Polémica de nunca acabar

  • Ventas ambulantes, espacio público y realidades
  • Más allá de anécdota de la empanada en Bogotá

 

Es sana la controversia nacional alrededor de una multa por más de 800 mil pesos que la Policía de Bogotá le impuso a un joven que compró una empanada a una vendedora ambulante informal.

Más allá del enfoque anecdotario que se le ha querido dar al hecho, sobre todo en las redes sociales y el alud de “memes” al respecto, lo cierto es que el país está en mora desde hace  muchos años de sincerar la discusión sobre qué hacer con los vendedores ambulantes que invaden el espacio público.

Sí, hay suficientes normas, tanto desde el Código Nacional de Policía como desde la propia legislación penal, para castigar a los vendedores ambulantes que no tienen permiso para llevar a cabo sus actividades en andenes, calles, semáforos, medios de transporte masivo y demás espacios públicos. Castigos que van desde el decomiso de la mercancía, la conducción del infractor ante los inspectores de Policía o incluso los jueces, así como otro tipo de sanciones pecuniarias y de resocialización.

Y sí, también, es sabido que en todos los niveles de la administración pública, es decir desde los órdenes nacional, regional y local, se han implementado en las últimas décadas múltiples estrategias para la formalización de las ventas ambulantes en todos los flancos: ordenamiento urbanístico, aporte tributario, regulación sanitaria, capacitación de recurso humano, lucha anti-contrabando, protección al comercio formal, garantía para el tránsito peatonal, respeto a los derechos laborales…

Incluso existe, igualmente, un componente de seguridad y orden público en esta compleja problemática, ya que se ha denunciado en los últimos años el fortalecimiento de mafias que se ‘adueñaron’ del espacio público en determinadas zonas de las capitales y principales municipios, de forma tal que exigen un pago a cada vendedor ambulante por dejarlos trabajar allí, so pena de utilizar la violencia en caso de que no paguen ese cobro extorsivo. Mafias que, además, tienen nexos con otras actividades delincuenciales localizadas como el microtráfico, atracos callejeros, receptación de mercancías hurtadas…

Y no es menos cierto, asimismo, que en los últimos años se ha multiplicado el número de personas que ganan su sustento diario con las ventas ambulantes, ya sean en improvisados puestos permanentes o deambulando a lo largo de calles, avenidas, parques, semáforos, buses y articulados. Las propias estadísticas del Dane sobre las dinámicas del mercado laboral dan cuenta de un aumento del subempleo o empleo informal, lo que popularmente se denomina como “rebusque”. Entre las causas de ese pico de ventas callejeras están el aumento del desempleo derivado de una economía y sistema productivo estancados, una mayor cantidad de personas de todas las edades que ingresan a la oferta laboral así como la irrupción de un volumen significativo de migrantes venezolanos que disputan con la población local plazas formales o informales…

Y a todo lo anterior deben sumarse, claro está, las políticas distintas que aplican, sobre todo los alcaldes, en materia de control a la ocupación ilegal del espacio público. Algunos mandatarios si bien tienen a su disposición los códigos de Policía y Penal para adelantar los operativos de recuperación de las zonas invadidas, se abstienen de hacerlo, ya sea porque son conscientes de que es el único medio de sustento de centenares de habitantes de su jurisdicción, o simple y llanamente porque no quieren enfrentarse a una asonada general. Es una situación similar a lo que ocurre con la tolerancia de algunas autoridades locales a actividades prohibidas como la minería artesanal o el mototaxismo.

Por último, son conocidas las controversias en la ciudadanía al respecto. Están, por ejemplo, quienes consideran que es mejor que una porción de desempleados se dedique a las ventas ambulantes antes que a delinquir o a vivir de los subsidios estatales; los que defienden los derechos de los comerciantes que sí cumplen la ley y pagan impuestos, y quienes replican que la carestía de estos establecimientos es lo que incentiva a la amplia clientela de los vendedores informales; también están aquellos que piensan que las ventas ambulantes son un problema pero que la prioridad de las autoridades no debe ser perseguirlos ni a sus compradores, sino combatir prioritariamente delitos más graves como el hurto callejero o microtráfico…

Ninguno de esos argumentos es nuevo. Todo lo contrario, es una problemática que surge de tanto en tanto sin que nunca se haya llegado a una decisión nacional, obligatoria, última y definitiva sobre qué hacer con los vendedores ambulantes. Un debate tan reiterado, desgastado como inconcluso que mezcla cuestiones políticas, económicas, sociales e institucionales de forma y fondo. La pregunta, entonces, es una sola: ¿ahora sí irá más allá?...