“El Gobierno no acepta, tolerará ni promoverá organizaciones ciudadanas armadas”, dijo

“El Gobierno tiene claro que los temas relacionados con los cultivos ilícitos no se resuelven acabando con la mata de coca, que se requieren unas transformaciones estructurales en los territorios que permitan sustituir esas actividades ilegales por otras legales”, manifestó el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la orientación de la Política de Defensa y Seguridad del Gobierno presentada la semana pasada por el presidente Iván Duque?

RAFAEL GUARÍN: Es un plan moderno que responde al contexto de seguridad actual, que tiene un enfoque multidimensional y que innova en diversas áreas frente a lo que ha sido la política en materia de defensa y seguridad en los últimos años en Colombia.

ENS: Se ha destacado que se va a fortalecer la cooperación de la ciudadanía…

RG: Hay como tres aspectos centrales, que son importantes en esta visión de la política.

Primero, un liderazgo muy fuerte en cabeza del Presidente de la República, que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es sumamente importante. Segundo, un compromiso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y tercero, la participación activa de los ciudadanos, en el marco de la Constitución, dando respaldo a la Fuerza Pública, así como a las instituciones de justicia y seguridad.

Esos tres elementos son indispensables.

Ahora hay una iniciativa que el presidente Duque directamente ha liderado desde el primer Consejo de Seguridad, que lo hicimos en San Andrés y Providencia el 8 de agosto: es la conformación de una red de participación cívica. ¿Qué es eso? Es la utilización de las nuevas tecnologías de la información para establecer canales de comunicación eficaces entre los ciudadanos y las autoridades.

Lo que se propone son redes vivas de comunicación para buscar mayor eficiencia en la seguridad y la respuesta de la Fuerza Pública ante situaciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos, pero además tiene otros ámbitos de acción. Por ejemplo, pueden ser muy útiles en casos de emergencia o de atención de desastres. También van a ser muy útiles para que los ciudadanos fiscalicen la conducta de nuestros soldados y policías.

La única arma que van a tener esos ciudadanos es el teléfono celular.

En ninguna parte del documento, como usted podrá observar, se habla de que los ciudadanos cooperen a cambio de dinero o que se involucren en actividades de inteligencia. Eso no hace parte de la política.

ENS: ¿No estarán armados?

RG: El Gobierno orienta la política a logar el desarme de la ciudadanía, a través de perseguir a quienes tienen armas de manera ilegal; ese es un foco central. Y segundo, restableciendo el principio constitucional de que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado. Solo por razones excepcionalísimas los ciudadanos podrían tener acceso a las armas.

El Gobierno no acepta ni tolerará, ni promoverá organizaciones ciudadanas armadas. Eso no cabe dentro de la política.

ENS: ¿Cómo se afrontará el tema de los cultivos ilícitos?

RG: El tema de las economías ilícitas, en particular el tema de la coca, está en un capítulo que llama “Sustitución de economías ilícitas por lícitas”. Eso significa que el Gobierno tiene claro que los temas relacionados con los cultivos ilícitos no se resuelven acabando con la mata de coca, que se requieren unas transformaciones estructurales en los territorios que permitan sustituir esas actividades ilegales por otras legales.

De ahí que el concepto de la política es que al mismo tiempo que hay un despliegue de la Fuerza Pública para enfrentar a los narcotraficantes y a los grupos armados organizados vinculados a esa actividad, pues tiene que llegar el conjunto de las instituciones del Estado para poder cambiar las condiciones y transformar los territorios.

¿Cómo lograr hacer eso? En el Gobierno somos conscientes de que los  desafíos en materia de control institucional son diversos en muchas partes del territorio nacional y que lo que tiene que haber es una focalización de esfuerzos, al punto de llegar a poder identificar zonas donde debemos intervenir con prioridad y con mayor intensidad, con el fin de iniciar un proceso de transformación estructural de los territorios que permitan superar la situación que hoy viven de violencia vinculada a estas economías ilegales.

ENS: ¿Cómo se plantea el combate a las disidencias de las Farc?

RG: La instrucción desde el 7 de agosto para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional es estar a la ofensiva permanentemente contra esas estructuras.

Para eso la política incorpora nuevos instrumentos para golpear estas organizaciones en su espectro completo, es decir no solo ir detrás de los cabecillas de estas estructuras armadas, sino poder afectar sus finanzas, su capacidad de reclutamiento, las operaciones de lavado de activos, los mecanismos de control y opresión a las comunidades. Ahí habrá una estrategia integral.