- Solución de fondo para evitar paro camionero
- Blindar el proceso de reactivación económica
Los peajes son una realidad poco estudiada en la economía del transporte en Colombia. Según un estudio reciente, durante los últimos seis años se ha recaudado a través de este mecanismo la suma de 26 billones de pesos. En el país existen 177 peajes, 100 de los cuales están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 45 los administra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el resto pertenecen a la órbita de las firmas constructoras concesionarias y de los municipios.
En la última semana la asociación de transportadores de carga realizó una jornada de protesta en varias ciudades del país, que afortunadamente transcurrió de manera pacífica. En Cartagena la inconformidad ha sido tan seria que llevó a dispensar del pago de peajes a los automóviles privados en dos casetas que impactan el tránsito metropolitano de la capital de Bolívar. Ya el Ministerio de Transporte mantiene un intenso diálogo para apaciguar a las asociaciones de camioneros.
Pero la mecha sigue prendida. El motivo del malestar es casi siempre el mismo: reajuste de las tarifas de los peajes por encima de los índices de inflación; ubicación de las casetas de cobro a muy poca distancia unas de otras; y encarecimiento drástico de los costos del transporte en el modo carretero, agravando la crisis económica de las empresas, propietarios y conductores, que aunque en medio de la pandemia siguieron trabajando, es claro que también sufrieron afectaciones fuertes en sus ingresos. Tampoco se puede olvidar que los sobrecostos en la cadena del transporte se terminan trasladando al consumidor final de productos, bienes y servicios.
El Ministerio argumenta que los peajes no están dentro del ámbito de su jurisdicción, aunque viene tratando de mediar en los reclamos que deben atender y solucionar, según esa cartera, la ANI, Invías, los concesionarios y los municipios, que son los directamente responsables del tema de tarifas y demás. Lo cierto es que es un asunto que debe aclararse ya puesto que los gremios sectoriales advierten que de no encontrar solución a sus quejas intensificarán sus protestas en los próximos días.
No es un problema meramente coyuntural. Por el contrario, el costo progresivo de los peajes en algunos corredores estratégicos encarece año tras año el transporte de mercancías y de pasajeros de manera inmoderada. Una situación complicada en un país en el que esta modalidad de movilización es preponderante, tanto más en tiempos de pandemia.
Según el Ministerio en casi todos los peajes los incrementos de las tarifas para este 2021 están acordes con la evolución de la inflación del año pasado. En los pocos casos en que los ajustes están por encima de ese indicador se trata de peajes que están amparados por cláusulas en los contratos de concesión que permiten ese tipo de aumentos.
Pero la tarifa no es la única discusión. También se debate si resulta lógico que el producido de los peajes no solo se destine al mantenimiento de las respectivas carreteras en que se cobran, sino que se utilicen para financiar ampliaciones y obras públicas de vías aledañas. Igualmente se cuestiona que se continúen cobrando peajes aunque las concesiones hayan terminado.
El tema, pues, no es menor. Si no se ofrece una solución concertada y financieramente viable, aumenta el riesgo de otra ola de paros camioneros, como la que presenciamos no hace mucho tiempo.
Y al buscar esa solución se debe propender porque se trate de una estructural y de largo plazo. Para ello sería clave enriquecer y ajustar un proyecto de ley que cursa ya en la Cámara de Representantes, que busca una regulación marco moderna y equilibrada al respecto. Por ejemplo, se reglamentaría la distancia mínima entre cada caseta de cobro, la fijación de tarifas y exenciones, entre otros aspectos.
No hay que llamarse a engaños: para la recuperación gradual de la economía nacional un paro de transportadores sería muy grave. Por ejemplo, en los contratos de concesión, donde jurídicamente los recaudadores del peaje pueden renunciar a los puntos que estén por encima de la inflación registrada para calcular los ajustes tarifarios, debería procederse en consecuencia. Hay que tener en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor es muy bajo, como resultado de la pandemia, y que las necesidades de abaratar los costos del transporte resultan apremiantes en estos momentos. Todos deben poner de su parte para que el país siga andando, y más aún por carretera.