Gobierno y jefes de entes de control están de acuerdo en que el combate al saqueo de las arcas del Estado debe ir acompañada de reformas legislativas

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Un gran pacto anticorrupción se firmó en Cartagena con los 32 gobernadores del país.

Sin embargo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba estuvieron de acuerdo en que las reformas contra este flagelo tienen que pasar por el Congreso.

En el pacto de 18 puntos se invita a los gobernadores a que incluyan en los planes de desarrollo departamentales los principios anticorrupción fijados por el Gobierno. Las recomendaciones del pacto están hechas con estándares internacionales en materia de la corrupción y están contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia.

En ese contexto, el fiscal Barbosa anunció que le presentará al Congreso una iniciativa para ampliar el papel de la Fiscalía en los departamentos donde se requieren más investigadores y fiscales. “Se lo he dicho a mis directores regionales: que este tema de la corrupción y los recursos públicos será una prioridad en este cuatrenio”, sostuvo.

“Tenemos muchas preocupaciones frente al procedimiento penal que queremos aplicar. La Fiscalía acompañará iniciativas que han sido planteadas en torno a la ley 906 de 2004 que cambió del régimen inquisitivo al acusatorio. Tenemos que advertir una preocupación en temas de interés nacional que han venido siendo afectados por la prescripción de la acción penal en el caso de Interbolsa. Y eso es un asunto que nos preocupa como Fiscalía”, expuso Barbosa sobre otros temas que quiere tratar con los congresistas.

Además, Barbosa le pidió al Congreso implementar una reforma para que “no sea posible aplazar las audiencias públicas y busquemos un mecanismo para que no se venzan los términos. Esa es mi preocupación. Y vamos a cambiar las dinámicas de justicia en Colombia”.

“Si los recursos son apropiados indebidamente y perdemos la batalla contra la corrupción y el delito, Colombia estaría ad portas de la ruptura de su propio Estado de derecho”, precisó.

Justicia

El procurador Carrillo aclaró en Cartagena que la función de los organismos de control no es “venir con la guadaña decapitadora para decirles a los gobernadores que se tengan de sus sillas, porque aquí venimos a derrotarlos y a decapitarlos. Por el contrario, venimos a decirles que tienen la gran oportunidad de construir en estos 100 días un Plan de Desarrollo en función de todos los objetivos que aquí se han mencionado. Unos objetivos que tienen que cumplirse como la transparencia, la probidad en el ejercicio, la ética y otros valores”.

Según Carrillo, en este momento existen desafíos en acceso a la justicia, anotando que la gran reforma de la justicia no tiene que ver con las cúpulas judiciales, sino con el acceso que a ella tenga la ciudadanía.

“Colombia no es un país viable cuando en lo que va corrido del año van más de 15 feminicidios en el país. La defensa de los derechos de la mujer es la gran vergüenza que tenemos en el país. Y no creemos que el populismo punitivo vaya a ser la solución, cuando no hemos fortalecido la jurisdicción de familia. Creemos que el fortalecimiento de la jurisdicción de familia es lo que necesitamos en este momento”.

Contratos

El contralor Córdoba enfatizó en que el organismo a su cargo tiene ahora muchos más dientes gracias a la última reforma que se realizó en el Congreso.

“Gracias al apoyo de los presidentes de Senado y Cámara fue realidad el proyecto de acto legislativo 4 de 2019” que, según dijo, “permite acabar con el proceso sancionatorio que nos hacía imponer una multa y no nos entregaba información. Hoy podemos suspender a ese funcionario hasta 180 días”.

En ese sentido, Córdoba aplaudió el “pacto de transparencia con el que esperamos que toda la información sea en línea y en tiempo real”.

Córdoba advirtió en Cartagena que en Colombia “no solo hay muertos que votan. También salen a contratar y eso no puede seguir presentándose”.

“Les pido de verdad, señores gobernadores, que se pongan en sintonía con las funciones que vamos a estrenar en el próximo mes de abril. Esperamos, como ente de control y luego de aprobada esta iniciativa, que nos ayude a hacer acompañamientos, de tal manera que la Contraloría no espere a que la embarre el funcionario público, sino que ayude a que los procesos salgan adelante”, apuntó Córdoba.

Delito empresarial

La vicepresidenta Ramírez manifestó en Cartagena que Colombia pasa por un buen momento económico, pero que ese progreso debe ir acompañado con el trabajo mancomunado de las instituciones en pro de la gente, por eso “queremos que todos los organismos del Estado tengan la obligación moral y legal de complementar la tarea de todos los demás. Hoy estamos convencidos que la mejor lucha contra la corrupción no es solamente adelantar los proyectos en el Congreso, con los que vamos a lograr que la identidad de los denunciantes se mantenga reservada, sino que también se incluya en la legislación colombiana el delito de las empresas”.

Sobre esto, la dirigente lamentó que en ese terreno Colombia esté inmersa “en la impunidad total” respecto “de los autores corporativos e individuales” de sonados casos de corrupción.

Ramírez sostuvo que ella y el presidente Iván Duque están “completamente obsesionados para defender la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

“Queremos acompañarlos, fortalecerlos y decirles qué hay que hacer cada día más y mejor. Por eso nuestro afán permanente por tener presencia en todas las regiones”, declaró Ramírez, quien añadió “debemos activar este bloque de búsqueda con el que queremos identificar los objetivos de alto valor de la corrupción. Tenemos que saber quiénes son y trabajar en conjunto para frenarlos”.