A mitad de semana se ha conocido una noticia que ha causado una justificada alarma general. La Policía Nacional está multando a los compradores que adquieren productos en el espacio público. Al inicio se trató de un problema puesto de presente por un joven empleado que en Bogotá D.C. fue sancionado con una “multa general tipo 4” (4 salarios mínimos diarios legales vigentes) por adquirir e ingerir empanadas en vía pública.

En la misma semana se conoció igual medida contra los comelones de chontaduro en Cali (Valle) y un operativo en Armenia (Quindío) en el que se emplean 5 patrulleros para lanzar al piso y esposar, antitécnicamente, a un peligroso comerciante de paletas en la vía pública a quien finalmente detienen junto con el carro rojo de paletas.

El operativo de Bogotá contra las “empanadotraficantes” parecía un caso aislado e incluso la Policía Nacional explicó en una nota de prensa publicada por Caracol Radio que se trataba del cumplimiento de una acción de tutela y que había advertido antes a los compradores sobre la peligrosidad de su conducta.

Sin embargo, en la misma semana se han conocido videos vía twitter que dan cuenta de operativos similares en otras ciudades contra “heladotraficantes” y “chontadurotraficantes” que demostrarían una política general de la Policía Nacional que al parecer encuentra en el microtráfico de cualquier sustancia o producto el origen de todos los males de la inseguridad rampante en las ciudades.

La Policía Nacional alega como fundamento jurídico de las multas que está imponiendo, los artículos 92 numeral 10 y 140 ordinal 6º del Código Nacional de Policía y Convivencia. La Policía interpreta que los verbos “propiciar” del artículo 92-10 y “promover o facilitar” del 140-6 los realizamos todos los ciudadanos cada vez que compramos en el espacio público lotería, aguacates, periódicos o cualquier producto e incluso cada vez que donamos algo a la Cruz Roja en el día de la banderita.

Parece una interpretación muy arrevesada esa de que el comprador ocasional propicia, promueve o facilita la ocupación del espacio público y no las mafias que explotan calles, esquinas y vendedores. Pero no es solo la peligrosidad de la tesis que le deriva responsabilidades inexistentes a los ciudadanos sino la afectación Institucional que semejante genialidad le causa a la propia Policía.

La legitimidad de la Policía Nacional se ve seriamente afectada por la evidente injusticia de su actividad. Es muy difícil que la Institución obtenga respaldo ciudadano o incremente el reconocimiento social cuando se ven piquetes de Policías persiguiendo a señoras mayores para decomisarles un canasto con empanadas o arepas o lanzando al piso y esposando a un ciudadano por el “delito” de vender helados.

El propio Código le exige a la Policía criterios de proporcionalidad y razonabilidad en el cumplimiento de sus funciones y, sobre todo, “evitar todo exceso innecesario”.

Si la Policía no corrige su comportamiento, es posible que no solo deterioren aún más su imagen y obtengan rechazo ciudadano, sino la excomunión, pues no hay Institución más tradicional que la de las empanadas parroquiales, ni riesgo más grande que el de darse con la Iglesia.

@Quinternatte