La paz al interior del Estado | El Nuevo Siglo
Domingo, 29 de Enero de 2023

* Declaraciones del presidente Petro sobre justicia

* ¿Por qué hacer diferencias entre juezas y Fiscal?

 

 

Nadie dudaría de que la Rama Judicial se ha convertido en la guardiana primordial del Estado Derecho en Colombia. Así lo ha hecho a través de reflexivos comunicados conjuntos. También en declaraciones de los más altos funcionarios de la magistratura. O, en casos puntuales, a través de las legítimas determinaciones de los operadores judiciales. Lo anterior, como se sabe, frente a ciertos aspectos de la realidad nacional. En particular, de los procedimientos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado adoptar como Rama Ejecutiva, desde comienzos de año, en torno de los diferentes y no pocas veces contradictorios elementos de la llamada “paz total”.      

Por su parte, la Rama Judicial ha actuado con sindéresis, sin las especulaciones, superficialidades ni estridencias que ha adquirido el debate político en el país. Por el contrario, llamando a la preservación y amparo de las competencias adjudicadas por la Constitución para el desarrollo de sus funciones. Lo que, a su vez, hace parte sustancial del engranaje democrático. Esto, por supuesto, siempre con base en los soportes normativos que estructuran el Estado. Y que, asimismo, dividen el poder público en las tres grandes ramas conocidas, sin que una prepondere sobre las otras. Es decir, dentro de un sano equilibrio funcional.

Del mismo modo, equilibrio que está determinado por la autonomía y separación de los órganos respectivos. No obstante, dentro del concepto constitucional igualmente importante de la colaboración armónica. Lo que, pese a su inexactitud, suele denominarse en su primera faceta y de forma coloquial como la “separación de los poderes”, pero que, en verdad, trata de un solo poder público expresado en sus tres vertientes esenciales: ejecutiva, legislativa y judicial. Vale reiterarlo, puesto que es de ahí de donde nace la independencia de cada sector, originado en una sola fuente de poder (y no en varias). Y cuyo traslape produce, desde luego, un pernicioso cortocircuito del sistema democrático.

En ese sentido, cuando se tiene en mente el pleno ejercicio de la democracia, basta con estas nociones, por demás, elementales, para entender que cualquier intención de imponerse una rama sobre la otra es un desquiciamiento autoritario. Es lo que a veces ocurre con los voceros principales del Ejecutivo quienes, muy en el fondo de sus corazones (unos mucho más que otros), se consideran los representantes y agentes únicos del poder público. Y por eso los constantes deslices y posiciones extravagantes cuando, irritados, se encuentran con que Colombia es una democracia activa. Una democracia en la que, para utilizar otro refranero jurídico de común usanza, existen los “pesos y contrapesos”. O sea, mecanismos democráticos por medio de los cuales el poder se autocontrola.

Pues bien, ahora el presidente Petro, ante la conducta eminentemente institucional de la Rama Judicial (en sus diversas manifestaciones), ha decidido romper el hilo por lo más delgado. Y ha dicho que, ante la negativa de proceder a las excarcelaciones de algunos judicializados en los sucesos vandálicos de los paros de 2021, como era la pretensión presidencial, las juezas que así procedieron no actuaron a consciencia plena, ni producto de sus conocimientos jurídicos, ni tampoco de modo independiente, sino presionadas dizque por el temor de incurrir en prevaricato. Es más, dijo que habrían actuado sujetas a una supuesta imposición que venía desde arriba, sin saberse desde dónde. En suma, que ellas no habrían tenido el carácter ni la sindéresis para dar curso a las liberaciones que supuestamente estaban establecidas en una reciente ley, evidentemente gaseosa. Y, por tanto, confusa frente al principio de legalidad.     

Es, por decir lo menos, una posición presidencial audaz. Darle carácter de complot a la conducta de quienes no han hecho más que cumplir con su deber, fruto de su experticia y legítima interpretación del derecho, así como por su sensible responsabilidad ciudadana, no es más que inventarse fantasmas. Y dejar cernir sobre sus cabezas la sombra espesa de haber realizado una acción antijurídica, es decir, criminosa.

Frente al Fiscal, que actuó en otros casos de forma similar, no tuvo esas consideraciones, sino que más bien prefirió reunirse con él. Cita que hoy se llevará a cabo. Es una muestra de que la separación de las ramas del poder público, pero la colaboración armónica entre estas es el camino. Cualquier actitud en contrario, no solo desdice de la Constitución, sino que dejaría entrever una propensión autoritaria. Una tendencia, no solo lesiva de la democracia sino, por esta vía estrepitosa de hostilizar la estructura del Estado y no mantener la concordia interna de la función pública, sentaría un pésimo y paradójico mensaje a cuenta de obtener hacia afuera la llamada “paz total”.