Colombia es un país tradicional y estructuralmente inequitativo cuando se trata de las regiones. A aquellos territorios que nos somos ni la Costa Caribe, ni Antioquia, ni Bogotá nos asignan recursos como regiones de segunda y tercera. Infortunadamente la responsabilidad por esta situación ha sido de todos los gobiernos.

El más reciente episodio comenzó el año pasado, durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde con el liderazgo e impulso de los congresistas de la Costa Caribe y la anuencia de los antioqueños, se aprobó cobrar una tasa adicional de 1% a todos los colombianos por kW consumido y 4 pesos por kW a industriales, comerciales y a los hogares de estratos 4, 5 y 6 para sanear las cuentas de Electricaribe.

En su momento encendí las alarmas sobre lo injusto que resulta que en Colombia los recursos se dirijan a las regiones que más poder político tienen. Y ahora que se acerca la fecha de la subasta para vender Electricaribe, el próximo 20 de marzo, hay que volverlo a hacer. El problema no es sólo todo lo que ha hecho el Gobierno Nacional para salvar a Electricaribe. No hay duda que garantizar el servicio de energía de calidad para los colombianos de la región Caribe es una responsabilidad. La discusión de fondo es la tremenda inequidad con que se asignan los recursos y se atienden las necesidades de las diversas regiones.

20 años después de haberla “vendido” a Unión Fenosa, Electricaribe sigue siendo una papa caliente que tiene un pasivo pensional de 1.2 billones y deudas con entidades financieras y proveedores por 2.5 billones, para un total de 3.7 billones de pesos. Sin contar los requerimientos de inversión de 8 billones para los próximos 10 años. ¿Qué nos garantiza que esta solución que vamos a pagar todos si sea la definitiva?

La historia que hay detrás de esta subasta tiene escisiones y deudas que asumirá la Nación. El Gobierno hará una primera subasta del mercado completo de la Costa Caribe, aunque sabe que esto es casi que imposible por la complejidad de la zona. Por eso, se harán otras dos subastas: cada una por la mitad del mercado (Caribe Mar y Caribe Sol), una de estas mitades es invendible.

Pero lo más grave de la subasta que viene son las volteretas que han dado para cambiar los topes de participación en el mercado para que no se configure “posición dominante”. Y eso tiene nombre propio: permitir que Empresas Públicas de Medellín (EPM) la pueda comprar. El artículo 317 del PND autorizó 10 puntos adicionales en la participación en el mercado y el daño no es porque sea EPM, sino porque los mercados de este estilo en donde hay un jugador dominante son ineficientes y se vulnera la competencia en detrimiento de los usuarios.  

Todas estas movidas para beneficiar a la región Caribe y de paso a una empresa antioqueña contrastan con el terrible abandono en que está sumido el Pacífico. Las obras fundamentales no solo para el Pacífico sino para Colombia, como el dragado del puerto de Buenaventura, la doble calzada Buga- Buenaventrura, un metro para el área metropolitana de Cali, por no mencionar el olvido del Amazonas, y el de los Llanos. Sin contar con que la mayor cantidad de zonas pobladas no interconectadas a la red nacional de energía se encuentran en los 4 departamentos que componen el Pacifico colombiano. 

Ya estamos todos pagando el daño de Electricaribe, tambien vamos a pagar los daños al mercado por los cambios a las reglas del intercambio eléctrico. Se pregunta uno si en Colombia hay un estandar para la Costa Caribe, Antioquia y Bogotá y otra para todos los demás.