Entre enero y diciembre de 2018 el reclutamiento forzado de menores en Colombia se incrementó en 100%, de acuerdo con el informe ‘Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra’, que entregó ayer el colectivo Coalico a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Según el documento, el primero desde la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc en 2016, se documenta que el año pasado se registraron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 117 corresponden a enfrentamientos y otras acciones bélicas que no registraron afectación directa a niñas, niños y adolescentes, y 213 eventos que implicaron afectaciones directas a esta población.

Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico, las afectaciones a niñas y niños durante 2018 aumentaron el doble de las registradas frente al año inmediatamente anterior, cuando se registraron 166 eventos de afectación directa.

El Observatorio, además, dice que frente al reclutamiento forzado de menores en 2018 se registraron 50 eventos, mientras en 2017 hubo 24, es decir un aumento del 100%.

El informe entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP clasifica las afectaciones a los menores de edad en varias categorías de análisis, entre las que sobresalen: muerte, mutilación, ataques a escuelas y hospitales, reclutamiento, violencia sexual, denegación de acceso humanitario y desplazamiento forzado.

Dice el informe que en 2018 los departamentos más afectados por estas conductas atentatorias contra los niños y niñas fueron: Norte de Santander (43 eventos); Chocó (36); Antioquia (30); Nariño (19) y Valle del Cauca (14).

Coalico es la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, está por varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de la protección de la niñez y la adolescencia, y su exclusión de las acciones bélicas. Su lema es “Mi mano es roja para que no haya más niños, niñas y adolescentes en la guerra”.

Día de las Manos Rojas

El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de menores de edad en los conflictos armados cumple 17 años de vigencia luego de haber sido aprobado por la ONU.

Esta herramienta advierte que “los Estados y los grupos armados distintos de las fuerzas armadas del Estado no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años, y deben adoptar medidas de prevención y atender a las víctimas”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que a 31 de diciembre de 2018 había presentado 73 alertas tempranas sobre posibles hechos de reclutamiento de menores, especialmente en Antioquia (15%); Chocó, (12%), Nariño (8%), y Cauca, Córdoba y Meta cada uno con 7%.

Por grupos responsables, se menciona a las ‘Autodefensas Gaitanistas Colombianas’; el Eln y las disidencias de las Farc.

“La Defensoría reitera al Gobierno nacional que debe generar entornos de protección para los niños, niñas y adolescentes, lograr la reducción progresiva de todas las formas de violencia y explotación en su contra y garantizar sus derechos, así como tener mecanismos que faciliten la articulación intersectorial”, dijo el vocero de la entidad en la presentación del informe.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación dijo que según el Registro Único de Víctimas, en el país se contabilizan 7.583 personas que fueron victimizadas por diferentes grupos armados ilegales cuando eran menores de edad.

“El reclutamiento de menores en los grupos armados es una de las peores formas de explotación de la niñez, constituye uno de los peores abusos”, señaló el agente del Ministerio Público.

Con este informe, Coalico pretende aportar elementos que permitan a la Justicia Transicional determinar responsabilidad en los hechos para aportar elementos de juicio en el esclarecimiento de la verdad “y rechazar todas las modalidades de vinculación directa o indirecta de niñas, niños y adolescentes en el conflicto por parte de todos los actores armados, así como la reparación de las afectaciones y las garantías de no repetición para generaciones de jóvenes cuya infancia fue quebrantada por el conflicto armado”, concluye el informe.