- Racha de exmandatarios latinos procesados
- Deterioro en cúpula de la institucionalidad
No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que uno de los grandes problemas no solo de Colombia sino de la política latinoamericana en general -aunque es un flagelo que se da también en otras latitudes- es que la majestad del servicio público se ha ido difuminando, con el agravante de que ya no se trata de empleados oficiales de bajo o mediano rangos, sino que el flagelo de la corrupción se ha enquistado en lo más alto de las cúpulas de poder, sobre todo de las políticas. El ejercicio de los cargos más importantes y de poder en el Estado no es visto por muchos dirigentes como una oportunidad para demostrar su valía y capacidad de servicio a los intereses de la sociedad, sino como una patente de corso para actuar en beneficio propio, esquilmando al máximo el erario o torciendo las actuaciones institucionales para beneficiar a terceros de forma espuria y deliberada.
Esta semana la política latinoamericana se sorprendió con el encarcelamiento del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, quien fue detenido, junto a varios antiguos colaboradores, en el marco de un proceso de corrupción en una millonaria transacción en el sector del transporte público. Lamentablemente no fue una sorpresa para la atribulada población de la nación centroamericana ya que el antecesor del hoy preso, Otto Pérez, también fue arrestado hace tres años por un fraude aduanero. Es más, el actual mandatario, Jimmy Morales, también está en la mira de la justicia por financiamiento electoral ilegal. Aunque la Fiscalía pidió su desafuero, el Congreso se opuso.
Sin embargo, como se dijo, el caso guatemalteco es apenas uno más dentro de una racha de expresidentes que hoy están siendo procesados judicialmente en sus países. Por ejemplo, para seguir en Centroamérica, esta semana el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue dejado en libertad en Estados Unidos, en donde llevaba varios meses preso por cuenta de una petición de extradición de la justicia de su país que lo investiga por espionaje y corrupción. Aunque fue excarcelado, el proceso para enviarlo a su nación sigue pendiente de definirse.
Incluso, en esta misma región, en medio de la agitada campaña presidencial mexicana, hay muchos que insisten en que el presidente Enrique Peña Nieto debe ser investigado por acusaciones periodísticas que señalan que su campaña electoral habría recibido apoyo monetario de la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht.
Y es que por cuenta del mayor escándalo de sobornos en la historia del continente, hay varios exmandatarios ante los tribunales. Por ejemplo, en Perú está preso Ollanta Humala en tanto su antecesor Alejandro Toledo huyó a Estados Unidos pero está pedido en extradición. Otro expresidente, Alan García, también sería indagado, en tanto que el actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que afrontar un juicio político en el Congreso, del cual salió sorpresivamente a salvo luego de que el fujimorismo se dividiera. El indulto apenas unos días después al condenado expresidente de origen nipón prendió las sospechas sobre un acuerdo bajo la mesa entre las partes.
En Brasil, el expresidente Inacio Lula Da Silva, que busca volver al poder, fue condenado semanas atrás a 12 años de prisión por corrupción al haber recibido un apartamento en medio del escándalo de sobornos conocido como “Lava Jato”, que tiene nexos con el caso Odebebrecht. Incluso el presidente Michel Temer fue salpicado y afrontó un duro proceso en el Legislativo.
De otro lado, en Ecuador este escándalo ya le costó el cargo al ex vicepresidente Jorge Glas, hoy preso.
Incluso en Colombia, las campañas presidenciales de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos también están bajo la lupa de investigaciones por aportes anómalos de Odebrecht. Y para cerrar, en Panamá la familia de Martinelli también es indagada por nexos con este consorcio brasileño.
Pero el rosario de exmandatarios empapelados con la justicia no termina ahí. Por ejemplo, la expresidenta argentina Cristina Kirchner ya tiene encima un llamado a juicio por una acusación de defraudación al Estado. A ello se suma que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien acaba de perder un plebiscito que le cierra la posibilidad de volver al poder, también está siendo indagado por un presunto perjuicio al Estado en la venta de petróleo a China y Tailandia.
Y como si todo lo anterior fuera poco, hace unos días la Corte Penal Internacional puso al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su radar debido a los "presuntos crímenes" cometidos durante la violenta represión a las manifestaciones opositoras del año pasado.
Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que semejante racha de expresidentes y mandatarios investigados o salpicados en graves escándalos de corrupción, lo único que produce es que la confianza en la institucionalidad y la cúpula del poder siga en deterioro acelerado en el continente.