A la Fiscalía le corresponde decidir la conveniencia o no de dar la libertad a ‘Jesús Santrich’ mientras que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) toma una decisión acerca de la fecha en la cual supuestamente participó en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, por lo cual es solicitado en extradición.

Así lo dejó entrever este martes el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, después de que la JEP diera otros 20 días hábiles más para que este país haga llegar las pruebas que le solicitó a través del Ministerio de Justicia, en una misiva enviada en diciembre pasado pero que por errores en el correo se embolató.

El magistrado Linares explicó que “quien tiene la última palabra para determinar si el ciudadano ‘Santrich’ sigue detenido es la Fiscalía General de la Nación, obviamente hay que continuar con los trámites de extradición que se vienen adelantando”.

Agregó que “lo que señala la sentencia sobre la Ley Estatutaria de la JEP, y en particular su Artículo 153, es que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Presidente de la República, al momento de determinar una extradición, tienen que ponderar los derechos de las víctimas con la cooperación judicial internacional”.

Al dar a conocer la JEP el lunes pasado su decisión de esperar por 20 días hábiles más las pruebas que solicitó al país del norte en este caso, dijo también que “la Sección de Revisión, a partir de la Sentencia C-080 de la Corte Constitucional (que corresponde al estudio integral del proyecto de ley estatutaria de la JEP), ordenó remitir copia de la decisión adoptada al Fiscal General de la Nación y al Presidente de la República para que, en el marco de sus competencias, se examine si hay lugar a realizar un juicio de ponderación en relación con la prolongación de la privación de la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte”.

El argumento de la Sección es que el extravío en Panamá de la carta rogatoria que envió el Ministerio de Justicia y del Derecho constituyó “un hecho ajeno a la Jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los Acuerdos de Paz y no atribuible al destinatario de la solicitud de la asistencia judicial, sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes Estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la remisión de la carta rogatoria”.

Desde hace más de tres décadas la extradición se ha dado solo con el indictment que hace llegar la justicia de ese país, en donde identifica la persona y señala el delito por el cual lo solicita.

No obstante, en esta oportunidad la JEP en el marco de la garantía de no extradición prevista en el acuerdo para los desmovilizados de las Farc, que solicitó la defensa de ‘Santrich’, considera necesario tener las pruebas de los norteamericanos con el fin de poder determinar la fecha en que supuestamente ocurrió el delito, que es la función que le corresponde en estos casos.

Si la JEP establece que ‘Santrich’ cometió el delito por el que lo pide Estados Unidos antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz, permanecerá bajo su jurisdicción para responder por sus actuaciones en el conflicto armado.

En caso que encuentre que ‘Santrich’ delinquió después de la firma del acuerdo será excluido de esta Jurisdicción y su proceso pasará a la justicia ordinaria, en donde enfrentaría su inminente extradición.

Más reacciones

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó este martes acerca de ‘Santrich’ que “en este caso cuando hay tantas informaciones y pruebas de Estados Unidos sobre la vinculación con posterioridad al acuerdo, pues no hay ninguna duda de que tiene que extraditarse”.

Ramírez pidió a la JEP que “Colombia no puede tener una actitud ambigua frente a lo que ha sido siempre una determinación del Estado colombiano, extraditar a todos los narcotraficantes que sabemos cuánto daño le han hecho a este país”.

Mientras tanto, desde el Partido Farc la senadora Victoria Sandino indicó que “a ‘Santrich’ se le debe garantizar el debido proceso en su caso, que los términos no se pueden reabrir al capricho de nadie y en este caso la defensa y el acusado no tiene la culpa de la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia o de la entidad que corresponda”.