* Toxinas en el Plan Nacional del Desarrollo
* La alarmante involución del Congreso
Como se sabe, muchos son los reclamos de la ciudadanía con respecto del Congreso. Pero entre estos, uno de los más agobiantes y dolorosos para la democracia, incluso a la misma altura del virus clientelista -hoy tan en boga- es el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que legisle a motu proprio. Mejor dicho, como le venga en gana. Es así como se arruinan las atribuciones parlamentarias. Pero además se desquicia el propósito de una democracia vigorosa que consiste en llevar a cabo una discusión amplia y sopesada en los temas legales neurálgicos. Y por tanto es a cuenta de ese conjunto de anomalías que el flujo democrático en el país muestra un saldo tan negativo (basta ver las encuestas), legislándose por la puerta de atrás y en la oscuridad oficinesca de los despachos públicos. Sin examen político ni escrutinio popular. En suma, con una desfachatez preocupante frente a los pilares mínimos de la democracia representativa.
Por eso es incomprensible que un vicio tan arcaico se profundice en estas épocas. Todavía, si se quiere, y para mayor estupefacción, cuando la queja más persistente de los altos organismos jurisdiccionales, por ejemplo, es que el Congreso colombiano no legisla ni de forma ordinaria. Como en efecto lo ha dicho persistentemente la Corte Constitucional ante tantas materias abandonadas por los congresistas, frente a lo cual también le ha tocado hacer las veces de legisladora excepcional. Y ahora, aparte de esos tirones de orejas que produce la corporación a cada tanto, el Ejecutivo insiste en mantener el desmayo corriente del Congreso (no sin que el clientelismo asome sus orejas), en un maridaje en que se pelotean las funciones, distorsionando, como quedó consignado, el sentido pleno de un sistema democrático saludable y dinámico.
A nadie debería sorprender, entonces, que el Congreso pierda cada día más vigencia. Lo cual, claro está, no puede ser en modo alguno motivo de orgullo y satisfacción si en verdad se dice uno demócrata. En efecto, una institución de este estilo es, por definición, connatural a la democracia. No es pues válido hablar de la crisis del sistema representativo, ni en el mundo ni en Colombia, ni aún entablar una discusión como hoy se hace en torno a la tensión frente a la calle, si primero no se entiende que parte fundamental de las falencias estriba precisamente en irse de bruces los parlamentarios, ante el Ejecutivo, dejando tiradas las potestades centrales de un organismo crucial que fue instaurado precisamente para eso: para hacer la ley. Lo demás es adicional. Incluso el llamado control político.
En ese caso, tal vez ni siquiera los propios congresistas se han dado cuenta del despojo. Que no es de ahora, pero que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 fue una figura que pasó de largo y se mantuvo incólume. Todavía peor cuando hoy la excepción es la regla. Es, justamente, lo que está pasando con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
Efectivamente, en esta carta de navegación hay varios artículos que plantean otorgar facultades extraordinarias al presidente, unos de mucha mayor trascendencia que otros, y que podrían modificar de plano los modelos actuales. Se permitiría crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital; adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios; regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de comunidades indígenas, así como determinar los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. De igual manera, podría emitir decretos con fuerza de ley para crear una entidad pública de fomento a la malla vial regional o local, al tiempo que podría homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de ciertos servicios financieros a cargo del Estado. También quedaría facultado para reestructurar el sector de las empresas oficiales de generación, distribución y comercialización eléctrica. Del mismo modo, podría reformar la Superintendencia de Industria y Comercio, a la vez que sería autorizado para modificar programas como Familias y Jóvenes en Acción, y demás.
De hecho, y a primera vista, el enunciado de varios de esos artículos es demasiado general, sin precisar ni delimitar las atribuciones. Lo fundamental, no obstante, es que, si se está frente al cambio y la profundización de la democracia, se debería abolir la figura de las facultades extraordinarias, limitarla de modo tajante o usarla lo menos posible. Y eliminar paulatinamente esa tara frentenacionalista. Sería, claro, un gran avance democrático, un adelanto sonoro del cambio. Nos tememos, sin embargo, que no será así y que el Congreso mantendrá su involución alarmante.