Piden racionalizar uso de cárcel para mujeres

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La mayor parte de las mujeres internas en cárceles de Colombia no ha cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, en tanto que 45,2% fueron detenidas por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes.

El hecho de estar privadas de libertad no afecta a las organizaciones del narcotráfico, pero sí a sus núcleos familiares ya que en muchos casos son cabeza de familia.

Así lo señala el informe ‘Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género’, investigación que cuestiona si la prisión debe ser la respuesta dominante frente a la población que no representa un riesgo alto para la seguridad ciudadana.

El estudio fue presentado ayer por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE), con base en más de 1.100 encuestas realizadas a hombres y mujeres privados de libertad en siete centros penitenciarios del país.

El perfil de las mujeres privadas de libertad en las cárceles colombianas muestra que son cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia.

“La mayor parte no ha cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes judiciales existentes. De hecho, 53.4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva”, indica el estudio.

También reseña que “al momento de su encarcelamiento 85% eran madres, y 54% vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuáles eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención. Con su encarcelamiento se rompe el núcleo familiar lo que deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente”.

Como consecuencia de esta problemática, la investigación cuestiona si la prisión debe ser la respuesta dominante frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que tienen responsabilidades de cuidado.

Para Liliana Sánchez, principal investigadora del informe, “es necesario ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para mujeres infractoras que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana y que tienen responsabilidades de cuidado”.

Proponen alternativas

Los autores del informe abogan por un diseño e implementación en Colombia de alternativas a la prisión para las mujeres infractoras que incorpore una perspectiva de género y un enfoque de justicia restaurativa, así como una política criminal centrada en la prevención y la reinserción promoviendo mayores programas laborales y educativos para recluidas y pospenadas.

“Las medidas alternativas generan costos menores y son más efectivas para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en contacto con el sistema penal”, añadió Sánchez.

En este sentido, el jefe de la Delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, indicó que  “deberíamos preguntarnos por el costo social que tiene la privación de libertad de estas mujeres y si la sociedad colombiana realmente es más segura teniéndolas en centros de detención, o si por el contrario estamos aumentando la vulnerabilidad de las personas que tienen a su cargo y el riesgo de que más personas se vinculen con la delincuencia”.

El estudio indica que un elemento del contexto que sugiere la necesidad de ampliar y potencializar las alternativas a la cárcel es la tendencia al populismo punitivo y el uso de la prisión, lo que se refleja en la alta incidencia de la detención preventiva y el alto número de personas privadas de la libertad por delitos de posesión.

Añade que el populismo punitivo se ha reflejado de forma particular en la población de mujeres privadas de la libertad, pues su número ha aumentado más que de hombres. Esta tendencia se repite en cuanto a detención preventiva y en el caso de internos por delitos relacionados con estupefacientes.

Entre 1991 y 2018, la tasa de prisión en el país aumentó casi tres veces, pasó de 84.3 en 1991 a 236.7 en junio de 2018. En el mismo período, la tasa de mujeres en prisión por 100.000 habitantes de ese género pasó de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de 2018. Mientras la tasa de la población penitenciaria general aumentó en 151%, la tasa de mujeres en prisión aumentó en 219%, es decir la tasa de mujeres se incrementó 68 puntos porcentuales más en el mismo período.

El estudio indica que las alternativas con enfoque de género deben incorporar intervenciones orientadas a enfrentar los factores habituales por los que las mujeres entran en contacto con el sistema penal; por ejemplo, cursos terapéuticos, tratamientos, programas de educación y capacitación para mejorar sus posibilidades laborales.

“Este tipo de alternativas es más efectiva que la prisión para reducir el delito y minimizar el costo para las mujeres, sus familias y la sociedad en general”, indica el informe.

Otra de las alternativas que se proponen es acudir a la justicia restaurativa a través de programas que sean complemento a la justicia penal y pueden implementarse en cualquier etapa del proceso penal. Pueden ser alternativas a la prisión o pueden ser parte de una sentencia que también impone prisión.

Agrega el informe que diseñar e implementar las alternativas a la prisión con enfoque de justicia restaurativa puede contribuir a restaurar el orden en la comunidad y reparar las relaciones que se dañaron; denunciar el comportamiento delictivo como inaceptable y reafirmar los valores de la comunidad; dar a las víctimas voz para expresar sus necesidades en el proceso de resolución del conflicto; promover reconocimientos de responsabilidad; identificar resultados restaurativos; prevenir la reincidencia a través de motivar la transformación de la persona, enfrentar los factores que llevaron a la comisión de la conducta delictiva y facilitar su reintegración a la comunidad.