LAS CIFRAS que se manejan en el país sobre el reclutamiento forzado de menores no corresponden a la realidad.

Así lo denunció ayer la Procuraduría General de la Nación al lamentar ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la falta de cifras reales que permitan hacer una radiografía del daño y los efectos que tuvo el reclutamiento ilícito y la vinculación a la guerra de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio Público en la entrega del informe “Infancia transgredida, niñas, niños y adolescentes en la guerra”, sostuvo que según el Registro Único de Víctimas, 7.583 menores fueron vinculados ilegalmente a grupos armados al margen de la ley, cifra que no correspondería a la realidad por causa del subregistro.

Incluso, el ente de control celebró que la JEP priorice los procesos relacionados con el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para esta población víctima del conflicto armado.

La Procuraduría recordó que el protocolo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, establece los 18 años como edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los estados que hagan todo lo posible para evitar que personas menores participen en las hostilidades.

De igual manera la entidad insistió que, como lo establece el protocolo, los derechos de los niños requieren una protección especial, para garantizar sus derechos a desarrollarse y ser educados en condiciones de paz y seguridad.

Para el ente de control disciplinario los colombianos requieren saber en qué falló la institucionalidad, por qué el Estado no pudo evitar la espiral de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y no hizo realidad el principio irrevocable de que los derechos de los menores constituyen un interés superior.

La entrega del informe coincidió con el “Día de las manos rojas”,  que conmemora la firma del protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de menores en conflictos armados.

Precisamente esta semana la plataforma de ONG denominada ‘Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia’ le entregó un informe a la JEP, según el cual entre enero y diciembre de 2018 se registraron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 117 corresponden a enfrentamientos y otras acciones bélicas que no registraron afectación directa a niñas, niños y adolescentes, y 213 eventos que sí implicaron afectaciones directas a esta población. Lo anterior da cuenta de un incremento en este último aspecto, ya que durante 2017 hubo 166 casos.

Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca fueron los departamentos más afectados.

Frente al delito de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado se registraron 50 eventos el año pasado, más del doble de los 24 registrados en 2017.