LA POSIBILIDAD de ajustar los decretos sobre el cese al fuego acordados por el gobierno con dos bandas criminales, así como el desarrollo de una ley de sometimiento a la justicia para éstas, que aspiran a entrar en la consigna de paz total, fueron las conclusiones de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

La cita, que programada a las 9:30 a.m. tuvo un retraso de más de una hora por complicaciones en la agenda presidencial se centró en estos dos temas de vital interés para las partes, sobre todo para el ente acusador que necesitaba aclarar al gobierno los imposibles jurídicos que tenían algunas de las recientes decisiones gubernamentales que equiparaban el trato que se daba a grupos con estatus político como el Eln y bandas delincuenciales organizadas,  como Los Pachenca y el Chan del Golfo.

El fiscal Barbosa explicó al presidente Petro que hay vías claramente delimitadas para que avance en las negociaciones de la paz total, bandera de su gobierno, acatando las disposiciones legales.

Uno de los puntos que más polémicas causó a nivel nacional y una alerta jurídica fueron los decretos de cese al fuego con varias organizaciones al margen de la ley que Petro comunicó al país el último día del año pasado. Así, lo anunció con Eln, guerrilla que a las pocas horas lo desmintió y generó una crisis que se espera resolver en la segunda ronda de la mesa de diálogo el 13 de febrero, en Ciudad de México, así como con otras organizaciones a las que no puede darse ese mismo tratamiento por no tener estatus político, tal cual lo ha dicho el fiscal, y  por lo que no se les puede levantar las órdenes de captura. Inclusive, varios de sus miembros están solicitados en extradición.

En ese marco, el presidente Petro aceptó verificar los decretos expedidos en tal sentido, buscando localizaciones de los ejércitos irregulares, y, en conjunto con la Fiscalía, desarrollar una ley de sometimiento a la justicia, la que operaría para estas bandas criminales. En el entre tanto, ratificó Barbosa, se mantendrán tanto las órdenes de captura contra los cabecillas e integrantes de esos grupos delincuenciales, como el accionar del ente acusador.

El Fiscal General de la Nación fue enfático en señalar que el plan de ‘paz total’ es posible, siempre y cuando se defina el marco de una justicia transicional que, como las otras jurisdicciones creadas anteriormente, debe tener condena y justicia retributiva.

También sostuvo que en el marco de la conversación "(El Presidente) manifestó que no va a existir negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional".

En el hilo de trinos que envió la Fiscalía tras la rueda de prensa que ofreció Barbosa se destaca, de igual forma, que "frente a la denuncia de abogados que estarían desarrollando actividades ilícitas para vincular como gestores de paz a personas que están solicitadas en extradición, 'el Presidente Petro respalda las acciones de la Fiscalía para esclarecer este asunto".

Así mismo,  el Fiscal y el Jefe de Estado conversaron "sobre las liberaciones de miembros de la Primera Línea. Ante esto la Fiscalía respeta la decisión de los jueces de la República, nosotros no tenemos competencia para liberar a estas personas".

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Crisis climática

Posteriormente, en  el acto de posesión del abogado Wilson Ramos como nuevo magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Presidente Gustavo Petro exhortó este lunes a ese alto tribunal a construir los instrumentos jurídicos para luchar contra el poder detrás de la crisis climática.

En el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde se desarrolló la ceremonia, el Jefe de Estado señaló que la crisis climática es el resultado de un poder “que se ha construido alrededor de un sistema de producción y de consumo que busca ganar, pero que, en su afán de ganar, está cambiando químicamente la atmosfera, y al cambiar químicamente la atmosfera, está produciendo la crisis climática”.

Por lo tanto, añadió el Mandatario, “el Consejo de Estado, en general, en todas sus secciones, debe discutir lo que va a ser la nueva realidad en los próximos años –ya la comenzamos a percibir, cada vez será más intensa–, que es la defensa de la vida versus el poder”.

En ese sentido, el Presidente dijo que ese organismo puede, en el ámbito nacional, “construir los instrumentos jurídicos que nos permitan, a quienes desde la sociedad queremos luchar, a la sociedad toda, los instrumentos jurídicos que permiten desde este lugar del planeta luchar por la vida. Es decir, nos corresponde contener el poder”.

En ese orden de ideas, agregó que el papel del Estado en este caso es el de servir de instrumento a la sociedad “para contener el poder, un poder que amenaza la existencia”.