Asesinatos de líderes sociales | El Nuevo Siglo
Lunes, 15 de Febrero de 2021

Human Rights Watch (HRW) presentó un informe de 136 páginas sobre “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”. El director para las Américas, quien aprovechó para criticar a todos los órganos del gobierno de Duque, como lo hizo en su momento con Uribe, dijo, entre otras cosas, que la respuesta del Gobierno colombiano para enfrentar la violencia contra defensores de derechos humanos a lo largo de los últimos años ha sido “lenta y deficiente”; que Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; que “la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”; que  la “mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias. Mencionó la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en zonas anteriormente ocupadas por las Farc.

El gobierno -agregó- ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos; “Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre”. Ni el Mininterior, ni la Defensoría, ni la Unidad Nacional de Protección, ni la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, ni la Comisión de Garantías de Seguridad, ni la justicia en general, escaparon a sus críticas. Pero ni una palabra sobre las muertes durante el gobierno de Santos desde la firma del Acuerdo de Paz: 21 en 2016, 208 en 2017 y 150 en el primer semestre de 2018.

Yo no desconozco que ha habido muchos y lamentables asesinatos. Pero aún no sé qué llaman “líderes sociales” ya que la definición de la cátedra Carlos Llano (“un líder social es aquel que tiene la capacidad de observar la realidad que lo rodea de manera profunda y objetiva, para diagnosticar los problemas que aquejan al bien común y proponer soluciones viables y prácticas a corto y largo plazo”) es demasiado amplia y general. Pero es por esa razón, probablemente, por la que las cifras de “líderes (hombres y mujeres)” asesinados difieren tan notablemente: mientras Indepaz reporta 251 líderes sociales asesinados en 2020 (en otro informe aparecen 194), la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registra 49 y la Defensoría habla de 139 hasta septiembre.

Al informe de HRW se sumó el Departamento de Estado que llamó la atención del gobierno sobre el tema, pero no lo hizo basado en sus propios informes.

Los distintos órganos del Estado respondieron a esas críticas.  Según sus cifras hay 398 casos abiertos por crímenes ocurridos entre 2016 y octubre de 2020, en los cuales se han logrado avances en 241 casos (60,45 por ciento), incluyendo 54 condenas y 2 sanciones, 84 procesos en juicio, 35 en investigación y 51 indagaciones con orden de captura o imputación. Según Mindefensa, durante 2020 fueron capturados 14 y abatidos tres de los 31 delincuentes más buscados por homicidios de líderes y defensores de derechos humanos. Según la Fiscalía se han esclarecido el 63,53% de los homicidios y, según Minjusticia, fueron creados once juzgados penales especializados en este tipo de delitos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial van a tener $ 4,5 billones adicionales.

Vivanco: no es fácil ni barato gobernar este país.