* Impacto de propuestas nacionales a nivel local
* Una campaña donde se juega la libertad democrática
Faltando ocho meses para las elecciones regionales y locales en Colombia parece que candidatos ni electores estuvieran pendientes, para nada, de este evento clave. El campanazo no es para menos si se tiene en cuenta que el cronograma de los comicios, en que se escogerán las autoridades correspondientes en todos los escalafones del ámbito descentralizado, ya está corriendo. Además, se trata de una justa que se supone será crucial para definir la polarización en que se debate el país y que no pocos reputan como una segunda fase de las elecciones presidenciales.
Inclusive, mucho de lo que acontece con las controvertidas y candentes propuestas que hoy se discuten a nivel nacional repercutirá, en su gran mayoría, a nivel local. Caso concreto, la estrepitosa reforma de la salud o, de otra parte, los anuncios de la ley de sometimiento a la justicia de las bandas multicrimen. Para no hablar, asimismo, de las modificaciones cardinales que se anuncian en el tema de las pensiones, la repentina intromisión en los servicios públicos o la intempestiva transición energética que, sin ningún tipo de gradualidad, acabará al corto plazo con buena parte de los recursos regionales sin reemplazo a la vista. Y todo ello, como se sabe, con el trasfondo clientelista de que se ha hecho gala entre el Gobierno y el Congreso.
No deja pues de llamar la atención la lentitud de la campaña cuando, por el contrario, lo que se ha propuesto desde el gobierno es la toma de las calles. Ahora más bien es menester avanzar en lo que toca a un sistema democrático vigoroso, que es la movilización del voto, en vez de distraer las energías en la indebida presión al Congreso. Es indefectible que las campañas regionales, distritales y municipales hagan, entonces, parte de las discusiones nacionales, más aún cuando se observa un claro propósito de interferir desde el gobierno nacional en competencias eminentemente descentralizadas, como en el Metro de Bogotá.
Por su parte, ya son varios los gobernadores que han señalado la urgencia de clarificar el alcance del cese el fuego con varias de las organizaciones criminales que se campean en los territorios. Crecen las voces que indican desde las regiones el riesgo de una injerencia de estas facciones en la campaña, pero ante todo advierten la impotencia a que ha sido sometida la Fuerza Pública. Sobre lo que, por lo demás, no saben qué hacer. Esta es una situación que requiere de una claridad inmediata, puesto que se trata nada menos que de la presencia de la autoridad legítima y de las garantías a los electores sin las cuales es, por supuesto, un dislate hablar de democracia.
De otro lado, en máximo un par de semanas vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos informen al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas. Esto último implica, entonces, que se está a muy poco tiempo del primer banderazo en la contienda electoral cuando han de escogerse los candidatos definidos por estos mecanismos. Todavía con mayor razón en casos como los de la capital del país que estrenará la segunda vuelta electoral para la elección a la alcaldía, salvo que se quiera volver la campaña distrital un salpicón impredecible, como sucedió en las presidenciales.
En tanto, ya parece un hecho que habrá un alud de candidatos por firmas en la pelea por gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales que competirán con los partidos, tanto los establecidos como aquellos con nueva personería jurídica. Es decir, habrá un incremento sustancial de los “movimientos significativos de ciudadanos”. Es urgente evitar la trashumancia, así como que se garantice la certeza de los datos electorales tanto en los escrutinios como en su respectiva transmisión y publicación para evitar los confusos sucesos de las elecciones parlamentarias en los que, incluso, se habló de fraude de modo reiterativo.
Son pues muchos y de alto calado los temas que están al aire a ocho meses de las urnas. Temas que exigen decisiones en el aquí y el ahora, como ocurre con las garantías electorales en los departamentos más azotados por las amenazas, la violencia y la confusión en torno a los ceses del fuego decretados. No en vano al gobierno nacional le corresponde amparar la buena marcha de las elecciones, así como garantizar que se pueda adelantar un debate abierto y libre tanto de cualquier tipo de presiones como de componendas clientelistas. Ni las del gobierno, ni las de ningún agente, cualquiera sea, que ponga en riesgo aquello que es sustancial en el sistema del país: la libertad democrática.