CAEV: Tiene sentido una reducción de la pena, siempre y cuando la persona beneficiada primero colabore eficaz y plenamente con la justicia para identificar a los peces grandes del delito  que esté confesando; segundo, que repare integralmente al Estado por la conducta cometida; y tercero que repare a las víctimas por la conducta cometida.

Si se cumplen esos tres requisitos tiene sentido el beneficio, pero me parece que el 50% es muy alto. Hemos propuesto que el beneficio sea solamente de una cuarta parte de la  pena, es decir, en vez de tener una reducción de la mitad que tenga una reducción del 25%, que sigue siendo alto y sigue siendo un buen incentivo para que la persona colabore con la justicia, pero sin permitir la impunidad, que es lo que hoy en día está pasando.

ENS: ¿Estaría de acuerdo con que independientemente de los beneficios se establezcan mínimos de pena en la cárcel, de acuerdo con la gravedad del delito?

CAEV: Absolutamente porque  se supone que el derecho penal es la última frontera de protección del sistema jurídico, pero la figura de la suspensión condicional de la pena, en particular para los casos  más graves, en Colombia ha venido generando que la gente incurra en cierto tipo de delitos, pero después de ser incluso condenada salga a disfrutar de la libertad de la manera más impune.

Haría claridad que ese abuso se ha ido corrigiendo paulatinamente con las  normas que prohíben el otorgamiento de subrogados o de beneficios para quienes incurran en delitos contra la administración pública. Lo que nos faltaba era las normas que han ido saliendo últimamente relacionadas con la prohibición de beneficios como la detención en casa por cárcel para los corruptos.

Además el sector privado es igual de responsable que el Estado en prevenir la corrupción. Por esa razón, iniciativas como la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que suma a  empresas comprometidas con la prevención de la corrupción, son tan importantes.