Han pasado poco más de 12 años desde cuando, a finales de 2008, un grupo de mujeres que empezaron a ser llamadas como “las madres de Soacha”, progenitoras de 19 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en Ocaña, Norte de Santander, denunciaron que sus hijos, residentes en ese municipio cundinamarqués y en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, fueron engañados con falsas promesas de trabajo para abandonar sus hogares.

Como lo registró por aquel entonces EL NUEVO SIGLO, algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.

El país se impactó con la denuncia, más aún después de se empezó a evidenciar que esta clase de hechos no era aislada. Poco a poco empezaron a multiplicarse las historias sobre civiles asesinados en situación de indefensión que eran presentados por algunas unidades militares como bajas en combate.

Aunque es un delito que se tipifica como homicidio en persona protegida, aunque algunos penalistas prefieren denominarlo ejecución extrajudicial, lo cierto es que rápidamente hizo carrera en Colombia el nombre de “falsos positivos”, porque “positivo” es la palabra usada en el lenguaje castrense para señalar el éxito en una misión. Obviamente se constituye en “falso” cuando lo presentado no concuerda con la realidad.

Crimen

¿Por qué se dio tal desvío de la misión de la Fuerza Pública en la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos? Algunos analistas señalaron que el origen de los “falsos positivos” fue la exigencia desaforada de resultados antisubversivos a las unidades militares así como el sistema de reconocimientos a las que reportaran el mayor número de delincuentes neutralizados.

Precisamente por ello es que en octubre de ese mismo 2008, el entonces fiscal general Mario Iguarán le pidió al gobierno Uribe revisar la directiva ministerial 029 de 2005 sobre el tema de recompensas. "Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial", alertó el ente acusador.

Dicha directiva, firmada por quien fuera en aquel momento ministro de Defensa, Camilo Ospina, fijaba criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y posterior planeamiento de operaciones. Ospina, que para el momento de las denuncias de las madres de Soacha ya era embajador en la OEA, indicó que la directiva "no estimulaba de ninguna forma ni autoriza la muerte fuera de contexto".

Lamentablemente las raíces del delito parecen ser mucho más profundas. En enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA, publicado por la ONG National Security Archive, reveló que desde 1994 los “falsos positivos” eran una práctica usual en Colombia. Y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978.

¿Cuántas víctimas?

La base de datos más exhaustiva de víctimas de “falsos positivos” la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) un listado de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Otros guarismos presentados a la JEP fueron los del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que registra 1.741 víctimas de 1984 a 2011, y el de la agrupación de organizaciones sociales "Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos" que cita 1.257 víctimas de 2002 a 2014.

Sin embargo, ayer la JEP informó que su investigación arroja hasta el momento una cifra todavía mayor al cierre de la primera fase de investigación del Caso 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”.

Tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos para determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal, el proceso de la JEP arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.

El estudio señaló que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos los territorios priorizados: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Cada una de estas regiones conforma un subcaso.

En el comunicado de la JEP se reconoce cómo las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

Según la JEP, las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

La Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.

Réplica de Uribe

Obviamente, el informe de la JEP sobre la mayor cantidad de casos de “falsos positivos” apunta a los gobiernos de Álvaro Uribe.

Este precisamente salió a replicar ayer a esa jurisdicción. Lo hizo a través de un largo comunicado en donde advierte que se trata de un “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” que tiene “un solo propósito, como lo celebra The Economist: desacreditar a mi persona”.

También señaló una serie de organizaciones que la JEP tuvo en cuenta para el proceso, pero que Uribe dijo “tienen en cuenta, de marcada orientación política y enemigas declaradas del gobierno que presidí”.

“Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias. Refiero en esta nota a algo de lo que he repetido sobre el tema, que venía de décadas atrás con la particularidad de que en los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente”, sostuvo el exmandatario.

Recordó que “recién iniciado el gobierno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”.

Tras hacer un recuento de las acciones de su mandato contra estos casos delictivos y su exigencia de máxima transparencia a la Fuerza Pública, el exmandatario recalcó que “siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas”. 

“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas”, puntualizó.