Regiones, 'crudas' en acceso de discapacitados a transporte

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Sistemas masivos que operan en distintas capitales sí cumplen normas sobre el particular.

 

 

A pesar de que en 2023 se cumplirá el plazo de 10 años que dio la Ley Estatutaria 1618 de 2013 para que todos los sistemas, medios y modos de transporte público superen el 80% de accesibilidad total a la población con discapacidad, la realidad es que a nivel regional poco es lo que se ha hecho para dar cumplimiento a esta norma.

Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO el experto Ricardo Becerra Sáenz, consultor en diseño universal, movilidad humana, accesibilidad y servicio incluyente.

“No hay normativa precisa en este momento territorial, el caso de Bogotá hay un decreto que establece el plan de movilidad accesible, es tal vez la única junto con Medellín que tienen unos planes específicos, pero en el resto del país es absolutamente pobre y ni hablemos de la provincia. La provincia está totalmente abandonada y los sistemas estratégicos de transporte público como el caso de Pasto, Popayán, Armenia, Ibagué, todavía están en un proceso de desarrollo”, explicó Becerra.

Agregó que “ni  se diga en las ciudades o municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, ahí la población está perdiendo el año. Aun así teniendo una buena normativa pero no hay cumplimiento de la norma y no hay implementación”.

La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se fijan las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establece en materia de acceso y accesibilidad que como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de esta población, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales.

Para garantizar estos objetivos la norma adopta una serie de medidas que en materia de transporte público establecen que “deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de la presente Ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la prestación directa del servicio”.

Añade la norma, que las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.

En dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su adopción.

¿Saludo a la bandera?

Becerra Sáenz dijo que Colombia tiene una riqueza impresionante de normativas, el problema es su aplicación por el sector público y también el privado, como está sucediendo con la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en materia de acceso y accesibilidad.

El experto indicó que producto de esta norma todo vehículo nuevo, infraestructura nueva, terminal de transporte, terminal aérea, embarcación, nave, puerto, muelle, todo debe ser accesible, y “eso no se ha cumplido porque no estamos empoderados. Viene la Ley y nos dice que aquellos medios, modos, infraestructura y comunicaciones de transporte que están precedentes a la promulgación de la Ley deben establecer unos planes progresivos y graduales que garanticen niveles superiores al 80% de accesibilidad en un término no mayor a 10 años, se cumplen en 2023, y todavía estamos muy pobres en eso. En conclusión tenemos la norma pero no la hacemos cumplir”.

En el caso de los sistemas masivos de transporte que operan en distintas capitales del país, Becerra explicó que “todos los articulados y biarticulados de un sistema BRT son accesibles. Se cumple lo del espacio, de hecho la nueva flota que trae Transmilenio para fase uno y fase dos que inicia este año, todos los buses ya vienen con esto. Por ejemplo en un biarticulado que tiene tres segmentos en cada segmento hay una plaza accesible prioritaria”.