* La extravagante discusión del Metro de Bogotá
* Se está jugando con la Constitución…
Cualquiera que sea la razón del presidente Gustavo Petro para irrumpir en Bogotá con el insólito objetivo de retrasar y tratar de modificar la iniciada obra del Metro (obra amparada por todos los principios de contratación pública nacional e internacional) lo único evidente es que, en concreto, se trata de una agresiva maniobra violatoria de la Constitución.
En efecto, ese capricho gubernamental, no solo temerario y costosísimo, atenta contra la trayectoria constitucional de cabo a rabo. Inclusive desde el artículo inicial de la Carta. Porque a cuenta de una conducta tan extraña, que además despierta todo tipo de suspicacias, lo que se está haciendo es desconocer, nada más y nada menos, que el marco en el que se obliga a desarrollar el Estado Social de Derecho en el país. Es decir que con esa actitud presidencial arbitraria se transgrede, ipso facto, aquel dictamen categórico según el cual Colombia es, en primer lugar, una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Inclusive esto, como puede verse al repasar textualmente el artículo número uno de la Constitución, aún antes de señalar posteriormente las características democráticas, participativas, pluralistas y demás, que suelen cacarearse con tanto ahínco por los detentadores del poder nacional.
Es así como, cualquiera que se hubiera aproximado a la Asamblea Constituyente, cuando se desarrollaron tan interesantes debates constitucionales, podrá recordar que haber puesto al puro comienzo de la Carta esos elementos, correspondientes a la estructuración del ordenamiento territorial (unidad, descentralización y autonomía), se debió, no solamente a razones administrativas, sino ante todo a razones políticas en cuanto a los alcances y el reparto del poder público dentro de la propia rama ejecutiva. Y fue así como se quiso hacer énfasis en los elementos territoriales autónomos mencionados, con carácter prevalente, modificando la estructura previa, acusada de excesivamente centralizadora y omnipresente, y justamente unos de los motivos por los cuales se citó a la Constituyente. Ante lo que los delegatarios crearon un régimen descentralizado de envergadura, mucho más independiente y balanceado. Y con una administración general en que la base municipal y regional guardara unas prerrogativas especiales.
De hecho, podría añadirse en cierta medida que el nuevo régimen fue el complemento de la elección popular de alcaldes, propuesta lograda por Álvaro Gómez. Y en la Asamblea se siguió transitando ese camino con miras a mantener la dirección correcta en el propósito de desmontar, de una vez por todas, la dramática y muchas veces negligente injerencia nacional en cuanto asunto local había. Por supuesto, también estableciendo una plataforma de responsabilidades pertinente y señalando las atribuciones relativas.
De modo que, con respecto al Metro de Bogotá, nada tiene que hacerse desde la presidencia de la República a cuenta de interferir, además de forma tardía e intempestiva, en la personería jurídica de la capital. Ni en la independencia de la metrópoli para tomar sus propias decisiones. Mucho menos, claro, si en su régimen constitucional especial, base del Estatuto Orgánico distrital, se confiere a las autoridades capitalinas la obligación de conseguir un desarrollo armónico e integrado de la ciudad.
Circunstancias que, asimismo, se discutieron una y mil veces ante el tipo y trazado del Metro (que incluso había sido descartado como proyecto a cambio de expandir el Transmilenio) y que, luego de enmendar esa idea, hoy goza de plena y cabal legitimidad.
Una legitimidad, no solo normativa y técnica, sino democrática. Bastaría recordar a los efectos que, en las pasadas elecciones bogotanas, en las que se debatió hasta la saciedad la materia, la suma de votos de los candidatos que aceptaron la construcción de un Metro, como el que en la actualidad se lleva a cabo, arrasó frente a los que pedían modificaciones del proyecto ya contratado, pero aún sin iniciar. No solo, pues, así sucedió con quién ganó, y hoy ocupa la Alcaldía, sino con la mayoría de los demás aspirantes.
De modo que le asiste toda la razón a Claudia López en mantenerse firme. No solo porque podría incurrir en prevaricato, al parar intempestivamente una obra de semejante magnitud sin ningún argumento de peso a la vista, sino porque estaría traicionando el mandato electoral. Y, ante todo, porque de aceptarlo, además frente a una presión de tan autoritaria índole, estaría erosionando la personería jurídica y la estructura institucional de la ciudad.
De suyo, como será la falta de sindéresis que, en una estruendosa función de correveidile, el ministro de Transporte salió como un “carroloco” a intimidar y extorsionar a la capital con que, de no hacerle caso a la Casa de Nariño, le cerraría todas las fuentes de inversión nacional.
Pues bien, a tantas palabras necias, oídos más que sordos. El Metro va, porque va…