Enderezar discusión del PND

  • La esencia misma del voto programático 
  • No confundir con una ley de presupuesto

 

 

Dentro de la más sana perspectiva democrática e institucional un Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, ante todo, una hoja de ruta de la gestión del gobierno de turno. Incluso bien podría decirse que más que responder a un consenso político e institucional de amplio espectro con las otras ramas del poder público, constituye la esencia misma del voto programático que el Ejecutivo debe cumplir acorde con lo prometido en campaña y que le allanó el apoyo de las mayorías para llegar a la Casa de Nariño. Si bien es cierto que los teóricos de la planificación insisten en que el Plan debe ser la plataforma para delinear políticas de largo plazo y de Estado -que sería el ideal-, es evidente que cumplir esa premisa resulta difícil con un mandato presidencial de apenas cuatro años y menos aún eliminada la posibilidad de reelección inmediata.

En el arranque de la discusión en el Congreso sobre el proyecto de ley del PND la constante ha sido no solo la crítica o el apoyo de las bancadas a lo que está contemplado en la hoja de ruta cuatrienal planteada por el presidente Iván Duque, sino también la intención de variar sustancialmente los ejes transversales de la misma. Si bien es cierto que la capacidad deliberativa y reformatoria del Parlamento no tiene mayores limitantes o restricciones en el trámite de este particular proyecto de ley, no deja de preocupar que la norma que pueda salir aprobada difiera de forma significativa del pensamiento y énfasis de gestión del Ejecutivo de turno. Las urnas señalaron un rumbo a tomar así como al timonel para seguirlo, y no resulta lógico, dentro de la más sana perspectiva democrática e institucional, que el Gobierno no pueda poner en práctica las políticas y programas con que se ganó el favor popular. Tampoco resulta sano que la oposición trate de filtrar en esta ley aquello que no recibió el voto mayoritario.

En segundo lugar, algunos senadores y Representantes no parecen tener en claro qué es y cuál es la función de un Plan de Desarrollo, que si bien es la norma marco que fija las metas y políticas del mandato, no puede derivar tampoco en un articulado confuso al que se le ‘cuelgan’ toda clase de proyectos y propuestas, sin importar  cuál sea su alcance y si se encuadran con los objetivos fundacionales del mismo. De igual manera, aunque el proyecto de ley prevé inversiones por más de 1.100 billones de pesos, no es una ley presupuestal ni mucho menos el receptáculo de cuanta iniciativa de gasto tengan los parlamentarios para sus respectivas regiones y fortines políticos, más aún en un año electoral.

Como ya lo hemos reiterado en estas páginas, el debate en las comisiones y plenarias es para delinear un PND que sea moderno, práctico, realista y realizable. Las discusiones deberían dirigirse a ese objetivo y a las reformas que los congresistas consideren necesarias para cumplir las metas fijadas a corto, mediano y largo plazos en el mismo. No se trata de considerar intocable la propuesta. Todo lo contrario, hay que examinarla artículo por artículo y poner sobre la mesa aquellos asuntos que difieran de los énfasis gubernativos prometidos. De hecho, ya la Casa de Nariño ha tenido que ceder en algunas propuestas que, como la posibilidad de quitarle los subsidios de energía eléctrica al estrato tres o la flexibilización en la delimitación de los páramos, generaron múltiples alertas de senadores y Representantes. Igual debe ocurrir con una serie de asuntos que urgen ser ajustados o, al menos, una respuesta clara y contundente que justifique su aprobación tal y como vienen en la propuesta inicialmente radicada.

No se puede desconocer a estas alturas que la construcción de la ley del Plan demandó varios meses de audiencias regionales y locales, con amplia participación de todos los sectores políticos, económicos, sociales, institucionales, gremiales así como de voces y organizaciones de la más diversa índole, bajo un concepto de inclusión y conjunción de voluntades alrededor de unas metas y objetivos precisos. Un proceso que desembocó en una propuesta integral denominada “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que concentra los ejes fundamentales del norte gubernativo en el presente cuatrienio.

Visto todo lo anterior, se hace imperativo que el debate al PND en el Congreso se enderece y concrete a los parámetros propios de la hoja de ruta del gobierno Duque, sin querer desnaturalizarla, burlar el mandato popular que le dio origen, desconocer la supremacía constitucional ni mucho menos convertirla en una ‘torre de babel’ de proyectos y conceptos tan confusos como etéreos. Y menos aún, caer en el terreno estéril de querer confundirla con una ley de presupuesto a la que se le pueden ‘colgar’ un alud de iniciativas sin orden, respaldo fiscal ni coherencia alguna.