El caso de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, que actualmente procesa la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debería ser tramitado primero por la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestó ayer el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez.
“Colombia ha planteado como recurso adecuado que estos casos se tramiten ante la JEP, porque para eso fue creada”, sostuvo Gómez durante una rueda de prensa virtual, en la que presentó el Informe de Litigiosidad 2020.
Admitió que “no fui un partidario de la estructura de la JEP como está, pero hoy está en nuestra Constitución y todos los colombianos debemos entender que es una institución del Estado; no solamente la Jurisdicción Especial para la Paz, sino la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, son entidades estatales reconocidas por la Constitución, son entidades del Estado, no son oenegés”.
Gómez anotó que en la audiencia que la semana pasada realizó la Corte IDH sobre el caso “el Estado planteó un punto práctico: si se creó la JEP para conocer de los delitos directa o indirectamente relacionados con el conflicto, el hecho de que la Corte le quite esa competencia, puede ser un elemento muy delicado para el futuro de la JEP”.
Como lo informó EL NUEVO SIGLO, en la Corte IDH este caso muestra una situación inédita, pues estudia simultáneamente lo llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo trasladado por el Estado colombiano, que de hecho presentó el caso primero (13 de junio de 2018, mientras la Comisión lo hizo 16 días después, el 29).
La CIDH presentó su Informe de Fondo, pero Colombia, a través de la Andje, manifestó su desacuerdo con muchos de los puntos expresados allí.
La representante de la Agencia, la jurista Juana Acosta, explicó en la audiencia que, aunque Colombia rechaza los homicidios y reconoce la valentía de los representantes de víctimas que llevan dos décadas buscando verdad, la CIDH en su informe se aleja de la concepción de máximos responsables, desestima las reparaciones colectivas para casos tan grandes y da por acreditadas más de 6.000 víctimas cuando el universo de estas que se deben reconocer para reparar es menor.
Tras esta audiencia, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales y entonces la Corte emitirá un fallo en los próximos meses.
En relación con expuesto por el director Gómez, el 26 de febrero de 2019 la JEP abrió el caso 06 “Victimización de miembros de la Unión Patriótica”, a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”; del Informe de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, y del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.
Ahorros
En otros puntos del Informe, Gómez expuso cómo la gestión de la Agencia representó un ahorro para la nación de $15,4 billones entre 2019 y 2020.
El año pasado, aunque las demandas judiciales contra el Estado colombiano registraron menos casos (que pasaron de 405.659 en 2019 a 333.021), las pretensiones redujeron más levemente (fueron $402 billones en 2019 y $400,5 billones en 2020).
El director de la Agencia explicó que a los 333.021 procesos judiciales se suman 71 arbitrajes nacionales (por $3,5 billones), 16 procesos de controversias internacionales ($21,8 billones) y 1.125 peticiones del sistema interamericano de derechos humanos.
De todas las demandas que enfrenta el Estado colombiano, la mayoría involucra al sector Trabajo (4,9%), principalmente debido a las disputas relacionadas con las pensiones públicas administradas por Colpensiones.
El siguiente sector más demandado es Defensa con el 15% de los procesos judiciales, seguido por Educación (14,8%), Hacienda (13,2%).
De los procesos iniciados el año pasado, la mayoría son por privación injusta de la libertad (13,4%), seguidos por los reclamos en la prestación del servicio de salud (3,7%) y la ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias (3,3%).
En el Informe presentado ayer por el director Gómez, también se expuso el estado de las controversias que el país enfrenta en tribunales internacionales y que están en etapa arbitral, puesto que se trata de elevadas sumas en dólares, como la de América Móvil, que ya está pendiente del laudo y tiene de por medio una cuantía de 1.208 millones de dólares como pretensión. El proceso se inició en 2016 y se interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, por violaciones al Tratado de Libre Comercio con México.
También busca una alta suma de dinero Gas Natural Fenosa, que demandó a Colombia por 1.547 millones de dólares por presunta violación del TLC con España al haber intervenido la sociedad que administraba Electricaribe. En este caso, se destaca que Colombia presentó una contrademanda por 600 millones de dólares, alegando perjuicios al país debido al mal servicio de energía que prestó la compañía al administrar Electricaribe.