Frente a la crisis generada por el covid-19 y los efectos de las decisiones adoptadas, desde el año pasado distintos sectores económicos, políticos y sociales vienen reclamando la adopción de medidas y un gran plan para impulsar la reactivación económica. Entre las propuestas destacan la de garantizar un ingreso básico universal a la población más vulnerable que ha sido la más afectada. Y tener como motor de reactivación las inversiones en infraestructura y construcción de vivienda. Frente al primer punto, pese a la evidencia de experiencias en otros países, el Gobierno se sostiene en la política de trasferencia de recursos a través del Programa Ingreso Solidario. Y frente al segundo se muestra mucho más entusiasta.
En este sentido, el 11 de febrero anunció el Conpes para la reactivación económica con un plan de inversiones por 135 billones de pesos y grandes metas como la generación de dos millones de empleos, reducir el desempleo a un dígito -de 10.5% en 2019 subió a 15.9% en 2020, según DANE- y alcanzar un crecimiento del 5% en 2021. Asignándole la mitad de los recursos del plan de inversiones al sector transporte -42.4 %- y vivienda -7.2 %-. Es decir, aquí se concentra buena parte de la apuesta de la reactivación.
Adicionalmente, a finales del año pasado se aprobó el Conpes 4010, programa vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030 para el mejoramiento de 1.160 Km en 21 tramos viales “con el fin de consolidar corredores estratégicos de transporte, que mejoren la competitividad del país, permitan afianzar la presencia del Estado en las zonas en donde existen dinámicas de ilegalidad y que contribuyan a la reactivación económica nacional.”
Sin duda es necesario avanzar en infraestructura. Sin embargo, dada la experiencia del país con las grandes obras no solo con los problemas en su planeación, contratación y ejecución sino con el alcance de los efectos esperados, hay que preguntarse ¿si esto es suficiente? Lo cual no parece, pues de acuerdo con un informe del BID (2020) sobre el mejoramiento de la infraestructura en América Latina, para ampliar su impacto es necesario articularla con la provisión de servicios. Y en este sentido propone “cambiar el foco de estructuras a servicios”, lo que “ implica, en términos económicos, concentrarse en el valor agregado que generan los servicios de agua y saneamiento, energía y transporte, cuya magnitud es superior al 10% del producto interno bruto (PIB), en lugar de enfocarse en los montos de inversión en estructuras, que en América Latina son inferiores al 3% del PIB.”
Así las cosas, la infraestructura es factor esencial pero no suficiente para contar a su vez con acceso a servicios de calidad o impulsar el desarrollo de otros sectores. Un ejemplo de dicha desarticulación es la grave situación de Buenaventura. Para la reactivación es necesario aprender de los errores del pasado y de lo evidenciado durante la pandemia, y en esto el plan propuesto parece seguir una senda tradicional. Aquí hay pendiente un compromiso público-privado clave para mejorar la productividad y aprovechar más las inversiones en infraestructura.
@Fer_GuzmanR